Una de las mayores sorpresas del discurso inaugural de Alberto Fernández fue la dureza y la contundencia en materia judicial. "Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática", marcó el mandatario. Y de inmediato remató: "Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, 'operadores judiciales', procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos". Con ese diagnóstico, el presidente coincidió en un 100 por ciento con lo que viene denunciando su vicepresidenta, en especial en su explosiva y precisa declaración ante los jueces del caso de la obra pública vial de Santa Cruz. Y, además, la cuestión judicial motivó un anuncio concreto. El presidente dijo que se enviaría un paquete de leyes para concretar una reforma integral del sistema federal de justicia.

La trascendencia que el mandatario le dio al tema judicial también se verificó en los tiempos: Alberto Fernández dijo que mandará las leyes al paralamento "en los próximos días". O sea que, junto con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, lo consideraron un tema de máxima prioridad, al punto que parece que estaría en el listado de cuestiones a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso, al nivel por ejemplo de la declaración de emergencia sanitaria.

Por supuesto que habrá que ver los detalles, pero se trata de una materia en la que Fernández y Losardo son especialistas y desde hace tiempo vienen hablando de los lineamientos generales. Las versiones abarcan varios aspectos.

* Puesta en marcha del sistema acusatorio, al que Mauricio Macri demoró todo lo que pudo, poniéndolo en marcha sólo en el norte del país. En concreto, los fiscales pasarán a ser los instructores de las causas, papel que hasta el momento estaba a cargo de los jueces. O sea, hasta ahora los magistrados ordenaban y ejecutaban las pruebas y luego se aprobaban a sí mismos dictando, por lo general de manera casi automática, los procesamientos. El sistema acusatorio consiste en que los fiscales investigan y acusan; el imputado se defiende con su abogado, y el juez está en el medio resolviendo. Es un sistema que a los jueces --más todavía a los federales-- no les gusta nada porque pierden poder.

* A esto se agregará la designación de un nuevo Procurador General de la Nación, cargo vacante desde que lo dejó, presionada por Macri, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Desde hace tiempo que se menciona para ese puesto al juez federal Daniel Rafecas y la lógica indica que en el Senado estarían los votos necesarios para designarlo.

* Es casi seguro que se reflote la idea que en su momento tuvo Gustavo Béliz, quien propuso que las causas en materia penal federal --corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestros-- ya no se sorteen sólo entre los jueces federales de Comodoro Py sino entre todos los jueces penales de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que ya no caerán los sorteos en los 12 magistrados del edificio de Retiro, sino en los cerca de 70 jueces penales que hay en CABA. Es restarle poder a los nombres conocidos de Comodoro Py.

* También parece cantado que las escuchas telefónicas volverían a la Procuración. Ya estuvieron en esa órbita, con la conducción de la fiscal Cristina Caamaño y en tiempos de Gils Carbó. Por entonces no se produjo ni una sola filtración ni una jugarreta política. En cambio cuando Macri mandó las escuchas a la Corte Suprema y ésta se los derivó al aparato de Comodoro Py, hubo una fiesta de filtraciones y una burda utilización política contra los opositores. En todos los casos apareció la AFI en el medio y lo cierto es que las escuchas terminaron horas y horas de vergonzosos programas de televisión. El show no paró ahí: aparecieron diputadas de la Coalición Cívica o el fiscal Carlos Stornelli aduciendo que les mandaron transcripciones de escuchas ilegales, en un sobre, de manera anónima. Es seguro que será prioridad para el gobierno de Fernández-Fernández terminar con esa práctica escandalosa.

* Más allá de esta reorganización de fondo, un punto clave estará en la prohibición de que los servicios de inteligencia se metan en los expedientes judiciales. El ejemplo más grotesco es el que se develó en el juzgado de Dolores. El juez Alejo Ramos Padilla puso en marcha una investigación en la que se demostró la forma en que un inorgánico de la AFI, Marcelo D'Alessio, participó en los armados de causas contra los opositores. La participación de abogados, contratados por la AFI, también llevaron a una operación contra el juez Sebastián Casanello, al que le inventaron que estuvo en Olivos reunidos con CFK.

Se ve que semejante estado de cosas motivó las durísimas palabras de Alberto. Es que el presidente sabe desde hace tiempo que la coalición judicial-política-mediática es un fenómeno continental que, como se vio en Brasil con la proscripción de Lula, pone en el máximo peligro a las democracias.