Como si fuera un GPS, el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, mostró a grandes trazos el camino para revertir la delicada situación económica que dejó Mauricio Macri. Dijo que una de las rutas que podría tomar, la de la emisión monetaria, en realidad es una trampa que llevaría a la desestabilización general de las principales variables. También fue enfático en que no hay espacio para generar impulso fiscal, porque el mapa heredado no ofrece ninguna avenida ni tampoco calle ancha, sino apenas un pasaje que se estrecha por la propia recesión. Además, sostuvo que para lograr consistencia en el viaje hay que tender a conseguir superávit primario (que los ingresos del Estado superen a los gastos, sin contar los pagos de deuda). Guzmán también dijo, sin embargo, que el principal objetivo en materia macroeconómica es dejar de caer, y confirmó que habrá aumentos de emergencia para jubilaciones y asignaciones. Sin shock de emisión ni suba del gasto público, el atajo para llegar a destino será reorientar los 1,2 billones de pesos que actualmente están previstos para cancelar vencimientos en 2020. Esa será la principal caja para financiar a empresas y familias, mejorar los ingresos populares y empezar a encender la economía.
Guzmán no lo dijo expresamente en la conferencia de prensa que inauguró su gestión, pero fuentes oficiales lo anticiparon a este diario. Lo que si remarcó el ministro es que la renegociación de la deuda es fundamental para darle consistencia a un plan económico integral. Es clave no solo porque Argentina no está en condiciones de cumplir sus compromisos, como coincide todo el arco de economístas y admitía hasta el ex ministro de Cambiemos, Hernán Lacunza. La negociación con los acreedores también es esencial por este otro motivo: se necesita liberar recursos para apalancar políticas que rescaten a la producción y al mercado interno. Buena parte del margen de maniobra del año que viene surgirá de lo que se logre en esa mesa con los tenedores de bonos.
El proyecto de Presupuesto para 2020 que había presentado el gobierno anterior destinaba el 19,3 por ciento de las partidas a los pagos de deuda pública. Cuando Macri había empezado su gestión en 2015, la carga era equivalente al 5 por ciento de las partidas. Es decir que en cuatro años cuadruplicó el volumen de intereses a pagar por el brutal endeudamiento que le generó al Estado. Sobre gastos totales estimados en 6,2 billones de pesos, para deuda pública estaban previstos 1,2 billones. Guzmán pretende no gastar nada de eso el año que viene y repetir el escenario en 2021. Esa fuente de financiamiento indirecta pactada con los bonistas sería la más importante en el arranque del programa económico.
Quedan otras dos que el ministro no mencionó, pero que también aparecen en el radar. La primera es incrementar la recaudación fiscal con nuevas cargas de retenciones a las exportaciones, tanto del complejo agropecuario como de la minería, bajando las de la industria. También se analiza aumentar los ingresos por Bienes Personales, gravar las ganancias extraordinarias de los bancos y a quienes blanqueron y dejaron el dinero fuera del país. Finalmente, la última es una reasignación de partidas con una orientación pogresiva del gasto público. En lo inmediato, el GPS manda a rescatar la plata que era para la deuda.