El empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa continuaron ayer la ronda de indagatorias convocada por el juez federal Claudio Bonadio en la causa Los Sauces. López y De Sousa se declararon ajenos a la supuesta organización delictiva por la que fueron convocados, aseguraron que pagaron a la empresa Los Sauces alquileres a los precios normales del mercado por lo que reclamaron ser sobreseídos. Es la misma causa en la que el próximo lunes declararán Máximo y Florencia Kirchner y el martes la ex presidenta Cristina Kirchner.
Los empresarios, responsables del Grupo Indalo –que actualmente abarca rubros que van desde casinos, petroleras, alimenticias a medios de comunicación– presentaron sendos escritos en el juzgado de Bonadio. Cristóbal López brindó detalles de las circunstancias por las que él y su socio debieron alquilar los departamentos en el edificio Madero Center, donde por otra parte él vive desde que vino a Buenos Aires desde Comodoro Rivadavia. Que de a poco fue concentrando su actividad allí, especialmente desde que empezó a tener problemas de salud en 2011 lo que le impedía recorrer a diario sus empresas por lo que alquiló un dúplex que le había quedado vacío a la empresa de los Kirchner para que trabajara el personal técnico y administrativo.
“El precio del alquiler pactado se ajustaba a los parámetros del mercado”, aseguró. Para eso brindó detalles de todos los alquileres pagados por su grupo empresarial para la misma fecha en la zona de Puerto Madero y Catalinas. “Podrá advertirse que no existen diferencias de consideración con los valores que se pagan por los contratos con la empresa Los Sauces SA”, afirmó. Incluso, que muchas veces abonaban precios aún inferiores. López remarcó que ninguna de las empresas que alquiló propiedades a la sociedad de la familia de la ex presidenta –se trató de Alcalis de la Patagonia SAIC e Inversora M&S SA– eran “adjudicataria de contratos de obra pública”.
La teoría de Bonadio es que Cristóbal López y Lázaro Báez pagaban alquileres –supuestamente más elevados que lo normal– a la familia Kirchner como “retorno” por ser beneficiados con obra pública. La supuesta organización ilícita involucraría a 18 personas que fueron citadas a indagatoria. “Los contratos de alquiler suscriptos con Los Sauces SA son operaciones comerciales que forman parte del giro ordinario de negocios que desarrollan las empresas del Grupo Indalo, se ajustan a los valores de mercado, los pagos y toda la registración contable se llevaron a cabo según las prácticas legales y no puede merecer objeción alguna”, concluyó López en el escrito.
De Sousa repitió los argumentos en su presentación. Por ejemplo, que desde 2009 a la fecha las empresas del Grupo Indalo efectuaron 493 locaciones de inmuebles. Por lo que los alquileres realizados a las propiedades de Los Sauces SA no tienen nada de particular. El departamento en el Madero Center estaba destinado como vivienda en la que habitaría junto a su entonces esposa Rafaela Rubin y sus dos hijos. “El precio de alquiler pactado ascendía a 7500 dólares más IVA, cifra que por cierto resultaba muy conveniente habida cuenta de los valores promedio de mercado que registraban unidades similares”, explicó. De Sousa detalló que se separó de su mujer y que ella y su hija todavía viven en ese departamento.
“No existe ningún elemento de prueba que permita tan siquiera vincularme de manera remota con la existencia de una supuesta asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de hechos de corrupción en la administración pública”, sostuvo. Y añadió que “la referencia que se hace a contratos de obra pública, licencias habilitantes de juegos de azar o áreas de explotación petrolera adjudicadas de manera irregular a empresas del Grupo Indalo resulta totalmente equivocada y ha sido descartada por pronunciamientos judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada”.
Los escritos fueron muy similares y añadieron los mismos cuadros donde se detallan los muchos alquileres de las empresas del grupo. López y De Sousa cerraron diciendo que no existían razones para mantener sus imputaciones en la causa por lo que pedían su sobreseimiento.
Hoy será el turno de Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta, y del detenido empresario Lázaro Báez, a quien sus hijos ya le adjudicaron la responsabilidad total en las decisiones de la empresa. Serán los últimos antes de la familia Kirchner propiamente dicha, que declararán lunes y martes próximos.
