La Legislatura porteña aprobó una ley que refrenda convenios entre Nación y Ciudad en los que se transfieren diversos predios nacionales ferroviarios a la ciudad para ser vendidos y destinados a desarrollos inmobiliarios, entre ellos, los de Colegiales, Palermo y Villa Urquiza. El proyecto de 278 páginas, que había ingresado al mediodía, a poco de iniciada la última sesión ordinaria del año, fue aprobado con fuertes críticas de la oposición. La legisladora Andrea Conde sostuvo que "el apuro de (Horacio) Rodríguez Larreta por aprobar estas leyes radica en que el oficialismo perderá la mayoría especial que le permitió estos últimos años modificar el Código Urbanístico, que le permite generar más superficie construíble y privatizar tierras públicas. Estamos ante la gestión que no sólo más cantidad de tierra puso en manos privadas sino que construyó el andamiaje jurídico necesario para escindirse del control de la Legislatura".

Con 41 votos de oficialistas y aliados, la Ciudad se hizo de una serie de predios que pertenecían a Nación, que previamente la había pedido normativa a la Ciudad para desarrollar negocios inmobiliarios en esas tierras. A cambio de esa normativa Nación se obligaba a realizar algunas obras en el espacio público. Nación no puedo vender la totalidad de las parcelas ni realizó las obras comprometidas, por lo que decidió el traspaso, apurado por la pérdida del gobierno nacional.

En el primer artículo se aprueba "el Convenio suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Autopistas Urbanas S.A.". En el segundo, el Convenio "suscripto entre Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. y el Gobierno de la Ciudad". Finalmente, declara innecesarios los inmuebles para la gestión del Gobierno y autoriza la disposición de los mismos por parte del Poder Ejecutivo.

La oposición calificó el mecanismo de transferencia de tierras como "gravísimo" a tan sólo 5 días del recambio de autoridades nacionales y abundaron expresiones como "estafa" y "caradurez antidemocrática". Y afirmaron que se trató de una "entrega" por parte del gobierno nacional saliente a la administración de Rodríguez Larreta.