El Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) analiza la posibilidad de tomarle declaración como testigos al ex secretario de Interpol Ronald Noble, y a Joel Sollier, ex consejero general de esa fuerza internacional, en la causa del Memorándum con Irán, basada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Es una prueba clave en este caso, que se dejó de lado durante la etapa de instrucción, pero que podría hacer que se caiga la causa o darle un fuerte golpe. Esto se debe a que Noble siempre afirmó, incluso desde el momento que se conoció la acusación de Nisman, que el pacto con Irán nunca modificó la vigencia de las alertas rojas sobre los iraníes. Incluso precisó que el gobierno argentino lo dejaba en claro. El entonces funcionario de Interpol ofreció públicamente varias veces su testimonio. Ahora Carlos Zannini, que estuvo detenido por este expediente, le reclamó al tribunal esta medida.

La causa del Memorándum se abrió con la denuncia que presentó Nisman el 14 de enero de 2015. Cuatro días después el fiscal apareció sin vida. Casualmente antes se había conocido la postura de Noble, que fue publicada por Raúl Kollmann en Página/12: “Lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos contra los funcionarios iraníes”. También había dicho: “En los últimos dos días, me sorprendió totalmente escuchar semejantes afirmaciones falsas que se atribuyen a la denuncia del señor Nisman, a quien conozco. Al contrario, señor Nisman: el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí”.

El primer juez de la causa fue Daniel Rafecas, quien dijo que había que archivar el tema por inexistencia de delito. Entre otras cosas reparó en que el Memorándum había sido aprobado por el Congreso, como herramienta posible para sacar a la causa AMIA de su estancamiento, y dio crédito a una serie de correos entre Noble y la cancillería que daban cuenta de que lo mismo que el ex secretario de Interpol decía públicamente sobre las alertas rojas. Pero, con aliento del Gobierno de Macri, se logró mantener abierta una causa melliza, donde incluso primero el juez Claudio Bonadío utilizó el delito de traición a la patria, que luego la Cámara modificó. Pero es el expediente que finalmente llegó a juicio. El juzgado dictó las prisiones preventivas de Cristina Fernández de Kirchner –que no podía ser arrestada por tener fueros–, Héctor Timerman, Luis D’Elía y Zannini. Este último ni siquiera figuraba en la denuncia del Nisman, fue introducido en el caso durante la instrucción. Fue liberado casi cuatro meses después.

La citación de Noble como testigo fue pedida varias veces antes de que el caso fuera elevado a juicio. El juez nunca hizo lugar. Incluso en algún momento circularon rumores de que pretendía imputarlo. En el TOF8, que quedó a cargo de juicio oral, hace rato hay deliberaciones sobre la falta de sustancia del proceso, cuyo inicio se demora, también, porque los tribunales están desbordados y faltos de personal. Ahora el foco de deliberación interno es la presentación de Zannini, que es crucial. El futuro Procurador del Tesoro argumentó que “antes del debete (oral), con noticia de las partes, el presidente, de oficio o a pedido de parte, podrá ordenar los actos de instrucción indispensables que se hubieran omitido o denegado o fuera imposible cumplir en la audiencia o recibir declaración a las personas que presumiblemente no concurrirán al debate por enfermedad u otro impedimento”. El planteo señala que resulta “inaudito” que Noble y Sollier no hayan declarado porque son “los únicos testigos que podrían explayarse sobre las circunstancias que rodearon el tema central de investigación, y al igual que el canciller Timerman, sus aportes constituyen prueba decisiva para establecer la verdad”.

Tras la firma del Memorandum la secretaría general de Interpol documentó en el trámite de las alertas rojas vigentes contra los iraníes sospechosos que fue informada “respecto de que el 27/01/2013 se firmó un acuerdo entre Argentina e Irán y la República Islámica de irán sobre el atentado terrorista a la AMIA en 1994 en relación con la presente notificación con el fin de resolver esta cuestión por la vía diplomática. El estado de la presente notificación permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General de Interpol en 2007”. De eso, según Zannini se desprendía: la “inexorable” voluntad de los funcionarios argentinos de no modificar las alertas rojas y la imposibilidad de modificar el estatus por medio del memorándum. Noble y Sollier podrían declarar por viedoconferencia, o que viaje alguno de los miembros del tribunal.

Es difícil pensar cómo puede continuar el juicio si se confirma, por medio de los testimonios en cuestión, que no levantaron las alertas rojas, que Irán no aprobó el Memorándum y que en Argentina fue declarado inconstitucional.