Se define feminista, se crió en un barrio de monoblocks y es la primera profesional en su familia. Dentro del gabinete , Elizabeth “Eli” Gómez Alcorta asumirá al frente del flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es abogada penalista, especializada en derechos humanos y pueblos originarios, en los últimos años coordinó el equipo de defensa de Milagro Sala y también representó en los tribunales a la lideresa mapuche Moira Millán. Será una de las pocas mujeres del Gabinete: hay solo cuatro en la primera línea, aunque en secretarías los nombres femeninos serán más numerosos. “La verdad es que tenía como plan arrancar el doctorado en marzo y disfrutar la profesión. Pero es un desafío hermoso y creo que nosotras podemos demostrar que se puede hacer política de otra forma”, le dijo Gómez Alcorta a una de sus colaboradoras cercanas, cuando le ofrecieron el cargo, unos días atrás. Actualmente está además acompañando a una joven militante del peronismo que denunció penalmente por violación a uno de sus referentes políticos.

Los ejes de su gestión

La designación de Gómez Alcorta expresa la transversalidad política del Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández a la presidencia de la Nación. Ella no viene del peronismo ni ha sido kirchnerista: milita en la colectiva “feminista, popular, mixta y disidente” Mala Junta, que forma parte del espacio Patria Grande, donde confluyen expresiones de la izquierda popular y sectores cercanos al kirchnerismo. 

Fortalecer y jerarquizar las políticas públicas en materia de género y diversidad, imprimirles transversalidad –para que atraviesen los demás ministerios y no queden acotadas al problema de la violencia machista– y federalismo, para alcanzar a todo el territorio, y permear las resistencias de las provincias con gobiernos más reactivos a esta agenda, serán ejes de su gestión.

Aunque la estructura del Ministerio se está terminando de definir, ella pidió estar secundada por dos secretarías: una que se abocará al plan contra la compleja problemática de las violencias de género, otra que se haría cargo de las políticas de igualdad y diversidad. Esas serán dos de las líneas principales de la gestión, entre las que se destacaría también el diseño de una política de cuidados, que deberá articular con otros ministerios. Es probable el que bajo su égida pase a estar el INADI, que finalmente quedará a cargo de la diputada Victoria Donda.

El nombramiento de Gómez Alcorta es también un guiño a Horacio Verbitsky, referente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), donde “Eli” forma parte de la comisión directiva. La abogada colaboró con Verbistky en su último libro sobre Milagro Sala.

Gómez Alcorta se pone el pañuelo verde y defiende la despenalización y legalización del aborto. Frente a la construcción de algunos medios de su perfil como “una cheta de San Isidro”, por su doble apellido y haber sido alumna del Colegio Nacional de esa ciudad, ella aclara que se crio en un barrio de monoblocks en el Bajo de Boulogne, trabajó como cadeta, preceptora, bibliotecaria y cuidando chicos mientras estudiaba, y es la primera universitaria de la familia.

Hija de la educación pública, se graduó en 1997 en la Facultad de Derecho de la UBA, con diploma de honor, y un promedio de 8.51. Luego cursó el postrado en Derecho Penal y amplió sus estudios en Ciencias Políticas y Sociología en Flacso. Desde hace veinte años es docente en la Facultad de Derecho de la UBA -igual que el presidente electo-, donde es profesora adjunta interina en la materia Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal. Una de sus referentes, cuenta ella, es la ex jueza Lucila Larrandart, primera profesora mujer de derecho penal de la UBA. Poco antes de terminar su formación de grado, Larrandart le ofreció ser ayudante de cátedra y con ella luego inició su carrera judicial.

Sobre la persecución judicial contra la dirigente social de la Túpac Amaru, ha dicho que tiene que ver con su “condición de mujer”. En el marco de las causas de delitos de lesa humanidad, Gómez Alcorta defiende a víctimas del terrorismo de Estado y abordó la cuestión de los abusos sexuales y la falta de perspectiva de género en los procesos judiciales vinculados con la dictadura cívico militar. Como abogada, se desempeñó en el Poder Judicial de la Nación, en el fuero federal, en el Consejo de la Magistratura y en el Ministerio Público Fiscal. Durante el kirchnerismo fue subcoordinadora del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene 47 años y es madre de un hijo de 8, preside el Movimiento de Profesionales para los Pueblos, integra la comisión directiva de la Asociación de Abogades de Derechos Indígenas, y la Red “Mario Bosch” de abogades en causas de lesa humanidad. Y recientemente participó como observadora e integrante del Consejo Jurídico de Justicia y Democracia en el Grupo Puebla.