Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff fueron absueltos del cargo de asociación ilícita. De esta forma cae una de las causas que más impacto causó en 2017 tras la destitución de Rousseff. Se los acusaba de haber utilizado la caja de Petrobas para financiar la campaña del Partido de los Trabajadores (PT). Usando como base esa causa se habían desprendido otras con las que acusaron a varios integrantes del PT de conformar una asociación ilícita. Pero el juez del caso, Marcus Vinicius Reis Bastos, llegó a la conclusión que el proceso tan sólo buscó criminalizar la actividad política de los ex presidentes de Brasil.
El caso es conocido como "la gran gavilla del PT" fue presentado por el entonces Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, poco antes del fin de su mandato en 2017. Pero sus sucesores en el cargo, Raquel Dodge y Augusto Aras, no la respaldaron. De acuerdo con la acusación hecha por Janot, Lula y Rousseff participaron en una red para recaudar entre 2002 y 2016 sobornos por un valor de 1.480 millones de reales (unos 352,4 millones de dólares). Según el Fiscal ese dinero habría sido utilizado para las campañas electorales del PT.
La sentencia absolutoria fue dictada por el juez duodécimo federal de Brasilia, Vinicius Reis Bastos. Además de concluir que no existían pruebas de las acusaciones, Vinicius afirmó que el proceso tan sólo buscaba criminalizar la actividad política. "La denuncia no cuenta con los elementos demostrativos del delito de asociación para delinquir ni permite concluir, ni siquiera en tesis, que existía una asociación de cuatro o más personas estructuralmente ordenada, con división de tareas, alguna forma de jerarquía o estabilidad", concluyó en la sentencia.
La absolución también beneficia a los exministros de Hacienda en los gobiernos del PT Antonio Palocci y Guido Mantega, así como al extesorero del partido Joao Vaccari. Los cinco habían sido acusados de desviar recursos de Petrobras y otras empresas estatales durante los gobiernos del PT. Todos, menos Rousseff, están condenados en el proceso de la operación Lava Jato llevado adelante por la justicia de la ciudad de Curitiba. En este caso, los acusados fueron declarados inocentes dos meses después de que la propia Fiscalía solicitara su absolución. “No hay elementos configuradores de la existencia de una organización criminal", había determinado la fiscalía.
De esta manera se cerró uno de los nueve procesos abiertos en la Justicia contra Lula. El 8 de noviembre el ex presidente salió de prisión luego de permanecer recluido desde abril de 2018. La Corte Suprema lo autorizó a esperar en libertad hasta que se agoten todos los recursos a los que tiene derecho apelar para rever sus condenas. Lula cumplía una pena de ocho años y diez meses de prisión por corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue ratificada en tres instancias, por lo que tan sólo le quedan pendientes los recursos que elevó ante la Corte Suprema. Se lo acusa de recibir un departamento en la ciudad de Guarujá. Se lo habría entregado la empresa constructora OAS, que tenía contratos con Petrobras.
En julio del año pasado ya había sido absuelto en otra causa donde se lo acusaba de obstrucción a la justicia. En el marco de ese caso se intentó comprobar que compró el silencio de un ejecutivo de Petrobras para evitar que lo denunciara por los desvíos en la petrolera. Sin embargo, no todas los juicios se están resolviendo en favor de Lula. La semana pasada, el ex presidente fue condenado a 17 años de cárcel por corrupción en segunda instancia. Una cámara de apelaciones ratificó el fallo inicial, en el caso por el cual empresas constructoras como OAS y Odebrecht realizaron obras en una casa-quinta propiedad de un amigo de Lula. Cuando dejó la Presidencia el ex mandatario usó esa casa de campo en la ciudad de Atibaia, interior del estado de San Pablo.
Una vez conocida la sentencia, el abogado de Lula, Cristiano Zanin, reforzó la idea de que su defendido está siendo perseguido. "Lula logra la absolución cuando un juez imparcial interviene; el propio juez en su fallo descarta la acusación por intentar criminalizar la actividad política", dijo Zanin Martins. Según el abogado con este último fallo se demuestra que Lula es víctima de una persecución política y judicial destinada a evitar su regreso al poder.
