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El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, buscará este jueves, en la última sesión con la actual conformación de la Legislatura, aprobar la modificación de código contravencional --por segunda vez en menos de un año-- y la ley de procedimiento contravencional para allanar el camino a un endurecimiento de la política de persecución de vendedores ambulantes, trapitos y otras actividades de supervivencia, en el espacio público durante su segundo mandato.
Hasta 48 horas de detención preventiva, acta policial como "prueba suficiente" para una sentencia, fin de la obligatoriedad de la revisación médica sobre los detenidos y ampliación de facultades para que agentes de tránsito persigan a trapitos, son algunas de las modificaciones que votará el oficialismo.
El proyecto que se dispone a votar el oficialismo es rechazado por la agrupación de Vendedores Libres y fue criticado en varios de sus artículos por la Defensoría General de la Ciudad y el CELS durante los debates en comisión.
El defensor adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, adelantó que el organismo presentará un pedido de inconstitucionalidad frente a cada caso que se traduzca en prisiones preventivas de hecho, calificó el proyecto como una "regresión" en los derechos de la defensa y advirtió que volverá a "poblar los lugares de detención, como en la época de los edictos policiales; con cuidacoches, limpiavidros, vendedores ambulantes"
Desde el CELS, la abogada del equipo Seguridad democrática y violencia institucional, Ana Adelardi, resaltó que "en nombre de clarificar el procedimiento contravencional se lo está transformando en un pequeño código procesal penal, que se aplicar sobre los 'sospechosos de siempre".
Una población como objetivo
"Es el inicio de una nueva etapa de las batallas represivas que nos propone Larreta en la calle", adelantó Omar Guaraz, referente de la agrupación de Vendedores Libres, para poner en contexto el impacto que tendrá el endurecimiento del código y el procedimiento de aplicación de las contravenciones. "Para quienes cometen delitos está el código penal, nosotros somos trabajadores", lamentó el referente de Vendedores Libres, que este jueves se movilizarán a la Legislatura junto artistas callejeros, artesanos, y la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) en contra del proyecto 2940-2019.
El impacto no será solo sobre los vendedores ambulantes. La modificación de un artículo que habilita a los precarizados agentes de tránsito perseguir a "cuidacoches" y limpiavidrios --contravención incorporada el año pasado-- es muestra de ello. Pero la política de seguridad del gobierno porteño de la gestión macrista y especialmente en la de Larreta tiene a los vendedores ambulantes como objetivo .
Vendedores Libres estima en 6 mil los trabajadores detenidos en los últimos cuatro años, entre ellos, 1200 senegaleses. En el Presupuesto 2020 presentado la semana pasada, la Policía recibió el mayor incremento con 75.820 millones.
Para Adelardi el endurecimiento del código y el procedimiento contravencional propuesto por Larreta "invierte la lógica el espacio público, no se puede usar sin autorización, que es difícil de obtener" y se traducirá en una gestión de "privatización del espacio público".
Menos control, menos defensa
Una de los principales modificaciones al procedimiento contravencional será la posibilidad de que una persona detenida por contravención permanezca hasta 48 horas detenida y no podrá ser liberada por el juez sin tener una sentencia en su contra. Esa modificación, advierte Duacastella, va a contramano de la Constitución, que prevé detenciones solo para quien comete un delito.
"Lo pueden llamar procedimiento especial de flagrancia pero es una detención preventiva", denunció el defensor adjunto y adelantó que se presentará "un pedido de inconstitucionalidad ante cada detención preventiva".
El proyecto también propone aplicar para las contravenciones el régimen de suspensión del proceso a prueba o juicio abreviado. "Va a provocar que los vendedores ambulantes se vean inmersos en un círculo vicioso en el cual van a terminar con multas que no pueden pagar, con altas chances, con el correr de los procesos contravencionales, de terminar con días de arresto", alertó Adelardi. Las presiones policiales con el armado de causas a los vendedores ya ocurren de hecho como vienen denunciando desde Vendedores Libres.
Otra dos modificaciones dan mayor libertad de acción a la Policía de la Ciudad. En varios artículos de la norma, se propone que el acta policial será "prueba suficiente" para una sentencia, al igual que fotos y videos presentados por la fuerza, lo que dará fuerza de verdad a la versión policial . "Se invierta la carga de la prueba. Así, quien está condenando es la policía", apuntó Duacastella.
Además, ya no será obligatorio para el fiscal solicitar la revisación médica sobre los detenidos, en un contexto de detenciones violentas por parte de la fuerza porteña. "La Policía de Larreta se caracterizó por generar daño físico para generar temor y disciplinamiento, que se saque la revisión médica es un mensaje de impunidad. Nos podrán meter presos, pero al otro día vamos a salir a trabajar a la calle porque es lo único que tenemos", adelantó Guaraz.
