La Justicia ordenó la suspensión del aumento de los peajes en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Carlos Catoggio, titular del Juzgado Civil y Comercial 25 de La Plata, consideró que el gobierno provincial debe “informar adecuadamente y otorgarles efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores afectados”, ante el pedido de una medida cautelar presentado por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El fallo dispuso que se retrotraiga la tarifa al monto anterior al 15 de febrero. Rige para los peajes de la ruta 2, el Corredor del Atlántico –rutas 11, 56, 63 y 74– y la autopista Buenos Aires-La Plata. El nuevo cuadro tarifario de peajes contempla subas de hasta el 66 por ciento. En una situación similar, el año pasado, la Justicia frenó el aumento de la luz y el gas. El caso del gas llegó a la Corte Suprema, que ordenó la realización de la audiencia pública previa al incremento tarifario.
La Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó las resoluciones 78 y 79/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que concretaron los aumentos de los peajes. La crítica se centró en la supuesta ausencia de “información adecuada y veraz de los alcances de los aumentos” y la falta de información sobre “qué costos han incrementado de tal forma la tarifa”. El gobierno de María Eugenia Vidal había decidido que los peajes de Maipú, Samborombón y La Huella en la ruta 2 subieran de 45 a 75 pesos (66 por ciento) y que la autopista Buenos Aires-La Plata pasará de 30 a 40 pesos en hora no pico y de 40 a 50 pesos en horario pico. Las cabinas de Madariaga y Mar Chiquita, sobre la ruta 11, subieron hasta los 35 pesos.
“Aun cuando la apreciación acerca de si la forma que debe darse a la convocatoria de los usuarios debe ser o no la audiencia pública, lo que no puede soslayarse de ningún modo es el deber de informar adecuadamente y otorgarles efectiva participación tanto a las asociaciones de usuarios como a los consumidores afectados”, señaló el juez Catoggio en su fallo. El magistrado, además, opinó que la audiencia pública es el procedimiento “más idóneo al permitir una amplia convocatoria y un debate de todos los sujetos involucrados”. El fallo dispuso que se retrotraiga la tarifa al monto anterior al 15 de febrero, cuando empezó a regir el nuevo cuadro tarifario.
“La medida judicial es un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los consumidores. El fallo reconoce los múltiples inconvenientes que sufren a diario los usuarios de las principales rutas de la Provincia, y la necesidad de que se avance en una decisión que abarque las posturas de todos los involucrados”, indicó el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. “Lo ideal sería que el gobierno provincial no apele el fallo, porque le está marcando algo que ellos incumplieron, y sería bueno que discutamos en el ámbito que corresponde. Ellos quisieron imponer un nuevo marco tarifario sin respetar la opinión de los usuarios. De todas maneras, tienen la posibilidad de apelarlo y nosotros tenemos la posibilidad de discutirlo hasta la Corte. Esperemos que no, porque no queremos entorpecer una gestión, sino que buscamos que se respeten los derechos de los usuarios. Una vez que logremos esta audiencia discutiremos que a nuestro entender este aumento es desproporcionado”, agregó Lorenzino. “Habíamos advertido que el aumento de los peajes era ilógico y arbitrario y que las resoluciones del Ministerio de Infraestructura no tenían ningún tipo de argumento que justificara el incremento”, agregó Alejandro Urdampilleta, presidente de la Comisión de Transporte del Senado bonaerense.
