La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas, parte del paquete de medidas presentado por el presidente Sebastián Piñera para contener las protestas en Chile. Por su parte, la Comisión de Constitución despachó al Senado el proyecto que permite a los militares custodiar la infraestructura crítica del país. Mientras tanto, se esperaba la respuesta de Piñera a la acusación constitucional presentada hace algunas semanas por la oposición chilena. Los legisladores cuestionan el rol del mandatario durante el estado de excepción, y lo acusan de ser responsable por violaciones a los derechos humanos. El presidente apelará en su descargo que se le imputan hechos realizados por terceros, y que la acusación no cumple con los requisitos legales.
Diputados dio luz verde al proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas, por lo que ahora la iniciativa será despachada al Senado. El proyecto, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas, consiguió 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones.
En concreto, el proyecto establece que "el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años". Días atrás, el Senado había aprobado la ley antiencapuchados
, parte del paquete presentado por Piñera para contener las protestas.
En paralelo, la Comisión de Constitución despachó al Senado el proyecto que permite a los militares custodiar la infraestructura crítica, lo que el gobierno señala como una opción para evitar que el presidente Sebastián Piñera decrete un nuevo estado de excepción en el país.
El presidente de la comisión, el senador del Partido por la Democracia, Felipe Harboe, destacó que las Fuerzas Armadas no van a cumplir "ninguna función de orden público y de seguridad porque no queremos enfrentamientos entre chilenos y, por tanto, el llamado es a superar los traumas del pasado y entender que requerimos mecanismos de seguridad adecuados, pero siempre con respeto a los derechos fundamentales".
Por su parte, el senador socialista Juan Pablo Letelier expresó que el gobierno "quiere proponer un nuevo estado de excepción que sea en un rango menor, es decir, donde las Fuerzas Armadas sólo puedan ser destinadas al interior del país para cuidar infraestructura crítica, pero que en ningún momento asumen responsabilidades de orden público".
Acusación constitucional
El presidente Piñera tenía tiempo hasta la madrugada del miércoles para responder a la acusación constitucional presentada en la Cámara de Diputados. Según fuentes oficiales, el presidente intentará defenderse apelando a que le imputan hechos realizados por terceros.
Piñera invocará además la llamada "cuestión previa" para impedir que avance el proceso. Eso implica que buscará demostrar que la acusación en su contra no cumple con los requisitos legales mínimos para seguir su curso. Para tal fin, su defensa elaboró un plan que se enfoca en tres ejes principales: político, jurídico y legislativo.
El primero corresponde a la línea discursiva que tendrán el gobierno y los parlamentarios del bloque oficialista Chile Vamos; el segundo refiere a la defensa desde el punto de vista legal; y por último, destacan las tratativas con la oposición para evitar que la ofensiva tome fuerza.
El Ejecutivo estuvo afinando hasta últimas horas los detalles del escrito, que trabajaron su abogado Juan Acosta junto con presidencia y el equipo jurídico de la SEGPRES (Secretaría General de la Presidencia). En la previa, el canciller Teodoro Ribera expuso el martes como uno de los invitados a la comisión que revisa la acusación. Allí el titular de Relaciones Exteriores argumentó que la acusación "contiene una indefinición de hechos que se le imputan al presidente".
"Los diputados hablan del honor y seguridad de la nación, luego hablan de la imagen de la comunidad nacional, luego hablan del prestigio. Son todas expresiones distintas y no dicen lo mismo, y eso perjudica indudablemente el legítimo derecho a la defensa del presidente de la República y debería ser, por tanto, rechazada", dijo dando pistas de la defensa presentada por Piñera.
Diez diputados opositores presentaron el 19 de noviembre la acusación constitucional contra Piñera en el Congreso. En la acusación piden la destitución del mandatario imputando violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante las manifestaciones, además de haber comprometido "gravemente el honor de la nación" y haber "infringido" la Constitución.
La acusación constitucional solo se puede presentar contra ciertos altos cargos del Estado, entre ellos el presidente, por "abuso o desviación de poder, infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". En caso de ser aprobada, puede implicar su destitución inmediata, pudiendo conllevar una inhabilitación para ejercer cargos públicos.
