La ley de solidaridad y reactivación productiva que el lunes el Gobierno presentará en el Congreso tiene una premisa básica: los trabajadores y jubilados de ingresos más bajos y los titulares de asignaciones sociales cobrarán un plus que los rescate del fogonazo inflacionario que dejó Mauricio Macri. Habrá sumas fijas para quienes ganan el salario mínimo, para los empleados públicos de escalas menores y refuerzos previsionales y en la seguridad social. Será una primera inyección de recursos para responder a la urgencia, como inicio de un proceso de recuperación de la economía en base a la demanda, con una distribución progresiva del ingreso. Es decir, apuntando primero a quienes menos tienen. El modesto objetivo de arranque es detener el pavoroso incremento de la pobreza y la indigencia, que en el último trimestre del año se aceleró todavía más, cuando el mejor equipo en cinco décadas encadenó subas de la inflación del 3,3, 4,3 y este mes llegaría al 5 por ciento. Si no se hiciera nada, la pobreza superaría el 42 por ciento y la indigencia, el 10.

El país en quiebra

El gobierno de Cambiemos entregó el país en default declarado sobre una porción de la deuda pública, en default virtual sobre el resto de los pasivos del Estado, con una caída del PIB en torno al 3 por ciento, con destrucción de empresas record, la tasa de interés del Banco Central en 63 por ciento, un cepo cambiario de 200 dólares por mes, para dar un pantallazo rápido de un horror que se acrecienta a medida que se entra en detalles. La distancia entre esa realidad estadística y lo que reflejaron los medios dominantes habla también de un problema crucial de la democracia argentina.

Lo cierto es que el país está en quiebra. La situación fiscal no es holgada sino híper ajustada, al punto que la inversión pública en vivienda cayó este año por arriba del 70 por ciento en términos reales y para el próximo se preveía otra baja del 10, según el proyecto de Presupuesto del gobierno anterior. Suponer que eso es equilibrio fiscal, las bases para el crecimiento, los cimientos de un país mejor, como publicitaban Macri y sus funcionarios, habla de manera cabal de su concepción de la Argentina. Sin Fútbol para Todos ni viviendas para nadie.

El panorama fiscal se agrava cuando se contabilizan los pagos proyectados para la deuda pública, equivalentes a 1,2 billones de pesos en 2020, el 19,3 por ciento del total del gasto público. En la cuenta completa de los números del Estado, el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconocía para el año que viene un déficit financiero de 2,3 puntos del PIB. Como Cambiemos agotó todas las cajas y a todos los prestamistas, no había forma de financiar ese desequilibrio y por eso el país debe reestructurar su deuda.

Los más necesitados primero

Con tantas urgencias de caja, el gobierno de Alberto Fernández argumenta que lo que puede hacer en un principio es atender a los más necesitados, que son nada menos que 4 millones de titulares de la Asignación Universal por Hijo, 4 millones de jubilados y 1,5 millón de otros pensionados y beneficiarios de programas sociales, a quienes se suman los empleados de la administración pública nacional que también cobrarán una suma fija, seguramente antes de fin de año. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, negocia con cámaras empresarias y sindicatos el plus para los trabajadores registrados del sector privado, que en principio sería para un número acotado, ya que quedaría para quienes perciben el salario mínimo.

En el caso de los jubilados, se analiza establecer una curva para que el aporte del Estado no sea sólo para quienes cobran el haber mínimo, sino que alcance de manera descendente a quienes se encuentran algún escalón más arriba de ese ingreso. Además, se trabaja en un programa para disminuir la tasa de interés de los créditos Argenta de manera sustancial, a fin de empezar a desendeudar a los jubilados y titulares de la AUH. En este caso, son el 30 por ciento de los jubilados -2,1 millones de personas- y un impactante 95 por ciento de quienes perciben la AUH -3,7 millones-, según los datos de la Anses que dejó la administración anterior. A ese paquete que integrará la ley de solidaridad y reactivación productiva se agrega la reorientación de partidas para aplicar plenamente la emergencia alimentaria, aprobada por el Congreso a mediados de septiembre.

La nueva ley 

La nueva ley incluye la declaración de la emergencia económica, social y sanitaria y delega facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para su instrumentación. Esos poderes especiales son los que rechaza conceder la oposición, en particular si incluye un capítulo impositivo. Las atribuciones alcanzan la cuestión tarifaria de servicios públicos privatizados. En el ámbito legislativo se especula con un eventual diseño de incentivos al ingreso de fondos declarados en el blanqueo que se destinen a la inversión productiva, pero habrá que conocer el proyecto definitivo para confirmar si aparece esa iniciativa, llamada a generar polémica. La posibilidad de establecer sobre esos capitales un impuesto extraordinario podría encontrar objeciones legales, admiten las mismas fuentes, aunque otros sostienen que la declaración de emergencia salvaría justamente esa restricción.

La emergencia, por otra parte, pondría al Estado a resguardo de reclamos en el área previsional, dado que habrá pagos diferenciados en beneficio de los jubilados de menores ingresos, relegando a los demás. El proyecto de ley lo aclararía de manera explícita, para que no se repita lo que sucedió con los aumentos del mismo tipo que otorgó en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, quien también padeció la herencia de enormes restricciones presupuestarias. Esos ajustes a los de la mínima después motivaron el fallo Badaro de la Corte Suprema, que obligó al Estado a compensar a quienes habían quedado al margen de la medida y desencadenó una andanada de juicios de millones de jubilados.

Cambio de prioridades

Por otra parte, la emergencia podría retrotraer las bajas de contribuciones de las empresas a la seguridad social que empezó a aplicar el gobierno de Cambiemos con aprobación del Congreso, cuando dominaba el escenario político. La disminución de contribuciones desfinanció al sector público sin generar más trabajo, como se prometía, sino que por el contrario la desocupación no hizo más que crecer.

La cantidad de acciones a encarar para dar inicio a una recuperación de la economía deja expuesta al mismo tiempo la negligente pasividad del gobierno de Macri, que miraba para otro lado mientras se producía la debacle y ataba su suerte al acuerdo con el FMI. El cambio en las prioridades y la vocación que exhibe la nueva administración de Fernández por dar respuesta a la crisis despierta expectativas favorables en la mayoría de los actores económicos y sociales. Para salir de la emergencia, lo primero que se necesitaba era cambiar de diagnóstico. Eso incluye, en una segunda etapa, la liberalización de fondos que estaban destinados al pago de deuda –aquellos 1,2 billones de pesos- y su reorientación a un proyecto de crecimiento productivo con inclusión social. Mientras más a fondo pueda avanzar el Gobierno en mejorar la distribución del ingreso, más solidaridad y reactivación productiva podrá alcanzar.