El presidente Alberto Fernández anunció una reforma a la Justicia federal y la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Son espacios interconectados que el mandatario pintó como “los sótanos de la democracia” expresión que en sus labios sonó severa pero que los baqueanos consideran moderada.

Hablamos de dos fuentes de poderes espurios que desvían con fines propios recursos del Estado.

Las reacciones no se hicieron esperar, muchas se manifestaron en los medios dominantes. Se produjeron algunas presiones clásicas, como el hackeo de la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad Sabina Frederic. Imposible comprobar velozmente quién lo cometió. Resulta más sencillo sospechar de dónde proviene el mensaje.

En días siguientes se fue comentando que el proyecto de ley se demoraría hasta marzo cuando arranquen las sesiones ordinarias del Congreso. En parte porque las urgencias económicas, sociales y sanitarias tienen prioridad. En parte para trazar con letra fina los detalles de la iniciativa que tiene adversarios temibles.

Al mismo tiempo quedaba la impresión de que se demoraba demasiado la norma, que eso posibilitaba “anticipo ofensivo” de los damnificados. Por eso en la Casa Rosada se está tratando de redactar el proyecto de ley antes de fin de año, enviarlo al Parlamento por entonces o al comienzo de enero. Y ampliar, conforme autoriza la Constitución, el listado de leyes a tratar en sesiones extraordinarias.

Fernández conserva in pectore el nombre del posible interventor de la AFI, chimentan quienes hablan con él a diario. Tan in pectore, bromea el presidente en la intimidad, que todavía no se lo ha dicho al elegido.

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La posible puesta en marcha del sistema acusatorio penal dará más facultades a los fiscales, le restará discrecionalidad a los jueces federales que quedarán consagrados a ser jueces de garantías. Toda una novedad para unos cuantos moradores de Comodoro Py más proclives a violar garantías antes que a preservarlas.

Confirmando anticipos publicados en este diario, el presidente enviará al Senado en la semana entrante el pliego del ahora juez federal Daniel Rafecas para el cargo de Procurador General, el Jefe de los fiscales.

Se trata de un magistrado de alto nivel académico, fallos impecables, una selecta minoría en el serpentario de Comodoro Py.

El Acuerdo exige mayoría especial, dos tercios. Quizás queden senadores radicales que le conservan tirria porque hizo una instrucción memorable en la causa seguida contra el ex presidente Fernando de la Rúa por las coimas en el Senado. Un Tribunal Oral Federal declaró inocentes a los acusados, no convenció a quienes tenemos información directa del caso. Que no vale como evidencia judicial, desde luego, pero sí para la evaluación histórica. La responsabilidad penal es estricta, la política más amplia y severa,

Una de las dudas a sustanciar es si los senadores boinas blancas, tras otra experiencia fatal en el gobierno (antes liderando una coalición, ahora como parte segundona), se obstinan en defender a ese mandatario irrecuperable. En las próximas semanas se develará el enigma.