Tras el veto del presidente Mauricio Macri a la ley que expropió el autogestionado Hotel Bauen, la Justicia fijó la fecha para su desalojo. Así lo informaron sus trabajadores, al explicar que “la jueza comercial Paula Hualde dispuso la restitución del inmueble de la avenida Callao 360 a la empresa Mercoteles, con un plazo tope el día 14 de abril”. Al mismo tiempo, convocaron a resistir la medida a organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, y anunciaron que “seguirán luchando” como vienen haciendo desde hace una década y media.
Frente a estas circunstancias y después de la sanción de la ley de expropiación obtenida en 2016, los trabajadores reafirmaron su “convicción de seguir gestionando el hotel de forma cooperativa, tal como lo hemos hecho durante los últimos 14 años e insistiremos para que este año el Congreso Nacional vuelva a acompañarnos, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, para rechazar el veto presidencial”.
Con el objetivo de delinear “un plan de acción para la defensa del Bauen”, los trabajadores convocaron a organizaciones sociales, políticas y sindicales a una reunión abierta el jueves 9 de marzo, a las 18. El presidente de la cooperativa, Federico Tonarelli, adelantó que parte de ese “plan de acción incluye un trabajo con diputados para rechazar el veto presidencial”.
Como ese veto fue sobre la totalidad de la ley, se necesitan dos tercios de los votos de los legisladores para superar la negativa presidencial, algo que en principio plantea un difícil escenario a nivel parlamentario.
Para Macri, según alegó al anular la ley, la expropiación “favorece exclusivamente a un grupo particularizado, sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general”. Además, advirtió que los recursos del Estado podrían ser destinados “a otras necesidades insatisfechas y no para las 150 familias que dependen de los trabajos que genera ese hotel”.
La expropiación del Bauen que sancionó el Senado hubiera permitido la entrega en comodato del edificio donde funciona la cooperativa, con un plazo de 20 años para cancelar el crédito. Los trabajadores recuperaron el hotel después del cierre y abandono de sus dueños en 2001. En 2003 se constituyeron como cooperativa y desde allí llevan adelante su gestión, poniendo en evidencia que aún en tiempos de crisis los ex empleados son capaces de hacer funcionar las empresas, frente al vaciamiento de las patronales.
“El colectivo de trabajadores fue asumiendo las implicancias del paso de un modelo de trabajo en una empresa capitalista, cuyo objeto social es la maximización de ganancias, a otro sistema basado en el opuesto ideológico: la cooperación y la solidaridad como motor y estímulo para el trabajo”, expresó el secretario general del Partido Solidario, Juan Carlos Junio, al momento de la sanción de la expropiación.
