El presidente Alberto Fernández anunció que los jubilados percibirán dos bonos de cinco mil pesos a cobrar en diciembre y en enero y en poco tiempo también tendrán medicamentos gratis. Además, habrá un bono de dos mil pesos para los beneficiarios de la AUH. Por otro lado, insistió con su idea de desdolarizar las tarifas que, anticipó, quedarán congeladas hasta el próximo 30 de junio. Algunas de estas medidas, junto a muchas otras, forman parte de los artículos del megaproyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la primera ley impulsada para mejorar la situación de los sectores más postergados, que el Gobierno enviará hoy al mediodía al Congreso. La complejidad de la iniciativa hizo que se demore más de lo imaginado, por lo que recién se tratará en sesión en Diputados el jueves. Con todo, en el Gobierno confían que quede aprobada el 27 de diciembre. 

Fue un día de intensas reuniones en la jefatura de Gabinete con los ministros del área económica que obligó a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, a trabajar a paso redoblado para ponerle el moño al megapaquete que el martes a la mañana presentará el ministro de Economía, Martín Guzmán, en conferencia de prensa. Luego, Guzmán concurrirá a un plenario de comisiones en Diputados para responder también las preguntas de los legisladores. Los cuestionamientos de la oposición pasan básicamente por la declaración de la emergencia, que le permite al Gobierno mover partidas  presupuestarias sin pasar por el Congreso. 

Alberto Fernández sostuvo que esas facultades extraordinarias son básicamente para negociar la deuda. "Es un desastre lo que ha pasado. Han tomado un montón de deuda a pagar a muy corto plazo", volvió a decir. Y tomó el concepto de "reperfilar" para la negociación sobre los pagos que debe encarar con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados. "No pido facultades extraordinarias, pido que me dejen resolver el tremendo problema que me han dejado", dijo, en un mensaje al ex oficialismo, ahora oposición. Igual, adelantó que el proyecto está abierto a mejoras, siempre y cuando no vayan en contra de sus objetivos.

Otras críticas a la propuesta son sectoriales, de parte de quienes se ven afectados por la suba de impuestos, como ocurrió con la Mesa de Enlace que salió al cruce de la actualización de las retenciones. "Es empezar a hacernos cargo de los hermanos que se han caído del escenario y han entrado al mundo de la pobreza", explicó anoche Fernández en una entrevista con Telefé respecto el sentido de la ley. 

Una de las iniciativas en esa dirección será la puesta en marcha del Plan Alimentar, conocido hasta ayer como el plan contra el hambre. Anunció que arrancará el miércoles en Concordia, Entre Ríos, la ciudad con peores números de pobreza. Se repartirán 6.500 tarjetas plásticas que permitirán comprar alimentos por 4 mil pesos a las mujeres con un embarazo de tres meses o hijos de hasta seis años, y 6 mil pesos para las que tengan dos hijos o más. El Presidente comentó que sólo esta medida permitirá activar el consumo de alimentos por 35 millones de pesos en esta ciudad con una situación tan crítica. Eso sirve para la otra intención del proyecto, junto con la solidaridad social, que es la reactivación productiva. Luego de Concordia, el plan se irá extendiendo a otras ciudades hasta abarcar todo el país. 

Mencionó el acuerdo alcanzado por el ministro de Salud, Ginés González García, con las cámaras farmacéuticas para retrotraer el precio de los medicamentos un 8 por ciento. "Deberíamos tomarlo como ejemplo", dijo el Presidente sobre lo que se podría hacer en otros sectores, y mencionó concretamente al de los alimentos, que ahora se verá beneficiado por un mayor consumo de todos esos millones destinados a lucha contra el hambre. 

También sumó como un beneficio para los sectores más postergados la desdolarización y el congelamiento de las tarifas. Adelantó que los aumentos que Mauricio Macri había pateado para después de las elecciones quedarán sin efecto y que hasta el 30 de junio analizarán un nuevo cuadro tarifario que sirva a un modelo productivo y no más el actual, que beneficia sólo a las empresas productoras de energía. 

Varias de las medidas del proyecto fueron anticipadas por este diario en la edición del sábado pasado. Por ejemplo, en el capítulo Pymes, el proyecto de ley incluirá una amplia moratoria para que las firmas que tienen deudas con el Estado regularicen su situación a bajo interés y con seis meses de gracia. 

El capítulo álgido, obviamente, es de dónde salen los recursos para financiar este alivio a los sectores más golpeados por las políticas del macrismo. Con respecto al impuesto a los Bienes Personales, adelantó que se dejarán sin efecto las últimas rebajas y volverán a tener las alícuotas de 2015. Por otro lado, se sumarán los bienes que están en el exterior, que pasarán a tener una alícuota multiplicada por dos. Si ese bien en el exterior es dinero en efectivo y lo repatrian, tributarán lo normal. El objetivo es beneficiar a quien traiga sus activos al país.

En cuanto a las retenciones, insistió en plantear que no se aumentaron sino que se actualizaron los montos al momento que fueron establecidas. Para adelante, sí, explicó, propondrá subirlas tres puntos, pero que -como prometió en campaña- será una decisión que se tomará en conjunto y no de manera unilateral. "En la mesa del contrato social, donde podremos discutir todo", la llamó, en referencia al Consejo Económico y Social que desea poner en marcha. Adelantó que si le aprueban esos tres puntos extra que planteará para las retenciones agropecuarias, el 70 por ciento de lo que recaude se destinará a reforzar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses que fue desfinanciado durante los cuatro años de Macri. 

"Esto no es una medida contra el campo, es una ayuda que le pido al campo. Yo pido solidaridad, ser fraternos que los que menos tienen", dijo Fernández respecto a las quejas del campo y la amenaza de volver a las protestas. La Mesa de Enlace fue recibida por el ministro de Agricultura, Luis Basterra. 

El Presidente reconoció como otro punto que puede provocar malhumor es el de la aplicación de un 30 por ciento de recargo a los consumos con tarjeta de crédito en el exterior. "Argentina se quedó sin dólares", argumentó. Recordó que en su momento él se había enojado con Cristina Kirchner por establecer un cepo que permitía la compra de 2.500 dólares mensules y hoy apenas si se pueden adquirir 100, herencia de Macri. "Es así, los dólares los necesitamos para comprar insumos y producir", justificó.