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Lucía Suárez y Florencia Rodríguez, las dos trabajadoras precarizadas del Autódromo de la ciudad de Buenos Aires que habían denunciado que las obligaron a hacer campaña por el macrismo, perdieron ayer sus puestos de trabajo en el marco de lo que las autoridades definieron como “reestructuración”, y que las afectados calificaron como despido encubierto como represalia por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
“El director del Autódromo, Guillermo Feito, y un responsable del ministerio de Modernización nos llamaron para decirnos que no nos iban a renovar y que terminábamos de trabajar ese mismo día”, contó Lucía Suárez a Página/12. “Nos llamó la atención porque siempre que se habla de reestructurar se conservan los puestos de trabajo, y nos podrían haber dado otras tareas”, agregó. “Es obvio que nos echan”, definió la situación. Fueron las dos únicas cesanteadas.
Las dos trabajadoras habían quedado en el ojo de la tormenta cuando hicieron su denuncia, que tomó visibilidad en la portada de PáginaI12 el pasado 27 de septiembre y dio pie a una investigación en la órbita de la Justicia Federal .
Todo comenzó cuando, de cara a las PASO, el 15 de julio ambas recibieron un correo electrónico en el cual se consignaban las actividades de campaña. En el mensaje aclaraban que debían presentarse a repartir volantes de Juntos por el Cambio, en abierta infracción al Código Electoral. Las dos trabajadores respondieron rechazando esa directiva e hicieron la denuncia.
Para peor, Suárez y Rodríguez estuvieron en situación de absoluta precarización laboral. Trabajaron para el gobierno porteño en condición de contratadas, sin aguinaldo, obra social ni vacaciones, entre otros beneficios. “Figuramos como proveedoras, con un contrato que se renueva a fin de año. Ayer directamente nos dijeron de no venir más a partir del lunes”, apuntó Suárez, quien destacó que “el 40 por ciento de los trabajadores de la Ciudad están en negro”.
ATE acompaña el reclamo de las dos despedidas. “Vamos a hacer presentaciones judiciales”, adelantó Eduardo Nasif, vocal del Consejo Directivo de ATE Capital, quien ligó el despido encubierto a la condición de querellantes de Rodríguez y Suárez: ”Fueron las primeras en prestar testimonio”. Remarcó que de cara a los próximos días “hay garantías que se deben cumplir.
La causa que se generó por la denuncia de las trabajadores quedó en manos del fiscal Jorge Di Lello, que sumó testimonios y estaría cercano a cerrar la etapa de instrucción. “Hay elementos legales que prueban que esto fue un despido ilegal”, dijo Suárez, quien consideró que la denuncia les dio visibilidad y que ahora, tras la campaña, llegó la reprimenda.
Las dos precarizadas figuraban hasta ayer como proveedoras, cuando cumplían labores calificadas en el área de comunicación. De hecho, Suárez es diseñadora gráfica y fue responsable del logo actual del Autódromo. Lo llamativo del despido encubierto fue la presencia de gente del ministerio de Modernización, cuando esa cartera no tiene incidencia en el Autódromo. El circuito depende de la Vicejefatura de Gobierno, es decir, Diego Santilli. Su máximo responsable es el jefe de gabinete de Santilli, Luis Betnaza, hijo del directivo de Techint implicado en la causa de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno.
