Durante una reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur, el gobierno de Uruguay solicitó formalmente que se aplique la cláusula democrática sobre Bolivia y se analice si se debe suspender a ese país como integrante del bloque regional por haber quebrantado el orden institucional tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
El planteo fue hecho por el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, durante una reunión en la ciudad brasileña de Río Grande do Sul con sus pares de ese país, de Argentina y Paraguay.
En ese mismo encuentro, Nin Novoa afirmó que "el Mercosur debe exigir a las autoridades de facto bolivianas el pleno respeto por los derechos humanos, el control estricto del uso de la fuerza y el cese de la represión indiscriminada contra la población civil".
La reacción de Evo Morales desde su exilio en México fue inmediata. “Saludamos tradición diplomática de Uruguay en su defensa de la institucionalidad”, escribió en su cuenta de Twitter y lo enmarcó en la reacción de “la comunidad internacional (que) rechaza la ilegal proclamación del gobierno de facto”, a cuyos funcionarios acusó de haber “pisoteado la democracia”.
Bolivia no es miembro pleno del Mercosur, a pesar de que el proceso de integración había sido impulsado durante el gobierno de Morales. El país se encuentra técnicamente en "proceso de adhesión" desde 2015, cuando firmó un compromiso para adoptar el acervo normativo del Mercosur.
Entre los fundamentos de su petición, Uruguay se refirió al “quiebre institucional” ocurrido en el país luego de que el “presidente constitucional Evo Morales fuera obligado a renunciar a su cargo”. Ese hecho, prosiguió, “provocó un quiebre institucional que representa una ruptura del orden democrático en los términos establecidos en el artículo 3 del Protocolo de Ushuaia”.
Ese documento establece los requisitos que los países miembros deben cumplir para ser parte activa del bloque. El artículo citado por el representante de Montevideo indica que “toda ruptura del orden democrático” en un Estado parte abrirá una etapa de consulta entre los demás miembros que pueden derivar en “la suspensión” del país involucrado.
De ser así, el Estado que haya quebrantado el orden institucional no podrá participar “de los distintos órganos” de decisión del Mercosur. En este sentido, para Uruguay “la actual situación que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo presidente constitucional Evo Morales fue obligado a renunciar a su cargo” es suficiente para que se aplique esa regulación.
Por mucho menos y a instancias del gobierno de Mauricio Macri y el entonces mandatario de Brasil, Michele Temer, el Mercosur aplicó esa cláusula contra Venezuela. El argumento fue que el gobierno de Nicolás Maduro, electo en comicios abiertos, “no es democrático”.
“Estamos aquí para decir que en Venezuela no hay
democracia; basta de Venezuela represora, basta de represión, restaure la
democracia”, fue la declaración del argentino Jorge Faurie durante la reunión
en que se anunció la decisión contra el gobierno bolivariano.
