“En origen es un caso de violencia de género”. El 9 de noviembre de 2015, Lucas Cabello había sido baleado gravemente por un agente de la ex Policía Metropolitana y la entonces vicejefa del Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, defendió con argumentos falaces el accionar del agresor. La mentira tuvo patas cortas por la fortaleza de la víctima y su familia, que torcieron el rumbo hacia lo que fue en realidad: “Violencia institucional”. Una condena a 16 años de cárcel para el policía Ricardo Luis Gabriel Ayala, por el “intento de homicidio agravado” de Lucas, sin motivo alguno, puso fin a la impunidad del policía y a la cuestionada frase de Vidal, que ahora podría ser investigada por su contribución al encubrimiento policial y político que intentó cajonear un caso de “gatillo fácil”.

La sala del Palacio de Tribunales donde se realizó en 1985 el Juicio a las Juntas, poblada de familiares de Lucas y de otras víctimas de las fuerzas de seguridad, estalló como sólo ocurre cuando se grita un gol a cancha llena. Fue cuando se escuchó el fallo condenatorio de Ayala, que no podrá volver a integrar una fuerza policial hasta dentro de 19 años, tres más del monto de la pena. Además, los jueces ordenaron que se investiguen todas las trabas, encubrimientos y violaciones a los deberes de funcionario público que se habrían cometido para tratar de desviar la acusación contra Ayala.

Lucas Cabello, condenado a una silla de ruedas, como resultado del ataque que sufrió de parte de Ayala en noviembre de 2015, fue aplaudido dentro de la sala y más tarde en la vereda de Talcahuano al 500. “No soy de hablar mucho, pero quiero agradecer a cada una de las personas que vinieron a apoyarme durante el juicio y también al maravilloso equipo de abogados y a mi familia, que siempre estuvo conmigo”. Cuando mencionó la palabra “justicia”, aludiendo a la decisión de los jueces, la respuesta de los que lo rodeaban fue inmediata: “Justicia, Justicia” y “Olé, olé, olé, olá, Lucas, Lucas”. En ese momento, Cabello agregó: “Justicia y lucha también porque hay muchas personas que no pudieron llegar a juicio y la gente se lo olvida, pero hoy estoy acá por todos esos pibes y pibas”. Y volvió a dar las gracias a quienes lo acompañaron: “No me voy a olvidar de sus caras en toda mi vida”.


La agresión a balazos sufrida por Cabello se produjo frente a su casa, en el barrio de La Boca, en presencia de su hija, que entonces tenía 2 años. El Tribunal Oral Uno condenó al policía Ayala, que hasta ahora sigue cumpliendo funciones administrativas en la hoy Policía de la Ciudad, fue condenado a 16 años de cárcel por el delito de “intento de homicidio agravado por el uso de arma y por su condición de funcionario policial”. El fallo fue unánime con la firma de los jueces Adrián Pérez Lance, Fernando Ramírez y Luis Salas, que rechazaron el pedido de absolución planteado por los abogados defensores.

Sólo se dio lectura a la parte resolutiva del veredicto, cuyos fundamentos se darán a conocer el 7 de febrero de 2020, a las 13.30. Ayala, quien estuvo con prisión preventiva pero fue excarcelado, seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme. El Tribunal resolvió “diferir” la detención, cuya ejecución había sido solicitada por los abogados querellantes. Al condenado se le impusieron una serie de requisitos: debe presentarse ante el Tribunal dentro de los primeros diez días de cada mes; tiene prohibido salir del país; no puede portar armas ni acercarse a menos de 500 metros de Lucas Cabello y de su grupo familiar.

En la parte dispositiva de la sentencia, los jueces ordenaron extraer testimonios y enviarlos a la Cámara Nacional en lo Criminal para que se sortee un juez “a fin de investigar si durante la instrucción del sumario hubo incumplimiento de deberes o encubrimiento. Esto respondió a un pedido de la querella, que señaló que se investigue a los jefes policiales de entonces, pero también a los responsables políticos, entre los que incluyen a María Eugenia Vidal, quien entonces era la segunda máxima funcionaria del Gobierno de la Ciudad y que en estos días dejará el cargo de gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

La pena impuesta al policía Ayala fue mayor a la que fue solicitada por la fiscal Irma García Nietto, quien había solicitado una pena de 13 años de cárcel, pero estuvo por debajo de los 20 años de cárcel que había pedido la abogada querellante Gabriela Carpineti. En su alegato final al pedir la condena del acusado, la fiscal había señalado que “la declaración de Ayala, quien dijo disparar en defensa propia porque le pareció que Lucas Cabello estaba armado, no se condice con las pruebas ni los testigos. Cabello no tenía armas: la única prueba balística encontrada fue la del arma reglamentaria del policía Ayala", remarcó la fiscal esa jornada.

Uno de los disparos le produjo a Lucas Cabello un daño en la médula ósea, a la altura de la cuarta y quinta vértebra, que dejaron secuelas permanentes que lo obligan a movilizarse en silla de ruedas.