El Frente de Todos afronta la semana próxima su primer gran desafío en su debut como oficialismo en el Congreso. El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Parlamento hasta fin de año con un objetivo central: aprobar el proyecto de ley de "solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica". La iniciativa incluye las emergencias alimentaria, sanitaria y social, las prioridades que fijó Alberto Fernández en su llegada al Gobierno ante la imposibilidad de contar con un Presupuesto propio y la necesidad de reasignar partidas del prorrogado cálculo de ingresos y egresos diseñado por la administración macrista para 2019. El oficialismo habría ya sorteado el primer obstáculo: el quórum para sesionar el miércoles o jueves de la semana entrante, en una Cámara polarizada donde es primera minoría. El grueso del arco opositor se sentaría en sus bancas para dar el debate. En tanto, los principales socios de Juntos por el Cambio, PRO y UCR, quieren ver primero la “letra chica” del texto que enviará el Ejecutivo para tomar una decisión de acompañar o rechazar el proyecto. La tercera pata de alianza opositora, la Coalición Cívica, ya anunció que “no votará facultades extraordinarias”. El interbloque Federal (lavagnistas) y el Interbloque Federal para el Desarrollo (IFD), darán quórum pero tampoco se pronunciaron sobre la iniciativa oficialista.

El jueves por la noche entró al Congreso el decreto presidencial en el que convoca al Parlamento a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre. El texto incluye los tres proyectos que el Ejecutivo enviará para su tratamiento. El central es la ley de "solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica". Los otros dos son autorizaciones. Una para que el Presidente pueda ausentarse del país por “razones de gobierno” a lo largo de 2020. El otro, vinculado a la salida de tropas de las Fuerzas Armadas del país y el ingreso de trapas extranjeras al territorio nacional, en función de los ejercicios conjuntos programados para “profesionalización y adiestramiento de las fuerzas”. Esta última, es una iniciativa que se renueva año a año pero que Cambiemos no envió al Congreso a lo largo de 2019.

El envío del proyecto de emergencia económica --anticipado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero-- ya había sido el motivo del encuentro de este miércoles entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de bloque. Allí estuvieron Máximo Kirchner (FdT), Mario Negri (JpC), José Luis Ramón (IFD) y representantes del FIT. Massa y Kirchner, expusieron la necesidad del Gobierno de reasignar partidas presupuestarias para hacer frente a la gestión, asumieron el compromiso que las mismas no superarían el cinco por ciento de las mismas que estableció una ley del propio kirchnerismo y propusieron un cronograma de trabajo.

El cronograma arrancaría el lunes al mediodía con una reunión de los jefes de bloque de Diputados y el Senado para que los ministros expongan ante los legisladores. Aunque no fue confirmado oficialmente, concurrirían Martín Guzmán (Economía), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Ginés González García (Salud). El martes se haría el plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General (al que se incorporaría Salud) en busca de emitir dictamen y que el miércoles o jueves se trate en el recinto de la Cámara baja. Previamente, jurarían unos 25 diputados o diputadas que reemplazarán en su bancas a quienes emigran al Ejecutivo nacional o han sido elegidos para otros cargos (ver aparte).

Pero la oficialización de la convocatoria a extraordinarias, “encendió alarmas” en la oposición más dura: en JpC sostienen que “creíamos que no se trataba de una ley ómnibus”. Afirman que en el encuentro del miércoles se habló de tres proyectos de emergencia por separado. “Ibamos a acompañar las emergencias sanitaria y social, y dar el debate en la emergencia económica”, dijeron a PáginaI12. “Pero ahora la situación es diferente”, agregaron al tiempo que insistían en “ver la letra chica” del proyecto. 

La resistencia de JpC tiene motivaciones políticas: no quieren avalar un proyecto que implique reconocer la “tierra arrasada” que dejó el gobierno de Mauricio Macri. También omiten la defensa acérrima que realizaron, entonces como bloque oficialista, del “decreto ómnibus” con el que Macri modificó 140 leyes y normativas en enero de 2018. El lunes comenzarán a definirse las posiciones.