Daniel Farfán fue designado a través del decreto 2986/15 como jefe de la División de Movilidad de la Dirección General de Rentas (DGR). En julio de este año se lo notificó del Memorándum 27, firmado por el titular de Rentas, Luis Trogliero.
En el instrumento se informó sobre las “rotaciones de personal para lograr una mayor organización interna, sin que esta decisión produzca reclamos pecuniarios”. Al hacerlo se lo degradó al cargo de chofer interino. Perdió la jefatura, pero no el salario como jefe.
El miércoles empezó una huelga de hambre y los gremios de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública (ATAP) de la provincia, ATE y la CTA Autónoma acompañaron el reclamo. El entendimiento conjunto de los gremios fue que la decisión de Trogliero era ilegal. Ello porque pasaba por arriba de un decreto con un memorándum.
Si bien la decisión se tomó en julio, la protesta empezó recién este miércoles. Antes se agotaron otros recursos administrativos sin contar con solución alguna.
Ayer finalmente cerca de las 14.30 tras al menos tres reuniones con los gremios durante el día, Trogliero dio marcha atrás y restituyó la jefatura a Farfán. La condición es que el trabajador haga su descargo a cinco informes de auditoría interna que están desde 2015 sin responder.
Trogliero por su parte, explicó a Salta 12 que la decisión fue tomada en el marco de una necesaria reestructuración de la Dirección a su cargo. “Hay 91 bajas en cuatro años que nunca fueron cubiertas”, dijo el funcionario.
En cuanto a Farfán sostuvo que el trabajador indicó que había entendido que esas respuestas a las auditorías debían ser hechas por un administrativo y desconocía como era el procedimiento.
A Farfán “no se le quitó ni la categoría ni el sueldo”, afirmó Trogliero. Indicó que en esa reestructuración hubo 14 trabajadores que fueron rotados de sus cargos. “Pero el único reclamo fue por Farfán”.
Un cuestionamiento que sigue
Uno de los puntos que los referentes gremiales pusieron en discusión fue la designación de Evangelina Montiel. La funcionaria fue trasladada desde el Ministerio de Trabajo a la DGR en noviembre de 2017. Miguel Rojo de ATAP, contó a Salta 12 que Montiel es una de las funcionarias que toma las decisiones en la DGR como la que afectó a Farfán.
“Ocupa dos cargos: el de Dirección de Administración y la dirección de Servicio Administrativo Financiero”, dijo Rojo. Para el gremialista esto involucra un accionar ilegítimo e ilegal porque incurre en la incompatibilidad de cargos.
Agregó que según el decreto que permitió el traslado, el cargo de Montiel es el de jefa del Subprograma Administrativo. Pero este es inexistente en la actual estructura de cargos de la DGR. Según lo establecido por decreto, la funcionaria cuenta con función jerárquica 1.
“Es un tema que hablé 20 veces con Rojo y con otros gremialistas. Cuando llegué a Rentas la designación de Montiel ya estaba por decreto y deberían cuestionarlo directamente al Ejecutivo”, contestó Trogliero.
Indicó que es verdad que Montiel cumple “con doble función” pero percibe un solo salario. “Tiene una cantidad abrumadora de horas porque se debió cubrir así cuando se jubiló la última jefa”, dijo el titular de Rentas. Sostuvo que hay otro jefe con doble designación “desde hace años”, pero sin que “nadie diga nada”.
En cuanto a la relación entre el caso de Farfán y Montiel, aseguró que la mujer convocó más de una vez al trabajador a hablar de las auditorías sin obtener respuestas.
Respecto de los procedimientos anteriores a la huelga de hambre, Trogliero aseguró que nunca fue notificado de ninguna audiencia entre las partes (como sostuvieron los gremios), y que siempre se les dio las respuestas que solicitaban.
En cuanto a las falencias de Farfán en el cargo, Rojo aseguró que se trata de cuestiones como la de que se le haya caído una tapa del tanque de combustible, o de haber perdido una patente de vehículos de Rentas.
“Ellos decían que con el memorándum les salvaban la vida. Por eso hemos pedido que entonces inicien el sumario correspondiente”, contó Rojo. Es a través de este procedimiento que en la Administración Pública se deslindan las responsabilidades.
