Además de la imputación al presidente Mauricio Macri por la asignación de rutas aéreas a empresas vinculadas, el fiscal federal Jorge Di Lello le reclamó al juez Sergio Torres “exhortar a las autoridades involucradas a disponer la suspensión del curso de acción del proceso de concesión de las rutas aéreas, hasta tanto se evalúe el impacto económico que dicha medida importa a los intereses de la aerolínea de bandera, y/o en su caso se disponga una medida cautelar al respecto”. Es decir, el magistrado actuante deberá resolver, en las próximas horas, si resuelve la suspensión del otorgamiento de rutas en vías de adjudicación, que favoreció principalmente a Avian y Fly Bondi, las dos empresas aéreas que se denunció por vinculadas al grupo Macri, la primera, y al viceministro de Coordinación Mario Quintana, la segunda. En la evaluación de la Junta Asesora del Transporte Aéreo (JATA), la primera fue beneficiada con la aprobación del 100 por ciento de las rutas propuestas, y la otra con el 70 por ciento.

 El dictamen de la Junta Asesora fue, hasta ahora, el último trámite concretado en el proceso licitatorio. Ese dictamen sólo se pronuncia sobre la supuesta conveniencia del otorgamiento de las rutas, pero no sobre otros aspectos de orden legal en cuanto a la adjudicación a las líneas solicitantes. Esa responsabilidad recae sobre el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que es quien deberá rubricar la resolución de adjudicación definitiva contando con un dictamen legal que lo respalde. Es lo que, hasta el momento, no ha sucedido. Fuentes del sector advierten que la demora en firmar la resolución –han pasado tres semanas desde que la Junta Asesora emitiera su dictamen– está relacionada a las “dudas existentes sobre las garantías legales” del proceso. Esto último se puede interpretar de dos formas: el ministro no logró obtener un dictamen legal que respaldara el otorgamiento de las rutas a las líneas concursantes, o bien tenía alguna información anticipada sobre la imputación que haría el fiscal Di Lello sobre la operación y el vínculo de varios funcionarios y ex funcionarios de las empresas del Grupo Macri con Avian Líneas Aéreas.

 El requerimiento de instrucción del fiscal Di Lello, impulsando la acción penal en la causa caratulada “Macri Mauricio, De Andreis Fernando, Cobas Carlos, Macri Francisco, Efromovich Germán y otros s/asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública”, detalla la relación entre funcionarios de la actual gestión y las empresas MacAir y Avian. MacAir Jet era la empresa de transporte aéreo ejecutivo del Grupo Macri. El 30 de mayo de 2016, MacAir Jet informa el cambio de su denominación social por el de Avian Líneas Aéreas SA, luego de que a principios del mismo año se concretara su venta a la empresa colombiana Avianca. En su formulación, citando la denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, el fiscal destaca que “en esta operación aparece un nombre excluyente: Carlos Benjamín Colunga López, quien era el CEO de MacAir Jet y quedó como CEO de Avian Líneas Aéreas”. Señala además que “otro actor influyente sería Carlos Cobas, director general de Logística (dentro de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación), y además gerente de MacAir Jet y socio de Colunga López y de su hijo Diego Martín Colunga, en la firma Patagonia Flights Services”. Ambas firmas aparecen así estrechamente vinculadas, dando origen a la denuncia y el requerimiento de instrucción de la acción penal por parte del fiscal Di Lello, la medida cautelar contra el proceso licitatorio y una serie de informes, entre ellos, la incidencia económica en Aerolíneas Argentinas resultante del otorgamiento de estas rutas aéreas.