Mientras se multiplican los cuestionamientos de las organizaciones de derechos humanos y de mujeres por la designación del coronel retirado Juan Manuel Pulleiro como ministro de Seguridad, en la que se mantiene firme el gobernador electo Gustavo Sáenz, el ex militar se prepara para comandar a un cuerpo de seguridad que triplica en número la cantidad de efectivos que dirigía como jefe del Ejército.

La provincia de Salta, según estadísticas oficiales del 2018, cuenta con 11.060 policías, lo que representa más de cinco efectivos por cada mil habitantes. Cuando asumió Juan Manuel Urtubey en 2007, esa cifra era de 3,2, por eso durante su discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura de este año, se jactó de ello.

Pulleiro fue hasta principios de este año comandante en jefe de la V Brigada de Montaña, esta división del Ejercito tiene tropas y estructura en La Rioja, Catamarca, Jujuy, Tucumán y Salta, desde donde se ejerce la jefatura. El ex militar tenía a su cargo, sumando la región completa, unos cuatro mil efectivos entre soldados, suboficiales y oficiales.

Ahora a los 11.060 policías, deberá sumarle los 2.863 agentes del servicio penitenciario que también quedarán bajo su órbita como ministro, lo que eleva el número de personal de seguridad a casi 14 mil.

Además, la Policía cuenta con un nada despreciable parque automotor que asciende a los 975 vehículos, y el correcto equipamiento de los efectivos en cuanto uniforme y armamentos.

Otro detalle no menor es que recibirá una red de 1400 cámaras de seguridad monitoreadas desde el centro operativo del sistema del 911. Esta red permite principalmente tener sectores del micro y macro centro completamente vigilados. Además de las principales ciudades del interior.

Los cuestionamientos desde los organismos de derechos humanos contra Pulleiro se dan a partir de la reivindicación pública que hizo del denominado combate de Manchalá, un supuesto enfrentamiento en esa localidad tucumana del que participó el Ejército, entre los que había conscriptos salteños, contra un grupo guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el marco del Operativo Independencia en 1975.

En el acto del día de la bandera en 2017, que se hizo en Salta, Pulleiro llegó a comparar dicho enfrentamiento con las batallas de Belgrano, Güemes y las de la Guerra de Malvinas.

Además, participó activamente para la reposición del monumento que recuerda los sucesos de Manchalá, el cual había a sido desmantelado en 2013 por una ordenanza municipal aprobada en el Concejo Deliberante salteño y que fue reconstruido en 2017 luego de que se derogase esa ordenanza, por iniciativa de Alberto Castillo, actual edil macrista que al igual que el ex militar cuestionado, está a punto de asumir un cargo en el gobierno de Sáenz.

La relación entre el futuro ministro de Seguridad y el gobernador electo se entabló cuando Pulleiro era jefe del Ejército y Sáenz comenzaba su gestión como intendente.

A ambos se los pudo ver compartiendo varios actos públicos, como la despedida de los salteños que se incorporarían al cuerpo de Granaderos el año pasado.

Una vez que el ex militar solicitó la baja del Ejército en enero de este año, Sáenz lo incorporó a su equipo para que se hiciese cargo del Plan de Recuperación y Mantenimiento de Plazas Barriales.

Tras las elecciones Pulleiro, por pedido del actual intendente, fue el que llevó adelante la transición del área de Seguridad, en la que luego fue confirmado como ministro.

Política de género

Otro de los puntos que genera preocupación, principalmente entre las agrupaciones de mujeres, es que parte de las políticas de lucha contra la violencia de género, que antes atendía el ministerio de Gobierno y Derechos Humanos, fueron traspasada a Seguridad.

Así, por ejemplo, la cartera a cargo de Pulleiro, según los establecido en la recientemente aprobada Ley de Ministerios, "deberá brindar orientación y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia, información, orientación, contención y asesoramiento en temáticas relacionadas con delitos contra la integridad sexual de la mujer, violencia doméstica, maltrato y abuso infanto-juvenil".

También, "diseñar planes y programas de atención multidisciplinaria para la debida asistencia de mujeres víctimas de violencia de género, coordinando con los organismos públicos que correspondan las acciones tendientes a la prevención, abordaje y eventuales alternativas de solución".

Uno de los reclamos que hacen los organismos encargados de monitorear el cumplimiento de las leyes y protocolos que refieren a las cuestiones de violencia de género, es el frecuente déficit en la atención cuando una mujer concurre a realizar una denuncia en una comisaría. Situación en la que muchas veces la denunciante no puede cumplir con su objetivo por negativa de los oficiales a tomarle la denuncia o la constante revictimización que sufre por parte de los efectivos.

De ahí que el justificado temor surge ante la evidente incapacidad constante del Ministerio de Seguridad de poder dar solución a algo básico como es la capacitación en ese tema de sus policías, y que ahora además deberá hacerse cargo del diseño de políticas tendientes a evitar la violencia de género y contener y asistir a la víctima.

Gatillo fácil

Pulleiro también se encontrará con un complejo panorama en cuanto a las denuncias que involucran a efectivos en casos de gatillo fácil y que este año se multiplicaron.

En lo que va del 2019 son 5 los casos abiertos en los están acusados policías que por el uso indebido de la fuerza asesinaron a personas en medio de operativos policiales.

Hace menos de un mes se realizó una marcha en la que se reclamó por la violencia policial, de la que participaron familiares de las víctimas de gatillo fácil: Cristian Gallardo, Gury Farfán, David Neri Ovejero Alfonzo, Ramón Zarate y Martín Carreras, todos hechos sucedidos este año.