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Myanmar, la ex Birmania, acaba de sentarse como acusada por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. El país ha sido denunciado por crímenes que afectaron a la minoría rohingya de origen musulmán. Una campaña de limpieza étnica que provocó el desplazamiento de alrededor de 800 mil civiles que se instalaron en la vecina Bangladesh. El proceso judicial tiene varias curiosidades que lo hacen único. La defensa del gobierno que preside Win Myint fue asumida por la ganadora del Premio Nobel de la Paz 1991 y exprisionera política, Aung San Suu Kyi. Una postura que sus detractores juzgan contradictoria porque fue víctima de los militares que ahora respalda. Las imputaciones formales contra el estado del sudeste asiático las realizó Gambia, una pequeña nación africana que se presentó en nombre de los 57 países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica. Pero además contó con el respaldo de Canadá y Holanda. Las primeras audiencias son apenas el inicio de un proceso que podría durar años.
La acusación de Gambia es por dos operaciones militares del ejército de Myanmar en 2016 y 2017 contra la comunidad rohingya que ese estado considera migrantes bengalíes provenientes de Bangladesh. Aunque el ministro de Justicia gambiano y jurista de prestigio internacional, Abubacarr M Tambadou, pidió que “se ponga un alto a estos actos de barbaridad que continúan conmocionando nuestro inconsciente colectivo”. O sea, juzgó que los delitos persisten hasta hoy.
Suu Kyi, un símbolo de la lucha por los derechos humanos en su propio país, respondió a la acusación de genocidio con palabras que resultaron sorprendentes por los 15 años que la dictadura militar birmana la mantuvo en cautiverio: “Este ha sido un conflicto armado interno iniciado por ataques integrales y coordinados a los que los servicios de defensa de Myanmar respondieron. Desafortunadamente llevó al éxodo de varios cientos de miles de musulmanes”.
La Premio Nobel, quien a su vez es la ministra de Relaciones Exteriores de Myanmar, escuchó una a una las imputaciones que van desde asesinatos, violaciones de mujeres y quema de casas con sus propios dueños adentro. El papel que cumplió Suu Kyi fue cuestionado por Mohammed Mohibullah, presidente de la Sociedad Arakan Rohingya para la Paz y los Derechos Humanos: “El mundo juzgará con evidencia su declaración sobre que no hubo un genocidio”. La mujer se defendió del planteo judicial de Gambia ante la Corte al que describió como “retrato incompleto y engañoso de los hechos”.
La ahora funcionaria de Myanmar declaró en los primeros días del juicio que el ejército de su país respondió a ataques presuntamente organizados por grupos entrenados por terroristas de Afganistán y Pakistán. Pero admitió que se pudieron haber cometido excesos en la represión sobre Rakhine o Arakán, en la costa oeste de Birmania y que desde un helicóptero se atacó a civiles indefensos. Suu Kyi afirmó en las audiencias que si se determinaba la culpabilidad de militares en los crímenes serían enjuiciados. Su testimonio levantó una andanada de repudios entre los organismos de derechos humanos que asisten al proceso en La Haya.
El tribunal que está juzgando ahora a Myanmar no tiene la potestad de obligar a los países a cumplir con sus fallos. Aún cuando las acusaciones puedan ser por genocidio como en este caso. La demanda presentada por Gambia sostiene que el ejército realizó “operativos de despeje generalizados y sistemáticos” contra los rohingya que se prolongaron entre octubre de 2016 y agosto de 2017. En noviembre de ese año el papa Francisco visitó el país y se entrevistó con el general Min Aung Hlaing, jefe del ejército y máximo responsable de la persecución a la minoría por la cual Myanmar ha sido formalmente acusado en La Haya. El encuentro generó polémicas y le valió muchas críticas al Pontífice ya que el militar jamás menciona la palabra rohingya y ha llegado a afirmar que los críticos de Myanmar “exageran” cuando sostienen “que el número de bengalíes que huyeron es muy grande”. La etnia rohingya ni siquiera tiene el reconocimiento como tal y el estado les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las autoridades. Tampoco pueden poseer tierras ni propiedades. Son verdaderos parias dentro de Myanmar.
Las pruebas de la acusación que se lleva adelante ante la Corte de Naciones Unidas son numerosas. El gambiano Tambadou visitó un campo de refugiados en Bangladesh donde se informó sobre las matanzas, torturas y violaciones a que son sometidos los rohingyas. La coartada del régimen birmano para semejantes crímenes de lesa humanidad es que repele los ataques del grupo rebelde Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) contra distintas comisarías del país.
A Suu Kyi, cuyo prestigio como ex presa política se derrumbó, la han criticado desde otros Premios Nobel a organismos de derechos humanos. Se le reprocha no “haber utilizado su autoridad moral” para cuestionar la política de limpieza étnica. Las fuerzas armadas de su país ignoraron tres veces el pedido de ingreso a Myanmar solicitado por misiones de Naciones Unidas. Pese a ello, un grupo de enviados consiguió entrevistar a 875 personas en Bangladesh, Malasia, Tailandia, Indonesia y el Reino Unido que dieron testimonios de los crímenes cometidos.
En septiembre pasado, el presidente de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar, Marzuki Darusman, declaró que persistía la amenaza de genocidio “para los rohingyas que permanecen” en el territorio birmano. Naciones Unidas estima que unos 600 mil todavía viven en la ex Birmania bajo condiciones tan penosas que su situación hace imposible el regreso de quienes se exiliaron en Bangladesh porque corren el riesgo de repetir la tragedia.
En la región que habitan, el ejército no permite llegar la ayuda humanitaria y restringe las visitas de extranjeros. Pese a ello y con imágenes satelitales, se pudo comprobar el daño ocasionado a la población rohingya. En uno de sus tantos ataques, el ejército destruyó parcial o totalmente 392 aldeas. “La evidencia de crímenes de lesa humanidad se obtuvo muy rápido y fue bastante abrumadora”, sostuvo en su momento Christopher Sidoti, el australiano que también integró la Misión Internacional Independiente de Investigación de Myanmar. El país ha sido llevado ante la CIJ por violar la Convención contra el Genocidio de 1948 que había ratificado en 1956.
