Pasados cuatro años de su aprobación, la ley de cupo laboral trans fue reglamentada en la provincia de Buenos Aires. Mediante el decreto 1.473 y a días de dejar su cargo, la gobernadora María Eugenia Vidal hizo efectiva la ley que establece un mínimo del 1% de los puestos laborales del sector público provincial para personas travestis, transexuales y transgénero. Los organismos estatales tienen 90 días para realizar un registro de sus empleados y proceder a incorporar nuevo personal.

La ley se aprobó en octubre de 2015 y se convirtió en la primera de este tipo para una provincia argentina, pero su reglamentación quedó cuatro años estancada. Página 12 dialogó con Sasha Sacayán, hermano de Diana, la militante del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación asesinada en 2015 cuyo nombre lleva la ley. Sacayán contó que, con otras organizaciones, este año comenzaron a trabajar por la reglamentación junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia pero que, de un momento a otro, la secretaría se desentendió. Si bien celebró la noticia, opinó que “hay irresponsabilidad en el manejo del tema, para Vidal es dejarle un problema al gobierno que viene, no lo hace por convicción”. Además, sostuvo que “es un triunfo del colectivo travesti, trans y feminista, que pasó cuatro años en plan de lucha y resistencia”.

El texto del decreto establece un plazo de 90 días para que los organismos y empresas del Estado comuniquen al Ministerio de Trabajo el número total de trabajadores contratados, estadística con la que se comenzará a incluir al 1%. También crea el Registro de Solicitantes de Empleo "Amancay Diana Sacayán", donde quedarán registradas las postulaciones de las personas que soliciten vacantes.

La Federación Argentina LGBT (FALGBT) también tomó el decreto como un triunfo, pero remarcó falencias: “Se queda a medio camino al establecer un relevamiento sin los métodos para cubrirlo”. Aseguraron que “la gobernadora actúa a instancias del proceso judicial”, ya que en mayo de 2018 la Federación presentó un amparo contra el Ejecutivo para que la ley se reglamentara, y concluyeron que en verdad “no le importan los derechos de las personas trans ni la vulnerabilidad que nos atraviesa”. 

Además de Buenos Aires, solo cuatro provincias cuentan con una ley similar: Chubut, Río Negro, Chaco y Santa Fe. En julio de 2018 la ley fue presentada en el Congreso Nacional pero nunca llegó a debatirse. En este sentido, Sacayán concluyó: “La ley hace su propio camino. Si nos dejamos llevar por la demora moriría ahí, pero no podemos esperar, volveremos a presentarla el año que viene“.