El saldo más criminal de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri es una muerte cada 19 horas por violencia institucional y policial, que obviamente incluye el gatillo fácil. Así lo explicó María del Carmen Verdú, la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que este viernes presentó su informe sobre el área. Según la organización, el termómetro de violencia institucional marcó una situación inédita desde la vuelta de la democracia: en cuatro años se produjo casi el 26 por ciento de los casos registrados de ese tipo de homicidios entre 1983 y 2019.
Ante la falta de información pública sobre los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad, la organización empezó, hace 24 años, a recopilar datos, organizarlos y chequear información, para presentar cada año un informe con las distintas formas de violencia institucional.
Hace seis años, recuerda Verdú, se encontró con un nombre grabado sobre la puerta de uno de los baños de Tribunales. “Decía ‘lo mató la policía’, entonces nos pusimos a investigar y sumamos el caso al informe”. En el caso del interior del país, la obtención de datos es más complicada. “Hay algunas provincias, como Formosa, donde hay un subregistro no porque no haya casos sino porque no tenemos fuentes”, señala la titular de Correpi. En ciertos lugares, la información depende solo de los contactos que tenga la organización y de los datos que otros grupos, personas individuales o medios de comunicación puedan brindar.
Entre diciembre de 2015 y el 15 de noviembre de 2019, “un total de 1833 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal, en 1435 días de gobierno”, según determina el informe.
Por eso, se hace hincapié en algunas de las decisiones de la gestión de Cambiemos en materia de seguridad, que dieron cauce a una “profunda transformación de la política represiva en el país”:
* La desaparición forzada de Santiago Maldonado y el “fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel”.
* La norma que aprueba el uso de armas taser , reglamentada en mayo de este año.
* La resolución 845 que habilita el pedido de identificación aleatoria en los trenes.
* La inauguración del servicio cívico voluntario en valores “para adoctrinar y militarizar a la juventud”.
* La creación de la Policía de la Ciudad, responsable de 68 casos de violencia institucional en 2019.
* La represión durante las marchas del 13, 14 y 18 de diciembre del 2017.
* El “incremento de la presencia policial de civil”.
La lista es larga. “Son hijos, hermanos, novias, novios de alguien; se trata de familias completas destrozadas”, detalla Verdú.
Según el informe, la primera causa de muerte es estar en un calabozo: 51 por ciento de los casos, contempla el análisis, ocurrieron en manos del servicio penitenciario. “Es imposible calcular la 'cifra negra' del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura” porque “solo son conocidas en esos pocos distritos, y al año siguiente de producidas”, señala el informe.
Con un total de 800 policías cada 100 mil habitantes, casi el triple de lo que recomienda la ONU, relata el informe que en 2019 se incorporaron “529 casos al archivo, totalizando 7093 hasta mediados de noviembre, contra 6564 que teníamos registrados hace un año”. A fines de septiembre, la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich presentó un “contrainforme” después de haber prometido desmentir punto por punto los casos presentados por Correpi. Sin embargo, tras revisar el documento, la organización manifestó que el contrainforme “sesga sus datos a partir de utilizar su propia definición de hecho represivo”.
En el estudio presentado este jueves a la tarde en un acto público en Plaza de Mayo, el apartado "femicidios de uniforme" señala que "una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria". De los 647 casos registrados de mujeres, travestis y mujeres trans, 381 corresponden a femicidios. "No hay ninguna otra ocupación que tenga un 20 por ciento del total de femicidios", agrega Verdú en referencia a las profesiones relacionadas con las fuerzas de seguridad.
La segunda parte de la presentación del informe puso la mirada en el futuro: “Está muy bien que Alberto Fernández haya dicho que el gatillo fácil existe y que hay que terminar con eso”, comentó la titular de Correpi en referencia al discurso inaugural del 10 de diciembre, aunque puntualizó que “hay una contradicción profunda con Sergio Berni dirigiendo la Bonaerense”.
El informe es claro: en su sección central enumera una serie de “medidas urgentes e imprescindibles para terminar con la doctrina Chocobar, para frenar la militarización de los barrios y calles, las detenciones arbitrarias, las torturas y el gatillo fácil”. En ese sentido, Verdú aclaró que “si las medidas no son tomadas todas juntas y en sintonía, no representan nada”.
Informe: Lorena Bermejo.
