El futuro de la política de drogas ante el gobierno de Lacalle Pou

Página/12 en Uruguay
Desde Montevideo

Durante los tres días en que casi 20 mil personas coparon Expo Cannabis en el Centro de exposiciones LATU en Montevideo, uno de los ejes centrales del debate que rodeó las charlas entre funcionarios y académicos fue sobre el futuro de las políticas de derechos de Uruguay ante el cambio de gobierno. “¿Es probable que se pierdan derechos?”, fue una de las preguntas y focos centrales que recorrieron el ambiente, por lo demás festivo y de potencial desarrollo: si el negocio del cannabis moviliza entre 150 mil y 200 mil millones de dólares según las diferentes estimaciones globales, la sexta edición de este encuentro con apoyo estatal en su organización y siendo declarada de interés tanto por el país como por la intendencia de Montevideo, ocupa el lugar de motorizar y agilizar algunas derivas burocráticas que aún padece la industria local. Y nadie escapa al temor por lo incierto del futuro cercano.

Mientras la exposición se divide en dos grandes focos, el industrial asociado sobre todo al cannabis medicinal y el de consumo recreativo con más de 100 stands de Brasil, sobre todo, Uruguay y Argentina (los chicos del emprendimiento Magic Box estaban sorprendidos por la fiesta y la organización que implica en el marco de un consumo legal, a diferencia de lo ocurrido en la expo argentina), las charlas fueron bien focalizadas en el aspecto de cómo regular, cómo seguir con la legislación y que Uruguay, considerado un modelo de regulación de vanguardia, siga ese rumbo.

La llegada de Luis Lacalle Pou siembra algunas dudas y es disruptiva en el marco actual. Aunque él mismo supo presentar uno de los primeros proyectos de ley para regular el mercado del cannabis en Uruguay, aun antes de que se hiciera la ley de 2013, suponía algunas diferencias que ha ratificado en declaraciones recientes: la primera es que no está del todo de acuerdo con que el Estado se involucre en la producción de cannabis, la segunda es el modo de dispensar la droga, ya que se opone a que sean las farmacias las que entreguen el cannabis. Ya hay 38.601 adquirentes registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis.

“Esto supone un problema porque es el 70% de los consumidores --explica Mercedes Ponce de León, directora de Expo Cannabis y experta en la industria cannábica en todo el mundo--, y cerrar la entrega de marihuana en farmacias supone devolverle ese negocio al narcotráfico. Además, una aclaración: el Estado no produce, solo otorga licencias a las cinco empresas que proveen al sistema de expendio estatal”.

Los números avalan su inquietud: entre quienes autocultivan (7.871) y quienes adquieren cannabis en alguno de los 145 clubes de membresía (4.187) suman menos de una tercera parte de quienes se anotaron para adquirir su cannabis en alguna de las 17 farmacias habilitadas (luego de que varias rechazaran vender el producto).

La eventual asunción de un integrante de Cabildo Abierto, el partido de ultraderecha del ex jefe militar Guido Mannini Ríos --que rechazó el cargo pero lo pidió para su partido-- en el Ministerio de Salud es el mayor temor de Ponce de León y de Marco Algorta, fundador de la empresa Cannapur (asociada a capitales canadienses) y actual presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis. La idea suena disruptiva también porque las últimas encuestas de la Junta Nacional de Drogas sobre opinión pública arrojaron que un 98% de las personas aprueba el uso de cannabis medicinal en Uruguay, cuando antes de la ley este número arañaba el 30%. Lo mismo ocurre con el número de uruguayos que aprueba el consumo recreativo, que trepó al 54% y superó la mitad más uno de la población por primera vez. Para ratificar esta voluntad popular, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, aseguró al abrir una mesa debate en Expo Cannabis que “Montevideo es la ciudad de la paz, de los derechos y las libertades; y estos proyectos deben hacernos estar a la vanguardia en estos temas”.

Algorta, sin embargo, teme un poco por el futuro de la Salud Pública: “Hay que ver si empiezan una cruzada a favor de las farmacéuticas y contra el aborto, entre otras cosas. Esta industria tiene mucho potencial, aunque es un período de menor liquidez por la guerra comercial entre EE.UU. y China, y a eso se le suma que Tabaré Vázquez era de la fracción que frena la potencia”. Ese es otro secreto a voces y lo gritaron fuerte en la expo tanto el ex titular de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, como la experta en tratamientos de adicciones y principal asesora en la ley de 2013, Raquel Peyraube.

“La evidencia demostró que es mejor regular este mercado que prohibirlo. El que quiera ir contra este negocio, contra este movimiento social, cultural y de derechos es porque vive en una cueva. Los hay, claro, y habrá puja, pero no creo que lo toquen porque es una industria pujante y son derechos adquiridos”, aseguró a Página 12 Romani.

Si bien el ex funcionario reconoce los riesgos de abrir el consumo de drogas, explicó que no se trata de regular, porque regular también regula el mercado negro, sino de regular estatalmente. Y que las sustancias, cuanto más riesgosas, más se deben regular para prevenir riesgos y educar a los ciudadanos.

Para la doctora Peyraube, está claro que las sustancias están para quedarse y que “la prohibición evita la educación, es una cuestión de seguridad, salud pública y derechos humanos”, por lo que propone “legalizar todas las drogas en sus formas más puras, porque una política debe demostrar pragmatismo, eficacia y humanitarismo”.

A los políticos, pero sobre todo a los que ocupan posiciones expectantes, antes de que asuman les advirtió que “Uruguay está siendo ejemplo de legalizar y de decir cómo, es un criterio no de promoción y mercado, sino de salud. Dejen la opinología, porque lo importante no es lo que a un político le parece sino que piense en términos de política pública” y volvió a arremeter contra el presidente saliente: “Tabaré dijo que él obstaculizaba la ley porque para él está mal consumir, y eso está mal. Tenemos referentes internacionales de Políticas Públicas de drogas, como Marcos Baudean... ¡Que los llamen!”, clamó.

Justamente Baudean tomó la posta y también advirtió sobre los peligros ante el cambio de manos en el área de Salud. Si bien duda de que retrotraigan las medidas, sí cree que hay algunos elementos en peligro. Consultado por Página 12, aseguró: “No veo que vayan atrás con la regulación, pero sí con venta en farmacias y puede apuntarse al cultivo individual. El canal farmacéutico, sin embargo, tiene todo el control, uno sabe qué sustancia, qué potencia, cómo es. Si vuelve a perderse eso, se vuelve a un mercado sin control y hasta se puede desregular el precio”.

También pidió que los políticos entiendan que no se trata de un problema de sustancias sino de políticas públicas, e insistió con que los especialistas coinciden en que no es un tema de drogas, sino de políticas públicas. Por último, aclaró: “No se trata de ver cuántos consumidores hay y si la inseguridad responde a eso, es irrelevante; si se legaliza algo que era ilegal, obviamente sube el consumo porque más gente lo reconoce y porque habrá curiosos, pero la pregunta clave es: ¿la sustancia genera más daño o menos ahora? La violencia aumenta porque el mercado se achica y los narcos recrudecen la disputa también”.