Con la participación de científicos sociales y naturales de distintos países, el 18 y 19 de febrero pasados se celebró en Verona, Italia, el Encuentro Internacional de Declaramos Ilegal la Pobreza (DIP), coordinado por Riccardo Petrella. En ese espacio se realizó el informe sobre la situación económica en Argentina. En tal sentido, se resaltó el 32 por ciento de pobres, 1,5 millón agregados en el período comprendido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 y 400 mil despidos también del mismo período. La situación se analizaba como muy grave para la ciudadanía del país. Asimismo, se realizó un relevamiento de las  políticas públicas del Estado nacional referidos a la gran devaluación del 40%, la apertura del mercado interno al ingreso de productos extranjeros y los aumentos tarifarios de entre 4 a 10 veces del gas, el aumento de combustible y el aumento promedio alto de la electricidad.

El informe económico de la Argentina daba cuenta de la grave situación para los sectores medios y bajos. Igual se planteó para el mercado interno.

En ese marco, se señaló la vulnerabilidad del derecho humano al agua, a siete años de su declaración. Donde hay pobreza, no hay agua. Se marcó que a nivel nacional hay aproximadamente 10 millones que no acceden al agua y cerca de 20 millones que no acceden a saneamiento. Si bien es un problema estructural, no hay indicios de políticas públicas que marquen una tendencia de ir revirtiendo decididamente la cuestión. También se indicó el atraso normativo, dado que la Constitución nacional no expresa explícitamente el derecho humano al agua. Como tampoco se lo ha reconocido en normas inferiores de jerarquía. En Santa Fe hubo avances en obras, pero estas resultan, por el atraso histórico, insuficientes. Y, a nivel normativo el atraso es patente tanto a nivel Constitución provincial, como así también en leyes y decretos del estado subnacional. En el período 2005‑2006, el Estado provincial tuvo intentos de plasmar el derecho humano al agua. La ONG Asamblea por los Derechos Sociales (aDS) viene sosteniendo desde 1995 que el acceso al vital elemento es un derecho humano y que el agua no es una mercancía. Tomando este planteo asertivamente, otras ONG´S de Santa Fe, como la entonces Asamblea Provincial por el Derecho Agua (2002) con la consulta popular en dicho año. Y, también sostenida por la Multisectorial Rosario por el Agua (2006‑2009).

Actualmente, la Cátedra del Agua de la UNR también plantea desde el 2008  el derecho humano al agua. Fue ésta instancia de la cátedra una forma de sintetizar los antecedentes antes mencionados. Dándoles una perspectiva académica y ciudadana. En toda reforma que se haga en la Constitución provincial se tiene que establecer que el acceso al agua y al saneamiento son derechos humanos. Así lo ha planteado la Cátedra del Agua a las autoridades provinciales.

Evitar el empobrecimiento del derecho humano del agua produce desafíos de varios dispositivos a cumplir. Estos son la presencia de voluntad política de la Nación y luego de la provincia para plasmarlo normativamente. Se requiere también de un nuevo marco jurídico nacional y provincial. Pero todo ello se debe consustanciar con que el derecho humano al agua no se puede tarifar. Se tiene que terminar que no se pueda tomar agua si no se tiene dinero. Garantizar el derecho humano al agua requiere de un esfuerzo económico en la captación, potabilización, transporte y distribución de agua. Por ello, como en la educación y la salud pública, se tiene que hacer cargo el Estado provincial por medio de su estructura tributaria.

En el Encuentro Internacional de Declaramos Ilegal la Pobreza (DIP) quedó claro que la pobreza seca el agua. La escasez social es uno de los datos superlativos, entre otros, que debemos tener en consideración para analizar la pobreza argentina.

A nivel mundial debemos evitar las guerras del agua, que desde el 2000 se viene denunciando. China, India, México, Palestina, Siria, Libia y Haití, vienen demostrando distintos niveles de conflictividades que apuntan que se podría avecinar guerras del agua. Prevenirlas requiere de solidaridad, cooperación y paz de corresponsabilidad entre los pueblos. Y, también constituir una Autoridad Mundial del Agua y un Tribunal Mundial del Agua al amparo de la ONU.

Plantear el derecho humano al agua, es plantear la erradicación de la pobreza. El agua es la posibilidad que atraviesa todas las posibilidades de la vida.

*Director de la Cátedra del Agua de la UNR, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales Especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable.