El 22 de noviembre se cumplieron 70 años de la gratuidad de la enseñanza universitaria promulgada por el Decreto 29.337 del Presidente Perón, gracias a la cual millones de argentinos pudieron y pueden acceder a los estudios universitarios.

La universidad es gratuita para los que cursan los estudios, pero no para el pueblo argentino que la sustenta con su esfuerzo y que en su gran mayoría nunca accederá a los estudios universitarios. Si estudiar gratis es un privilegio que paga toda la sociedad, ¿qué debemos hacer los universitarios por el pueblo que nos lo otorga?

El cogobierno universitario implica no solo participar en las decisiones sino tener responsabilidad pública frente a ellas. Las autoridades de todos los claustros en los Consejos Superiores y en las Asambleas son corresponsables junto a las otras autoridades electas y de gestión por el buen uso de los recursos que se les otorgan, como cualquier otro funcionario público. Los consejos superiores o directivos no son ni deben ser un campo de batalla sino un espacio de debate sobre la universidad que la sociedad argentina necesita, al tiempo que deciden sobre la asignación y administración de los recursos del pueblo.

Así como la sociedad toda debe decidir qué política económica se debe implementar para llegar a tener una sociedad más justa, qué política sanitaria se requiere, qué Fuerzas Armadas necesita, es también el pueblo –a través de las instituciones democráticas- quien debe discutir qué universidad quiere a través de sus legítimos representantes.

No todos acuerdan con cuál debería ser la misión de la universidad argentina, pero es una gran satisfacción saber que muchos universitarios comenzaron a invertir la pregunta: se preguntan qué más pueden hacer las universidades por el país, cómo orientarlas para que sirvan a construir una sociedad mejor y más justa, cómo contribuir a solucionar sus problemas, cómo administrar los recursos para transparentar ante la sociedad su uso, cómo ser más eficientes o qué debemos investigar para aportar soluciones.

La universidad debe necesariamente tener una agenda compartida con la sociedad y sus problemas. Su quehacer debe dirigirse a la investigación de la nueva morfología social, económica y política, más que a realizar una exégesis del pasado. Su oferta académica y su tarea de investigación y transferencia deben articularse con las necesidades y problemas de la sociedad local, regional y nacional a fin de contribuir a la construcción y transformación social.

Como formadores de profesionales y ciudadanos debemos hacernos cargo de nuestras decisiones axiológicas, ideológicas y políticas ya que somos actores de la construcción social. La universidad tiene como específicas funciones la docencia, la investigación y la cooperación con la comunidad para resolver los problemas que demanda. Necesitamos invertir la perspectiva escolástica a fin de que la universidad investigue y eduque para intervenir en la construcción social: es necesario empalmar el saber con el acaecer y el quehacer con el "qué decir". Esto implicará diagnosticar, analizar, descubrir, comprender, interpretar la realidad social al mismo tiempo que proponer soluciones factibles y decidir sobre los nuevos acontecimientos.

Creo en la necesidad de una reforma universitaria que refrende su misión protagónica para un proyecto nacional. La universidad debe servir no solo para investigar el qué y el por qué de la actual realidad, sino el cómo llegar a la sociedad que ambicionamos. Para ello es necesario acercar la brecha que existe entre el político y el académico y orientarse a la conformación de una universidad al servicio del pueblo y la Nación Argentina.

José Vasconcelos, cuando asumió como Rector de la UNAM, sostuvo: “No vengo aquí a trabajar por la Universidad, vengo aquí a pedirle a la Universidad que trabaje para el pueblo”.

Esa debería ser la propuesta de todos los que estamos conduciendo las universidades argentinas.

Ana Jaramillo: Rectora de la Universidad Nacional de Lanús