Aunque el ajuste económico continúa con su expansión, el ingenio popular no descansa. La “Multisectorial contra el Tarifazo”, compuesta por clubes de barrio, asociaciones de consumidores, cooperativas, Pymes y sindicatos, entre otros, organizó la segunda edición de la “Copa Juanjo Aranguren” para seguir con el reclamo contra los aumentos de los servicios de agua, luz y gas, de los que se prevén, para este año, una suba entre el 50 y el 148 por ciento. El torneo se jugó con luz natural frente a la puerta del Ministerio de Energía y Minería, y el equipo ganador obtuvo varios premios para cumplir con las recomendaciones del ex director de Shell Argentina: una plancha a bencina, un sol de noche, microondas a batería y un bombeador de agua natural.
“No somos una planilla de Excel”. Ese fue el mensaje que repitieron los organizadores de la 2° edición del torneo de fútbol callejero que lleva el nombre del ministro de Energía. El año pasado, los sectores más afectados por la suba de tarifas se organizaron para hacerle frente al ajuste, crearon una “Mesa multisectorial contra el tarifazo” e impulsaron un recurso de amparo para frenar los aumentos. Pero además decidieron llevar a cabo una propuesta pintoresca: llevaron pelotas número 5, pusieron arcos y redes, y en la Avenida Paseo Colón disputaron la “Copa Juanjo Aranguren”. Ayer, nueve meses después de la primera edición, la cancha de fútbol y los equipos volvieron a formarse.
“Ni siquiera estamos en la misma situación que en el 2016 porque los servicios aumentaron y cada vez se hace más cuesta arriba para las agrupaciones populares. Este asfixie económico propuesto por el gobierno sólo consigue, por ejemplo, que desaparezcan los clubes, el principal espacio de inclusión social, junto con la escuela, para los chicos”, dijo a este diario Pablo Abbatángelo, del Foro Social de Deporte.
La intención de este torneo de fútbol callejero, aseguró el titular del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines (Osecba), Cristian Font, fue “demostrarle al Estado que no se pueden tener en cuenta solamente criterios económicos para la fijación de los precios del agua, gas y luz”. Font exigió la reglamentación de la ley 27.098, sancionada en 2015, que incluye la creación del Registro Nacional de los Clubes de Barrio y de Pueblos para asistir económicamente a cada entidad local, en función de sus necesidades. Por ejemplo, la generación de una tarifa social para pagar los servicios públicos.
Sin aquellos estímulos, cuentan los dirigentes, los clubes barriales atraviesan una encrucijada: o bien pagan los próximos tarifazos y elevan el precio a la cuota de los socios o desafían a las compañías energéticas a que les corten los servicios. “El 50 por ciento del costo operativo del Club Colegiales son las cuentas de gas, agua y luz. Si nuevamente aumentan los servicios, digamos un 40 por ciento, el precio se trasladará a la cuota de los 300 chicos que practican deportes en el club. La mitad no podrá pagar ese precio y seguramente terminará en la calle. Y eso es algo que yo no puedo permitir”, indicó a PáginaI12 Carlos Fuentes, integrante de la Asociación de Clubes de Barrio y Deporte Social.
A su vez, el ajuste económico que implementó la actual gestión significó un doble golpe para el funcionamiento de las Pymes nacionales. Así lo expresó Roberto Ratti, de la Asamblea de pequeños y medianos empresarios (Apyme), mientras observaba cómo el Sindicato de Obreros Curtidores pasaba por segunda vez a la final del Torneo para enfrentar a los representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep). “Por un lado, el tarifazo produjo una pérdida del poder adquisitivo y eso se manifestó en la caída del consumo interno, el principal mercado de las Pymes”, contó Ratti y agregó que “las políticas económicas dispuesta por el gobierno completaron el resto: la apertura indiscriminada de las importaciones, la eliminación de los planes de financiación de la AFIP y la pérdida de créditos para las empresas terminaron de desprestigiar la industria nacional”.
En la misma línea continúo Delfina Rossi, ex directora del Banco Nación, quien participó del show del entretiempo elaborado por una murga de Avellaneda, acompañada por una niña de cuatro años. “Este reclamo es consecuencia de la falta de sensibilidad del gobierno de Macri. No puede ser que los aumentos de los servicios básicos sean determinados por un cálculo de Excel y no se presente una diversidad tarifaria reglamentada, donde los sectores populares paguen acorde a sus capacidades y recursos”, dijo a este diario la economista.
El sector cooperativo tampoco quedó ajeno al torneo de fútbol ni al reclamo de la multisectorial. Silvia Díaz, vicepresidenta de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta) criticó las audiencias públicas propuestas por la cartera de Energía, al explicar que “los funcionarios que tienen la palabra sólo hablan de números y no brindan soluciones concretas”. La dirigente aseguró que “ninguna cooperativa, hasta hoy, obtuvo la tarifa social que se estipula en la Ley 27.218 (de Régimen Tarifario para Entidades de Bien Público)” e indicó que varias organizaciones tienen riesgo de dejar de funcionar, entre ellas, el Hotel Bauen gestionado por los trabajadores desde 2003. El miércoles pasado la jueza Paula Hualde dictaminó el desalojo de sus propios empleados.
La Copa volvió a ser para el Sindicato de Obreros Curtidores, que se llevó un bombeador de agua, una plancha a bencina, microondas a batería y créditos de cuatro horas para usar la computadora. “Es más difícil gambetear el ajuste energético que a los rivales”, dijo un jugador.
Informe: Jeremías Batagelj.
