Si uno no quiere, dos no pueden. Lo mismo pasa con la guerra. Por eso es difícil que se convierta en guerra la ofensiva iniciada con un juez y un video. La meta es que el Gobierno de Alberto Fernández muerda el anzuelo, igual que en con la resolución 125 de retenciones móviles de 2008, y ataque al agro como si fuera un todo único y sin matices.

El magistrado se llama Carlos Villafuerte Ruzo, juez federal de San Nicolás. Es famoso entre otras cosas por no haber encontrado nada que incriminara a Luis Patti en una causa por torturas seguida de muerte contra Gastón Gonçalves. En otra instancia, luego, Patti terminó condenado a perpetua. El viernes 13 de diciembre Villafuerte desempolvó una causa iniciada en 2008 y procesó a los dirigentes ruralistas Eduardo Buzzi, Mario Llambías, Luciano Miguens, Hugo Biolcati y Fernando Ginoino por haber cortado la ruta 9 a la altura de San Pedro. Página/12 no recogió voces alegres en el gobierno de Alberto Fernández. Más bien lo contrario. “Conocemos bien a Villafuerte”, dijo un alto funcionario. “Con una causa que empezó hace 11 años quiere embromarlo a Alberto la misma semana de su asunción.”

El video fue lanzado el 20 de noviembre por una supuesta asociación “Campo más ciudad” con el hashtag #GuardianesDeLaRepública. Muestra imágenes campestres con dos voces en off, una de patrón y otra de peón. “Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima”, advierte uno. “Estamos organizados y trabajando”, dice el otro. “En cada pueblo y al costado de la ruta”, dice uno. “Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva”, dice el otro.

Cumplieron. El sábado 14 apareció un decreto actualizando las retenciones según el dólar. Un día después ya había piquetes en Santa Fe, por ejemplo en Armstrong, y anuncios de marchas para toda la semana. Incluso una en el Congreso el miércoles 18.

La consulta de ese diario a ministros y funcionarios, que pidieron reserva de su identidad, permitió descubrir que no hay intención alguna de guerra. “Un revival del 2008 sería absurdo, por otra parte”, dijo uno. Pedro Peretti, ex dirigente de la Federación Agraria Argentina, recordó que la misma Presidenta de la 125, hoy vice, firmó en 2015 un decreto por el que creaba un programa de devolución de retenciones a pequeños y medianos productores de soja, maíz, trigo y girasol. Los beneficiarios fueron productores que cosecharan hasta 700 toneladas por año. “Superamos todos los prejuicios que tenían ellos y que también yo tenía”, dijo CFK tras una reunión con la FAA. El entonces ministro de Economía dijo que los beneficiarios representaban “el 70 por ciento del total”, aunque “solo producen el 12 por ciento de los granos de la Argentina”. Se trataba de Axel Kicillof, hoy flamante gobernador de Buenos Aires. El ministro de Agricultura era Carlos Casamiquela.

Alberto Fernández ya no estaba en el Gobierno. Se había ido en 2008, justamente después de la crisis política desatada por la 125. También dejó el Frente para la Victoria el actual canciller, Felipe Solá. El peronismo comenzó entonces un largo proceso de desintegración y pérdida de adhesión de las clases medias urbanas, lideradas entre otras figuras por Elisa Carrió. El final sería doble: la formación de Cambiemos y la derrota de 2015.

Unos se dieron cuenta entonces. Pocos. Otros, después. Pero todos, en el peronismo, aprendieron que para el agro argentino no solo es preciso diseñar estrategias económicas y comerciales segmentadas por sector y nivel: también debe ser segmentado el trabajo político hacia cada franja. Segmentado y, por supuesto, intenso. Cualquier ilusión de guerra, cualquier terminología maximalista como “patronales agropecuarias”, termina en derrota y pérdida de consenso social. Por eso el Presidente busca calmar los ánimos mientras él y su gabinete miran de reojo a los tractores.

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