La narrativa de la derecha autóctona es imbatible, refractaria a los hechos. Todo lo que sucede comprueba sus sospechas previas, como en la Santa Inquisición. Sin embargo, la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner viene sorprendiendo desde hace más de un año: no supieron anticipar ninguna de sus movidas.

· Retiró listas de las elecciones provinciales para mejorar las chances de “los gobernadores peronistas no K”.

· Publicó un libro, best seller sin precedentes, a cuyas presentaciones destinó la parte del león de sus apariciones públicas.

· Promovió la unidad del peronismo con el paso atrás en su candidatura presidencial. La acción política del macrismo se basó en que esa jugada jamás ocurriría. 

· Tuvo perfil bajo en las campañas para las Primarias Abiertas (PASO) y las elecciones generales.

La estrategia inesperada, coherente, desconcertó a la cadena oficial de medios privados, a opineitors surtidos. Tozudos, persisten en su discurso.

La defensa de Cristina el lunes en Comodoro Py agregó un nuevo capítulo a la saga. Fue “judicialmente incorrecta”, vibrante, bien argumentada. Según sus antagonistas desnudó la idiosincrasia autoritaria de “la Reina”, la decisión irrevocable de transformar en títere al presidente electo Alberto Fernández.

El problema de enfoque viene de lejos. Según el mainstream “M” la presunción de inocencia fue abolida cuando de adversarios políticos se trata. Otro tanto sucede con los límites a la prisión preventiva.

Los actos estatales, las audiencias judiciales entre tantos, son públicos. Tal el principio general obviazo que solo admite excepciones fundadas. La gente común puede ignorarlo, no así jueces o cronistas supuestamente versados en Derecho. Los procesos se llaman “orales y públicos”… por algo será. Transmitirlos por tevé es el modo de permitir que la ciudadanía acceda a ellas (si le interesa y cuando quiera). Macanea quien afirma que son públicos porque se abre la sala de audiencias en la que cabe un puñado de personas que viven cerca. Prohibir la transmisión contradice principios generales, vulnera el derecho a la información tanto como el defensa en juicio.

La indagada tiene derecho a hablar y contestar preguntas. O a no hacerlo. El silencio no autoriza ninguna inferencia. Insinuar que un listado interminable de preguntas de la fiscalía equivale a pruebas es un disparate colosal. La derecha argenta homologa imputación con procesamiento, éste con condena firme, silencio con confesión. No es así, che.

La existencia de forum shopping contamina la totalidad de los procesos contra Cristina y ex funcionarios kirchneristas. Los sorteos “ganados” por un solo juez afrentan todo principio matemático. Comodoro Py se ne frega de las leyes penales o procesales… igual con las reglas estadísticas, la ley de probabilidades.

Cristina dividió su defensa en un tramo político y otro jurídico. Desmenuzó el procedimiento, los cargos, las endebles evidencias aportadas, la parcialidad manifiesta de jueces de variadas instancias, el contubernio entre buena parte del Poder Judicial y la prensa hegemónica.

Le negó aptitudes al tribunal, es su derecho. Les enrostró los padecimientos de su hija Florencia y del fallecido ex Canciller Héctor Timerman. Lo hizo con su estilo, en condición de procesada y de dirigente política acosada.

La disección fue certera a los ojos de este cronista, que recomienda la notable cobertura de Raúl Kollmann en Página/12. En la vereda de enfrente hay quien alega que una sospecha es una prueba y una nota mal escrita por profanos idéntica a una resolución de la Corte Suprema. Amablemente, nos permitimos discrepar.

La indignación oficialista que escala sin cesar encuentra otro motivo en la integración de los bloques en el Congreso. En cualquier Parlamento del mundo sumar adhesiones es clave. El Frente de Todos (FT) “hace política”, como por ejemplo el PSOE en España: negocia con potenciales aliados. Ofrece comisiones, cargos, cuando se debata ley por ley habrá otros canjes. Hablamos de los lícitos: no de los consumados cuando la Ley Banelco o la privatización de YPF.

Los reproches preventivos salieron al cruce de una potencial designación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti por demasiado kirchnerista. “Dejan afuera a los gobernadores” plañía el desafinado coro anti K. Cuando se optó por la senadora y ex gobernadora santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, protestaron en nombre de los gobernas peronistas.

Los “terceros partidos” con bloques propios siempre han tenido gravitación en las Cámaras, porque hacen valer su condición de bisagra en votaciones divididas. El Frente Cívico de Santiago del Estero (FC) ocupa un sitial similar al que le cupo durante décadas al Movimiento Popular Neuquino (MPN) al que en 2019 le fue bien en las elecciones provinciales y flojito en las parlamentarias nacionales. Apoyan al gobernador Gerardo Zamora dos senadores, una bancada disciplinada de diputados. Apoyaron la fórmula del FT en las presidenciales, le aportaron una carrada de votos. Se negocia su adhesión para fortificar al Ejecutivo, aunque la Vulgata difunda lo contrario.

De nuevo: los autodesignados fiscales políticos no supieron anticipar el pasado, se equivocaron paso a paso. Ahora adivinan el porvenir. Cristina manipulará a Alberto F o lo destruirá.

¿Para qué hundiría el barco en que ella navega y que ayudó a botar?

¿Qué sentido tiene que una dirigente fogueada quiera destituir a su aliado, que arrastraría en la caída al gobernador electo Axel Kicillof?

Lo haría por irracionalidad o maldad pura, porque es como el escorpión, porque la aquejan distintas perversiones psicológicas que comienzan con el síndrome de Hubris y no se detienen jamás.

“Miembros del jurado, no se dejen engañar por el relato K ni por los artificios sucedidos durante el último año” alegan en el Foro y en el Agora. Habrá que ver.

[email protected]