En las últimas horas de la última sesión del año en la Legislatura, y antes de perder la mayoría, el oficialismo aprobó varios proyectos de ley para continuar con su política de venta de tierras públicas. Una política que en doce años de gestión PRO de la Ciudad lleva privatizadas 473 hectáreas de tierras, según el relevamiento realizado por una ONG y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Uno de esos proyectos, que se trató sobre tablas, es decir, sin tratamiento previo en comisiones, fue la aprobación de la venta de los predios conocidos como "Costa Salguero" y "Punta Carrasco", ubicados en la Costanera porteña, para construir edificios residenciales. El diputado del FIT Gabriel Solano criticó el apuro por sancionar el proyecto y opinó que "esta sesión parece un pijama party de venta de tierras porque nos están tomando el pelo".

La norma fue aprobada con 42 votos positivos y 17 en contra, en el final de una maratónica sesión durante la cual también fueron autorizadas las ventas de más de 100 inmuebles pertenecientes a la Ciudad, además de los playones ferroviarios. El único proyecto con el que no pudo avanzar el larretismo fue la venta y concesión del predio de la Policía Montada, que para algunos funcionó como cortina de humo.

Para evitar debates previos, el proyecto ingresó el mismo día a la Legislatura con las firmas del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, y el ministro de Economía Martín Mura.

La ley se encarga de darle destino de negocio inmobiliario a las tierras en tres breves artículos. En primer lugar, autoriza al Ejecutivo a disponer "del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 184". Ordena que el Ejecutivo convoque a un "Concurso Público para el desarrollo urbanístico del conjunto "Costa Salguero - Punta Carrasco", conformado por la Manzana 171 de la Sección 21 y la Manzana 184 de la Sección 15".

La norma aclara que el concurso urbanístico deberá contemplar que al menos el 65 por ciento de la superficie de "Costa Salguero - Punta Carrasco" tenga destino de uso y utilidad pública. También señala que se deberá "afectar especial y preferentemente dicha superficie a la generación de espacios verdes parquizados". El 35 por ciento de la superficie restante será campo de disputa para los desarrolladores inmobiliarios, quienes podrán edificar viviendas residenciales premium, como viene ocurriendo a lo largo del eje costero.

Como en todas las leyes propuestas por el oficialismo para deshacerse de los bienes públicos, la norma sostiene que "el producido de la disposición tendrá como destino el financiamiento de obras de infraestructura de salud y educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, soluciones hidráulicas, vivienda social, promoción del alquiler social y reurbanización de barrios vulnerables".

El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, dijo a Página/12  que "fue una sesión histórica de privatizaciones de tierras públicas. Más de cien inmuebles repartidos por toda la ciudad, la venta de Costa Salguero y Punta Carrasco, y los playones ferroviarios, hacen pensar que lo que se generó por el predio de la Montada fue una pantalla. Porque esa discusión ocultó lo que se terminó votando que es cinco veces peor, tanto por la superficie como por la gravedad de lo que significa urbanísticamente para la Ciudad. La Montada son 8 hectáreas. Punta Carrasco y Costa salguero tienen más de 20 hectáreas, y a eso hay que sumarle los playones ferroviarios".

Actualmente los predio forman parte del distrito joven. Punta Carrasco tiene zonificación UP, es decir, Distritos Urbanización Parque, al igual que una parte de Costa Salguero. Tanto Baldiviezo, como organizaciones ambientalistas, señalaron que la privatización, entre otras cuestiones,  profundizará el déficit de espacios verdes de la ciudad.

Además, el presidente del Observatorio y abogado urbanista, recordó que el artículo 8 de la Constitución porteña establece que "los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación".

Para el letrado, la sesión fue "la demostración de que en la Ciudad no hay República, no hay división de poderes. Se votó gran cantidad de proyectos de importancia para la planificación de la ciudad, algunos de los cuales ingresaron a la mañana y se votaron en diez horas. Demuestra la aversión del gobierno porteño no sólo a la democracia participativa sino a la representativa, ni siquiera sus legisladores conocían los proyectos, algunos de 300 páginas".