La fiscal Gabriela Boquín le reclamó a la sala B de la Cámara Comercial que tome una decisión en el expediente sobre la deuda del Correo Argentino, de los Macri, y le señaló que debe abrir en forma urgente el procedimiento de “salvataje”, que implicaría poner las acciones a la venta y que el posible interesado además diga cómo les pagará a los acreedores su millonaria deuda. En rigor, podría ser el paso previo a la quiebra, el fantasma del que huye desde siempre el grupo empresario de la familia presidencial, ya que podría arrastrar a sus empresas activas. 

“Se han dilapidado cuantiosos activos a lo largo de la inusitada extensión que se le ha dado al trámite del concurso en abierta violación al principio de igualdad ante la ley respecto de otros concursados (…) los representantes del Estado, en consonancia con la concursada han dilatado contra legem el presente proceso”, dice el nuevo dictamen de la fiscalía, que recupera los términos de un planteo anterior. 

El texto suma un ingrediente: denuncia que el juez federal Ariel Lijo, que tiene la causa penal sobre el acuerdo intentado entre el Correo y el Estado para licuar la deuda, retiene el expediente comercial hace dos meses, cuando la ley solo le permite consultarlo durante cinco días. La Cámara se lo exigió ayer. Ahora habrá que ver si este tribunal avanza en alguna definición.

El nuevo dictamen de Boquín, al que accedió Página/12, tiene fecha del 27 de noviembre, y pone asuntos cruciales sobre el tapete:

· Desde que ella denunció en 2017 el intento de un pacto perjudicial para las arcas públicas sobre la deuda del Correo, no se logró un nuevo acuerdo. Tanto los representantes estatales como los Macri-empresarios apostaron en mágica coincidencia al paso del tiempo. Se supone que el Estado debería hacer todo lo posible por cobrar, pero no sucedió. La Procuración del Tesoro dijo en su última presentación que no tuvo tiempo suficiente de analizar la oferta final de la empresa, que admitía pagar la deuda original del año 2003 (296 millones de pesos) pero pretendía que los intereses solo se computen si gana juicios al Estado. Según Boquín la deuda hoy es de 4500 millones de pesos.

· El escenario es el mismo de hace 18 años, cuando el Correo entró en concurso. En 2004 la Cámara Comercial había indicado el “cramdown” o salvataje de la empresa, pero la jueza de primera instancia no lo implementó. El tribunal de alzada lo abrió en 2010, el Correo apeló y desde entonces está inexplicablemente sin ser resuelto ese planteo.

· Con el salvataje, se abre un registro para que en los cinco días posteriores se inscriban los interesados en comprar acciones y deben decir cómo pagarán a los acreedores. Estos tienen que definir si otorgan o no su conformidad. Pero, recuerda la fiscal, el respaldo que había conseguido el Correo en el acuerdo firmado en 2016, luego anulado, estaba compuesto por conformidades truchas. Ella denunció que los acreedores estaban representados por los estudios de abogados vinculados al propio Correo y a los integrantes de su directorio. El 80 por ciento de los que habían dado su aval tenía esas características. Esas conformidades fueron denunciadas y ya no se podrían usar.

· Si no se anotan interesados o los acreedores (que son algo más de 700) los rechazan, la única vía posible es la declaración de quiebra, que arrastraría a las empresas controlantes, Socma y Sideco.

Boquin vuelve a insistir ahora en concretar el procedimiento de salvataje. Correo no es una firma tentadora para posibles compradores, porque está declarada inactiva y a la vez denunciada por operaciones dudosas y posibles maniobras de vaciamiento en favor de las firmas controlantes y de allegados al grupo Macri. Esto la pone en una situación complicada, que explica también por qué al no lograr diluir su deuda (como pretendía) la apuesta es el paso del tiempo. La dilación es el eje de los cuestionamientos de la fiscalía de cámara, que señala la llamativa coincidencia de objetivos e intereses del Estado y de la empresa.

El Procurador del Tesoro –hoy todavía Bernardo Saravia Frías, integrante de la “mesa judicial” macrista--, señaló Boquín, se escudó en un decreto sobre conflicto de intereses dictado por el propio gobierno como supuesto gesto de transparencia cuando salió a la luz el escándalo del acuerdo del Correo pero generó un mecanismo burocrático. “Ha pretendido justificar esta dilación de más de dos años, lo cual es irrazonable, en pos de una supuesta transparencia”, por la aplicación del decreto 201/2017 con lo que “se perjudica al Estado Nacional y se beneficia a la concursada”, dice la fiscalía. “Es inaceptable que en un trámite en el que el Estado nacional sea parte se desnaturalice el proceso concursal por la existencia de conflicto intereses y tampoco se puede admitir que, por los mismos, se termine beneficiando con elongación de plazos, el no pago de los créditos y sin sufrir las consecuencias propias de un concurso fracasado a aquel por el que debería aplicársele la normativa legal con el mayor rigor…”

“Observo la necesidad de encauzar el proceso concursal a fin de evitar que el transcurso del tiempo fulmine las expectativas del Estado Nacional y el resto de los acreedores de recuperar sus créditos”, insiste la fiscal. Para avanzar pide que Lijo devuelva el expediente. El juez lo había requerido con la excusa de que estaba pendiente en la causa penal contra quienes participaron del convenio con el Correo –entre ellos el ministro Oscar Aguad— un estudio contable. Tiene la causa comercial hace dos meses, pero la fiscal advirtió que la Ley de Concursos y Quiebras solo le permitía tenerla por cinco días.

Las camaristas Matilde Bellerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero oficializaron el pedido ayer ante Lijo, pero no está claro aún si es la antesala de una decisión postergada hace años. Boquín sañala que ya se produjo “un daño” por “la licuación del pasivo concursal” lo que afecta a todos los acreedores. Añadió su alarma por la posible existencia de otras deudas (llamadas “pasivos posconcursales”) tributarias, como la falta de pago de impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta, por 600 millones de pesos. Y otras deudas por 32 millones.

En un momento tan crucial de este caso, la Procuración General mantiene un expediente disciplinario abierto contra Boquín, situación sobre la cual pidió explicaciones el relator de la ONU sobre independencia judicial, Diego García Sayán al Estado argentino, entre otros temas. Las actuaciones comenzaron con la denuncia de dos ex empleadas de la fiscalía por supuestos malos tratos, una de ellas pareja de un juez que concursa para ocupar un lugar en la sala de la Cámara Comercial que tiene el caso del Correo. 

La periodista Luciana Bertoia reveló en El Cohete a la Luna que se sumó el testimonio de otro ex empleado, que pedía desde febrero último un traslado a Mar del Plata por razones familiares, pero el procurador interino, Eduardo Casal, no se lo otorgaba. Según habría informado el hombre a la Unión de Empleados de la Justica (UEJN), le planteaban que debía declarar contra la fiscal. Lo hizo después de las PASO. Al mes consiguió su traslado. Tanto la UEJN como el gremio Sipreba respaldaron a Boquín. 

Ella presentó su descargo y resta un dictamen del consejo evaluador. La estrategia de apostar a sacarla de la cancha incluyó pedidos del Correo ante la Cámara y la Corte. El Estado respondió a la ONU: “No pueden ser imputables al Estado las estrategias procesales de una de las partes, en este caso el Correo Argentino, que a través de sus abogados intentó apartarla sin éxito, lo que da la pauta del correcto funcionamiento del Poder Judicial….”. Como si el Correo y el gobierno de Macri fueron algo distinto.