Lucía Ruiz es presidenta de la Organización Campesina Unión y Progreso. Junto a otros campesinos del Chaco salteño fue acorralada por los desmontes no solo a nivel territorial, sino judicial y político. El sábado la campesina llevó a la Cumbre de Cambio Climático más importante a nivel mundial la experiencia que viven los campesinos criollos e indígenas en una zona cooptada por la extensión de la frontera agrícola. "Queremos que el mundo grite por más árboles, por más flora y fauna”, sostuvo en esa instancia.
La exposición de Ruiz en la Cumbre fue el 7 de diciembre en el marco del Programa “Euroclima”, en el panel “Mujeres defensoras ambientales y el cambio climático: Estrategias de incidencia y resistencia ante el avance del modelo extractivista”. El programa es financiado por la Unión Europea y cofinanciado por el gobierno federal de Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), así como los gobiernos de Francia y España, para promover el desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al clima en 18 países de América Latina, en particular para el beneficio de las poblaciones más vulnerables. Si bien la Cumbre había sido pensada para ser desarrollada en Chile, el estallido social del vecino país obligó a cambiar la sede a Madrid.
“Nadie parece frenar la ambición de los empresarios destruyendo la flora y la fauna”, dijo Ruiz al contar su experiencia a Salta/12. Uno de los cuestionamientos más resonantes tiene que ver con la falta de visibilización del sector como sujeto político. “Los gobiernos no preguntan (qué hacer), sino que van y lo hacen. No preguntan qué queremos o cómo queremos el desarrollo ¿Cuál es el desarrollo que ellos quieren? No es el nuestro”, dijo la campesina. En esta imposición, dijo Ruiz, los administradores estatales de mayor responsabilidad dejan de lado “que lo nuestro es una cuestión de costumbres, tradiciones y culturas”.
Para los campesinos, la pavimentación de la ruta nacional 81 en 2008 implicó “un gran avance” para el desarrollo propio, dado que “estamos sumidos en la supervivencia”. Más nunca, dijo Ruiz en su exposición ante la Cumbre, “avizoramos las consecuencias y problemas que esto traería aparejado ya que las tierras y territorios que antes a nadie le importaban ahora habían comenzado a tener valor”.
Fue en aquellos años que los campesinos conocieron a los llamados “titulares registrales” que sostenían una supuesta propiedad sobre tierras que estaban habitadas por las familias campesinas. Aparecieron los empresarios con los proyectos de desmontes, la extracción de petróleo, feed lots y la idea del monocultivo de soja. Ninguno de esos empresarios vivió nunca en la zona.
Luchar para resistir
Ruiz recordó que entonces comenzaron las luchas del campesinado para conservar sus tierras “y cuidar el monte chaqueño junto a su flora y fauna, produciéndose batallas campales entre policías y empresarios contra los campesinos”.
En el medio de esas luchas “muchos de los compañeros quedaron detenidos, enjuiciados, discriminados por el solo hecho de ser campesinos y llevar una costumbre y tradición, algunos perdieron la vida”, dijo. En su caso en particular recordó que tuvo pedidos de captura por causas infundadas. Al día de hoy Ruiz se encuentra incluso procesada “por defender las tierras y el monte”.
Contó la experiencia de solicitar una ley que ampare a los agricultores familiares criollos y evitar sus desalojos. Fue entonces que en 2010 se logró la sanción de la ley 7658, que está vigente pero el artículo que evita los desalojos es prorrogado hace 10 años.
No fue fácil. “Nos teníamos que trasladar a casi 500 kilómetros para exigir a los diputados y senadores que aprueben esta ley, con mucha lucha de presión pudimos lograrlo, pero hay muchos juicios de desalojo antes de la aprobación de esta ley y hay que hacer frente de resistencia y lucha para que no sean desalojados de esas tierras que vinieron heredando de generación en generación”, sostuvo Ruiz al exponer en la Cumbre.
El fortalecimiento del sector es a través de la capacitación en manejo silvopastoril a los productores de ganado, y el mejoramiento genético de la producción a través del acompañamiento de instituciones como el INTA, INTI, la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF) y diversas organizaciones no gubernamentales.
La rentabilidad y su costo
Ruiz entendió que desde la óptica del gobierno nacional y los grandes productores “no somos rentables para el país”. El modelo de progreso que dijo, plantean desde el sector, involucra una producción artificial cuestionada. La agricultura con agrotóxicos y la producción de animales con hormonas. En nombre de las mujeres campesinas Ruiz afirmó: “estamos convencidas como mujeres, como madres, como abuelas, que queremos para el país y para el mundo un planeta con oxígeno que podamos respirar sin tener que tener un aire acondicionado y comer verduras sin agroquímicos y carnes que no sean fofas llenas de hormonas”.
