En un nuevo gesto de desesperación, el Gobierno armó una reunión del consejo consultivo que designó para comandar la Agencia de Protección de Testigos e Imputados , creada por DNU el viernes último para evitar que los arrepentidos que declararon contra funcionarios del kirchnerismo queden bajo control exclusivo de las autoridades que asumirán la semana próxima. Todo apunta a que el principal objetivo de este órgano es ocultar maniobras que se hicieron con “imputados colaboradores ” en el armado de causas. Lo llamativo del encuentro es que se hizo a pesar de la oposición a la creación de esta agencia que dejaron plasmada por escrito seis jueces de la Cámara de Casación Penal Federal (cuatro de ellos con advertencias expresas sobre su posible inconstitucionalidad), que a la vez giraron la polémica a la Corte Suprema. Tampoco había sido consultado el equipo de Alberto Fernández.

Según un acta a la que accedió Página/12, la reunión fue convocada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y asistieron los miembros del consejo consultivo que la Casa Rosada eligió. El DNU que creó la agencia decía que se “invita” a presidir el consejo al presidente de la Cámara de Casación. Luego definía que también lo integran el Procurador General, el Secretario de Seguridad y el funcionario que dirigía hasta ahora el programa de protección de testigos. El verbo “invitar” tiene una razón de ser en el decreto: preveía la posibilidad de que Carlos Mahiques –un juez afín al macrismo—tuviera que dejar la presidencia de Casación pero pudiera seguir en el consejo por delegación. En efecto, hace unas horas la nueva presidenta de la Cámara es Angela Ledesma. El acta del consejo consultivo dice que Mahiques en la reunión explicó que sus compañeros de tribunal le pidieron, precisamente, que propusiera la designación de un representante, que según quedó flotando sería él mismo. Sin embargo, esto fue desmentido ante este diario por otros/as jueces/as de Casación.

No se trata sólo de una disputa por figurar. El plan original del gobierno de Macri era crear la agencia para testigos protegidos pero que estuviera exclusivamente a cargo de la Cámara de Casación, o sea, totalmente fuera de la órbita del nuevo Poder Ejecutivo. El plan había sido conversado con Mahiques, ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, que llegó el tribunal penal por un “traslado”, a dedo, sin concurso. Pero tanto Casación como la Corte Suprema anticiparon su oposición a este cambio. La salida que encontró Garavano fue una mixtura, donde –de todos modos-- el presidente de Casación tendría especial peso. Además, es clave, porque continuará cuando termine el gobierno. Igual que, al menos por un tiempo, el procurador interino Eduardo Casal, otro integrante del consejo que estuvo en la reunión. Los otros dos son el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el director del programa de protección de testigos, Francisco Lagos.

El acta dice que todos los presentes se llevaron documentación muy relevante con todas las acciones del programa de protección de testigos, resoluciones y convenios. En su origen, el sistema sólo era para dar cuidado a testigos, y pocos le daban relevancia; pero con la aprobación de la ley del arrepentido empezó a abarcar a los imputados que apelan a esa figura para conseguir ser excarcelados y aspirar a una pena baja. La realidad es que el gobierno de Macri tuvo un papel muy activo en la captación de arrepentidos y, en algunos casos, en su preparación con guiones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), como fue denunciado –por ejemplo-- con respecto a Leonardo Fariña, para que apuntaran especialmente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y determinaran que ex funcionarios fueran encarcelados. A cambio recibieron vivienda, dinero, servicios y todo lo necesario para vivir. 

El temor oficial es que se conozcan detalles de cómo fueron construidas sus declaraciones, si hubo presiones, indicaciones, amenazas y cómo sucedieron. El programa de testigos protegidos tiene más de 200 personas a cargo, pero los que le importan al macrismo son un puñado: el chofer Oscar Centeno, el contador Víctor Manzanares, el ex secretario de Obras Públicas José López, Alejandro Vandenbroele en el caso Ciccone que llevó a prisión Amado Boudou. Fariña se anticipó y se salió de este sistema días atrás. Ahora se sumó a trabajar en el estudio que defiende a Manzanares.

El Gobierno apuró la puesta en funcionamiento de la nueva agencia autónoma sin importar que la Cámara de Casación advirtió que el DNU posiblemente sea inconstitucional. Por lo pronto, sostenía el tribunal, el Ejecutivo se arrogó facultades legislativas y para justificar la necesidad y urgencia invocó “circunstancias manifiestamente inexistentes”. Además, señalaba que un DNU no puede avanzar sobre materia penal. 

Otra de las razones de la urgencia tiene que ver con las 50 designaciones que están previstas, que serían utilizadas por el Gobierno para ubicar gente propia para después del 10 de diciembre. Casación, por su parte, le giró el tema a la Corte Suprema, que no tiene previsto pronunciarse al respecto por ahora. Las futuras autoridades saben perfectamente bien que un decreto así se puede anular con otro nuevo, un factor que hace más insólito el apuro del oficialismo.