“Vengo a anunciar el fin del cepo cambiario, el que quiera comprar dólares podrá hacerlo sin restricciones”. Si Alberto Fernández comunicara eso una semana después de asumir la presidencia sería tomado como un desvarío. No se puede abrir la compra de dólares cuando el país tiene un problema crucial de insuficiencia de divisas. Por eso hay un cepo. No tendría sentido. Faltan dólares, entonces el Banco Central administra los existentes asignando prioridades. Eliminar el cepo expondría a la economía a otra grave devaluación y a más fuga de capitales. Eso que hoy es una obviedad no era interpretado igual el 16 de diciembre de 2015, cuando Cambiemos lanzó su política económica. Ese día Alfonso Prat Gay se presentó efectivamente en conferencia de prensa y dijo: “Vengo a anunciar el fin del cepo cambiario, el que quiera comprar dólares podrá hacerlo sin restricciones”. Y obtuvo un apoyo masivo. El resultado de ese desvarío es lo que se ve ahora: la pobreza arriba del 40 por ciento, la inflación más allá del 50, el país en default, enredado con el FMI. Un desastre. Y con un cepo de 200 dólares.

El gobierno de Alberto Fernández arranca con esa ventaja en relación al tema cambiario respecto del gobierno de Cristina. Los argentinos conocen las dos herencias. La de Cristina y la de Macri. Eso le da un margen político para administrar la cuestión del dólar que Cristina no tuvo en su gobierno de 2011 a 2015. A la ex presidenta y vicepresidenta electa le tocó afrontar la restricción externa (insuficiencia relativa de divisas) en un contexto internacional muy complicado. Bajo ataque de los fondos buitre, con la justicia y el gobierno de Estados Unidos en contra. Además, la construcción del sentido común mediático, con su staff de economistas, clamaba a gritos por el fin del cepo. Hoy Alberto no sufrirá esa presión que padeció Cristina. Hay consenso en que no se pueden rifar más dólares, incluso entre quienes presionaron para terminar con las regulaciones cambiarias y avalaron un brutal endeudamiento del Estado como consecuencia de esa decisión.

Empresarios que antes se quejaban por las trabas para comprar dólares ahora aceptan el cepo como una tabla de salvación frente al descalabro cambiario y financiero que deja Macri. Ocurre en la industria, en el comercio y en la construcción, los tres sectores que más empleo demandan. Ya no hay jubilados caceroleando contra el cepo, ni trabajadores que protesten como lo hacían en 2015. En ese sentido, el gobierno de Fernández tiene una oportunidad para empezar a generar políticas que tiendan a desdolarizar la economía. El primer paso está ganado: ya no se considera la compra de dólares como un derecho humano, como prácticamente sucedía en 2015.

A partir de ahí, hasta llegar a la meta de consolidar un modelo de desarrollo social, económico y productivo que logre revertir la economía bimonetaria que padece la Argentina desde que Ricardo Zinn metió la cuña neoliberal detrás de Celestino Rodrigo en 1975, durante el gobierno de Isabel Martínez, no será un camino fácil ni corto. Pero Fernández gozará de una luna de miel en la que nadie le reclamará que habilite la compra de dólares.

El paso siguiente será encarar una negociación consistente de la deuda con el FMI y con acreedores privados, que resguarde el interés nacional y despeje presiones cambiarias para cancelar vencimientos. Estabilizar el dólar es indispensable para que la economía se pueda encender, como dice el presidente electo. Coinciden en ello economistas de todas las tendencias. Hasta Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda residual de Macri, planteó en la semana que la deuda así como la deja su gobierno no se puede pagar. Por eso es que el país ya está en default, aunque hasta ahora solo se haya reconocido a un grupo particular de bonistas.

Frente a esa realidad, los economistas e instituciones del poder financiero saldrán como siempre en defensa del interés de los acreedores, que son quienes los financian. La elección de Martín Guzmán para negociar con ellos es un primer mensaje claro de Fernández de su voluntad de responder con firmeza.

Aceptación social del cepo y comprensión de la necesidad de renegociar la deuda constituyen una plataforma que tendrá el próximo gobierno para encarar misiones más difíciles. Mercedes Marcó del Pont las expuso en un documento reciente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, que dirige. El título era el siguiente: “La desdolarización de la economía como política de Estado”. Allí advirtió sobre “los límites que impone el bimonetarismo, no sólo a las posibilidades de estabilización monetaria y financiera, sino también al desarrollo”.

La designada nueva titular de la AFIP explicó luego en ese artículo: “El neoliberalismo ha contribuido en mucho a consolidar este fenómeno, que se exacerba en las etapas de valorización financiera. La desdolarización requerirá tiempo y un abordaje integral por parte de las políticas públicas. El Banco Central tiene mucho para aportar en esta materia, pero no debería estar solo en la tarea, que implica una gran cantidad de aristas. Identificar esta cuestión como un problema y delinear caminos superadores quizás debería ser parte de los consensos que se buscan materializar en el acuerdo social al que nos está convocando el Frente de Todos”.

Este último aspecto es clave. La necesidad de definir un nuevo contrato social frente a la catástrofe que entrega Cambiemos incluye un debate profundo sobre cómo ir dando pasos hacia la recuperación de la moneda nacional. A diferencia de otras etapas, la que empieza el próximo martes también hereda un aprendizaje de lo que no hay que hacer que deberá ser afianzado, para que nunca más los cantos de sirena neoliberales dejen a la sociedad patas para arriba y con el 60 por ciento de su futuro debajo de la línea de la pobreza.

“Si algo ha quedado nítidamente al descubierto a lo largo de estos cuatro años son las enormes consecuencias redistributivas de los modelos neoliberales. La masiva transferencia de ingresos desde la economía real hacia el capital financiero no se puede interpretar disociada del régimen monetario, cambiario y financiero impulsado desde el Banco Central. El telón de fondo de este proceso fue la decisión política de liberalizar el mercado de cambios y la cuenta capital, abandonar las atribuciones para regular el sistema financiero y garantizar ganancias extraordinarias para los bancos”, remarca el informe de FIDE. Es una hoja de ruta escrita por Macri, Prat Gay, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Nicolás Dujovne y el FMI sobre lo que no hay que hacer.