La Organización Campesina de los Perilagos denuncia que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pretende realizar un negociado inmobiliario para un proyecto urbanístico residencial denominado "Ecoparque Dique La Ciénaga". Las afectadas van a ser alrededor de 100 familias campesinas con años de posesión en el territorio, a las que pretenden desalojar y de hecho ya hay una anciana judicializada junto a su hijo, denunciados por la Fiscalía de Estado. 

La organización presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El referente de la organización campesina, Pablo Gutiérrez, explicó que alrededor del Dique La Ciénaga, el gobierno pretende comenzar la primera etapa de la venta de lotes a través de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques que regula la zona a cargo de Víctor Hugo González y el responsable de Coordinación General Juan Carlos Contreras.

Gutiérrez señaló que al proyecto inmobiliario el gobernador lo viene impulsando hace más de dos años anunciándolo como "el Carlos Paz jujeño". La urbanización sería una zona residencial en la que explotarían el paisaje de los diques La Ciénaga y La Madera, pretenden hacer algo similar que con el "Lago San Roque en Carlos Paz", indicó el referente social.

El referente social explicó que como gobierno, Morales no podía comerciar el territorio, para ello se creó en la Provincia, la Ley 6049 de 2017 que cambia el dominio público de la tierra a un área de desarrollo sostenible. "De esa forma el gobierno puede hacer uso de las tierras para la venta, amparar los desmontes y todo lo que acarrea", especificó.

En el artículo 6, esa ley dice que "dentro del área de desarrollo sostenible de los diques podrán realizarse las siguientes actividades: turísticas, deportivas, recreativas, aprovechamientos productivos sostenibles de los recursos naturales, desarrollos eco-urbanísticos y de infraestructura verde y culturales". El artículo 1 establece que se realice "el Censo Zonal Agropecuario (del) periodo 2018, sobre todos los inmuebles expropiados y/o adquiridos por el Estado Provincial y/o cedidos a éste por el Estado Nacional para la construcción de los diques y embalses denominados La Ciénaga, Las Maderas, Catamontaña, Los Alisos y Los Molinos".

En el territorio habitan familias campesinas gauchas, que tienen derechos posesorios adquiridos. Algunas llegaron al lugar en 1921, y la posesión es de más de cuatro generaciones, afirmó Gutiérrez.

El referente relató que mediante la creación de la ley 6049, "la gente por medio de la Agencia de Desarrollo está siendo hostigada, no pueden hacer refacciones en su rancho, en el alambrado para la contención de los animales, siempre les prohíben realizar este tipo de acciones. Incluso en una temporada de lo que era la plantación de maíz le prohibieron a la gente pasar los tractores para el arado de los rastrojos porque no querían que lleven sus producciones a cabo dentro del territorio".

Una de las primeras habitantes, de 86 años, Marina Duran, "recibió una intimación de desalojo, donde le daban un plazo de 24 horas, hace dos meses atrás aproximadamente. Incluso ahora el gobierno le realizó una demanda civil a la señora por usurpación de la tierra. O sea que ahora está afrontando un juicio, el mes pasado tuvo la primera audiencia, y en teoría este mes tendría que haber salido la citación de los testigos pero ha quedado medio cajoneado, por las movidas públicas que nosotros realizamos mediante la organización", detalló Gutiérrez. Añadió que la notificación de desalojo no tenía ni sellos ni firmas, y se hizo de forma irregular.

También fue denunciado el hijo de la mujer, Hugo Rodríguez, que vive en el mismo lugar.

Amparo colectivo

Gutiérrez sostuvo que con la abogada Alvarez Carreras, están preparando un recurso de amparo para presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ante el surgimiento de la ley 6049, la organización campesina presentó un amparo en 2018 ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy planteando que era inconstitucional la nueva legislación y que violaba "la ley nacional del ambiente, tratados internacionales de la ONU y la declaración de los derechos campesinos y de los trabajadores rurales, el Convenio 169 de la OIT que tiene en cuenta el consentimiento libre, previo e informado mediante audiencia pública para cambios del uso del suelo ante lo que genera un impacto ambiental, sobre todo si hay habitantes preexistentes", especificó el referente.

Ese primer amparo fue rechazado. "Fue negativo hacia nosotros porque no declara la inconstitucionalidad de la ley que es lo que queríamos", sostuvo Gutiérrez. Sin embargo, "se logró en la primera audiencia que la justicia le hiciera observaciones al gobierno acerca del proyecto y del plan maestro, que le recomiende que vuelva a fojas cero y haga otro proyecto que es el que salió ahora". Aquella vez, la decisión judicial también determinó que no se hagan modificaciones del uso del suelo mientras tanto.

La organización insistió presentando un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, "hace 3 meses dieron sentencia, tampoco dan lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley. Dicen que se encuentra en un marco legal, no ven las violaciones de derechos", afirmó Gutiérrez.


Una audiencia no tan pública

Gutiérrez explicó que el gobierno reactivó el proyecto "hicieron un nuevo estudio ambiental pero no están llamando a una audiencia pública en el lugar. Sacaron una solicitada invitando a las familias a leer el estudio de impacto de ambiental, aducen que está en una plataforma virtual en la página del Ministerio de Ambiente. Muchas familias no tienen acceso a internet. Enviamos notas a la Secretaría de Calidad Ambiental y a la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques solicitando información y que se haga la audiencia pública en el lugar".

El referente señaló que el material está disponible además para realizar las observaciones dentro de 10 días. "Estuvimos leyendo algunas partes del proyecto y va destinado a la destrucción de la naturaleza en su totalidad, muchos desmontes ilegales, van limpiando parcelas, de una hectárea o hectárea y media", sostuvo.

Gutiérrez indicó que el gobierno para nada está pensando en viviendas sociales, sino que en el proyecto residencial pretenden vender lotes millonarios en cuyo plano grafican chalet con piscina, estacionamiento para dos vehículos, con 5 árboles a la vuelta, lo que llaman "vivienda ecológica". Además prevén que se construyan hoteles, restaurantes, etc.

Consecuencias socio-ambientales

"Esto va a provocar el desalojo y la expulsión de las familias campesinas", dijo el referente. Contó que ahora el gobierno no ofrece ninguna alternativa para la gente. En las primeras negociaciones al ser poseedores por estar tantos años viviendo y trabajando la tierra, el gobierno proponía a las familias escriturarles una pequeña parte de los terrenos a cambio de que cedieran todo el resto. "Muchas familias se veían seducidas por la escritura del terreno, sin tener en cuenta que iban a pasar a estar en un área residencial donde van a tener que pagar también como tal", explicó Gutiérrez.

Gutiérrez dijo que la zona carece de los servicios básicos, que el agua llega mediante cisternas, la red eléctrica no alcanza a todo los sectores, solo a los más cercanos al pueblo. Por eso para convencer a la gente de las bondades del proyecto, el gobierno prometió los servicios.

En lo social, el integrante de la organización campesina aseveró que no se plantean opciones para las familias, "siempre se referían a esta gente, grupo de 4 o 5 familias, ninguneando el tiempo que llevan" viviendo en el territorio.

"También lo que aparece en la Ley de bosques como área de territorio que no puede ser de uso para construcciones, desmontes, o movimientos de tierra en el proyecto lo marcan como avalado por la ley provincial", describió el referente.

Respuestas políticas

El referente aseveró que el municipio tuvo un papel tibio en esta problemática. En esta semana se reunieron con el nuevo intendente Francisco Torres, del Frente de Todos, quien se comprometió a trabajar con las familias del lugar. Gutiérrez planteó que por ley al estar la zona en el ejido municipal el proyecto requiere de la aprobación del intendente y de los concejales para ejecutarse. "Torres dijo que él hasta el momento no ha firmado nada, pero tampoco se ha mostrado descontento", opinó.

A las y los concejales el año pasado les presentaron un proyecto para que se declare "área campesina" la zona pero al momento de la votación lo cambiaron, declarando de interés la "actividad que realizan las familias campesinas" en el lugar. "De todos modos nos sirve como herramienta", afirmó Gutiérrez.

Esta semana se realizó una radio abierta en la plaza central Domingo Pérez de la localidad de El Carmen para informar a la población. La organización campesina, que forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena planea seguir luchando contra el emprendimiento inmobiliario y planifica para la semana que viene una conferencia de prensa.