El Gobierno dispuso por decreto de necesidad y urgencia la doble indemnización ante casos de despido sin causa en el sector privado registrado y declaró la emergencia ocupacional por el término de 180 días. El tema fue resuelto por el presidente, Alberto Fernández, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El objetivo es evitar que siga avanzando el deterioro del mercado laboral formal. 

La barrera al despido se va a complementar con las mejoras salariales, en las asignaciones y jubilaciones que saldrán por ley próximamente, para estimular el mercado interno y la producción. En los considerandos de la norma se recuerda que el gobierno de Mauricio Macri vetó en mayo de 2016 la reinstalación de la doble indemnización que planteaba la ley antidespidos votada por la oposición. 

En aquel momento se buscaba recomponer la barrera al despido que fue eliminada en 2007 porque se había cumplido el requisito de la caída del desempleo por debajo de los dígitos que estaba previsto en la ley de emergencia económica de 2002. Por otro lado, el DNU que elaboró la Secretaría Legal y Técnica también da marcha atrás con el decreto que emitió la gestión anterior, que establece un régimen para funcionarios jerárquicos del Estado con estabilidad laboral por cinco años, por lo cual en caso de despido se le debe abonar los sueldos restantes para completar aquel período de estabilidad. 

“La desocupación es la más alta desde 2006”; “el nivel de empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009”, “en términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 42 meses consecutivos de destrucción”. Esas referencias hizo el presidente, Alberto Fernández, a la cuestión del empleo durante su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa. En el centro de la agenda en materia de recomposición del tejido social está tanto la “lucha contra el hambre” como la cuestión del empleo formal. Los especialistas advierten que medidas como la doble indemnización funcionan en un contexto de recomposición, más que en uno de retracción. Por eso se espera que la barrera contra el despido se complemente con medidas que apuntalen la expansión.

El tema de la doble indemnización había estado en discusión por última vez a mediados de este año, a propósito de la publicación del dato del 10,1 por ciento de desempleo de parte del Indec. En ese momento, la CTA pedía por una ley antidespidos para replicar el esquema que estuvo vigente desde 2002, en la salida de la crisis de la salida de la convertibilidad, hasta 2007. Luego de las PASO, Alberto Fernández dejó entrever que no estaba bajo análisis recurrir a la doble indemnización como modo de corregir la dinámica recesiva del mercado interno. “Este tipo de medidas no se anticipan porque se puede generar un efecto adverso, de apurar despidos que estaban en carpeta por parte de las empresas”, comenta un abogado laboralista de extensa trayectoria.

En los considerandos de la norma del Gobierno se hace referencia a la ley vetada en mayo de 2016 por la administración de Macri. Aquella ley buscaba reeditar la suspensión de despidos y el agravamiento indemnizatorio que se puso en vigencia en el marco de las leyes de emergencia económica de 2002. En ese momento se estableció que el esquema seguiría en vigencia hasta que la tasa de desocupación fuera inferior a los dos dígitos. Ese objetivo se alcanzó en 2007 y en consecuencia el decreto 1224, con la firma de Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Carlos Tomada, dio por cumplida la indemnización agravada.

“Todo lo que tienda a poner obstáculos al despido en este momento de crisis y de reconstrucción es positivo”, consideró el abogado laboralista Héctor Recalde. En la misma línea se manifestó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, quien destacó a la doble indemnización como “una herramienta importante, más allá de que las consecuencias consecuencias sociales de las crisis económicas se resuelven mediante una política económica distinta, que genere empleo, producción e industrialización”. En cambio, las cámaras empresarias, con la Unión Industrial Argentina a la cabeza, tienen un rechazo cerrado a la doble indemnización.