Eugenia del Valle Barboza denunció ante la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado que es objeto de amenazas y agresiones por parte del ex juez federal Ricardo Lona. Según dijo, estas acciones están motivadas por el deseo de la famillia del ex magistrado, y de él mismo, de desalojarla del lugar donde vive desde hace 54 años, los que tiene de vida. 

Es que Eugenia nació en ese lugar. Es hija de Mariano Barboza, que era empleado en la finca de la familia Ortiz, titular registral del terreno escenario de estos hechos, ubicado en la localidad de San Luis, delegación municipal de la ciudad de Salta Capital. Como empleado, Barboza padre ocupaba con su familia una casita a 300 metros del casco central, es la vivienda que sigue ocupando su hija. 

En agosto pasado Eugenia Barboza se presentó en la Fiscalía a cargo de Carlos Amad a denunciar que si bien estas acciones de su vecino venían desde hace tiempo, recién por esos días se había enterado que estaba siendo juzgado por su participación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, hecho cometido en el marco del terrorismo estatal. Al parecer, esto la animó a hacer la denuncia. 

Ya a principios d eaño Eugenia se había acercado a militantes de organismos de derechos humanos a contar las peripecias que vivía con su vecino, pero entonces había pedido reserva de sus acusaciones, precisamente porque temía por su seguridad. 

Finalmente, cuando se decidió a presentarse en la Fiscalía relató que en 1999 esos terrenos pertenecían a la familia de apellido Ortiz y a partir de esa fecha Lona y su familia se instalaron a vivir ahí, dado que la mujer del ex juez, Eleonora Ortiz, proviene de esta familia. Contó que el ex magistrado pretende sacarla de la finca "si no se deshace de los animales" que ella cría para autosustento.

En la denuncia Barboza contó que a principios de año cuando su hija, María Balderrama, persona trans que hizo el cambio formal de identidad, se encontraba sola en la vivienda, Lona la insultó y agredió verbalmente sobre su identidad de género. Inquirió de qué vivía y le enrostró que "seguramente viven de planes". La joven le respondió que vivía de la actividad avícola y que estudia biología.

La denunciante dijo que este fue solo un episodio, que a lo largo de los años ha recibido distintas amenazas y agresiones verbales del ex juez, que llegó a decirle que iba a destrozarle la casa. Dijo que siente "mucho miedo. Expuso que hay una acequia que colinda entre su casa y la de Lona y que "él siempre va a revisar que los animales de la dicente no estén" ahí, que el ex juez "cruza por el puente de la acequia en su camioneta y amedrenta a la dicente, a su hija y a sus otros hijos que también viven con la dicente y que uno de ellos es menor de edad, que es lo que mástemor le causa". Barboza afirmó que en todos estos hechos Lona fue acompañado por su mujer. 

Cuando en la Fiscalía le preguntaron si quería añadir algo más respondió que desea que "Lona no vaya más a su casa a amenazarla. Que a veces lo hace en estado de ebriedad y que es cuando más agresivo se pone" en grado tal que "incluso llega a temer por su vida y la de sus hijos", que teme también porque tiene un estado de salud frágil, con un marcapasos, y "le preocupa que Lona vaya cuando la dicente se encuentre sola en su domicilio y no tenga quien la defienda".

El fiscal Amad entendió que parte de la denuncia debe ser atendida por la justicia provincial. El trámite fue remitido recientemente a ese ámbito, donde quedó a cargo del fiscal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal, informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia. 

Otra parte, que refiere a la violación de las condiciones de la prisión domiciliaria que tiene Lona en su calidad de condenado e imputado en causas por delitos de lesa humanidad, quedó en manos del fiscal federal, que ya pidió que se use el sistema de pulsera electrónica para evitar que el ex magistrado se valga de la extensión que tiene la finca para agrandar los límites donde debe cumplir su detención. 

En septiembre pasado Lona fue condenado a 15 años de prisión por prevaricato y por ser partícipe secundario del homicidio agravado de Ragone y del comerciante Santiago Arredes, y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal. El ex gobernador fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, cerca de su casa, en la ciudad de Salta. Los integrantes del grupo de tareas mataron a Arredes, que intentó ayudarlo, y quisieron matar también a Martínez de Leal, que fue testigo del secuestro. El cuerpo de Ragone permanece desaparecido. 

Además, Lona está encausado en otras dos causas por delitos de lesa humanidad. En una está imputado como partícipe de los homicidios de once detenidos en la conocida como Masacre de Palomitas, cometida el 6 de julio de 1976.