Los fiscales penales de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, ampliaron la imputación contra Nicolás Federico Cajal Gauffin por el delito de encubrimiento agravado en la causa que investiga la violenta muerte de Jimena Salas.

El imputado declaró el viernes, su abogado, Pedro Arancibia, dijo que no hay nada nuevo y acusó al Ministerio Público Fiscal de pretender generar la sensación de que se está trabajado en la causa "cuando no se está haciendo nada".

Salas, de 44 años, fue asesinada de 40 puñaladas en su casa del barrio San Nicolás, en el municipio de Vaqueros, el 27 de enero de 2017. Era madre de dos hijas mellizas de tres años.

Hasta ahora solo hay dos imputados. Uno es Sergio Vargas, quien se encuentra con prisión preventiva acusado de ser partícipe secundario porque habría actuado como "campana". El otro es el marido de la mujer, Cajal Gauffin, gerente de una casa de electrodomésticos, quien está en libertad.

Cajal Gauffin quedó imputado por el delito de encubrimiento agravado de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio o promesa remuneratoria, cometido en perjuicio de Salas.

Nueva pericia

El Ministerio Público Fiscal informó que durante una pericia realizada en noviembre, ordenada en el marco de la investigación, perros entrenados en la búsqueda de divisas, moneda de curso nacional y sustancias estupefacientes, detectaron rastros en el maletín secuestrado que fue encontrado en el placard de la habitación principal de la vivienda de Vaqueros.

La medida arrojó resultado positivo luego de que los perros “Chizzo” y “Chino”, especializados en detectar olor de divisas, realizaran un marcaje activo, al igual que los perros “Etan” y “Xina”, especializados en la detección de olores universales y de narcóticos, respectivamente.

Supuesto ocultamiento

Desde el Ministerio Público sostuvieron que del legajo de investigación se desprende que en numerosas oportunidades y desde su comienzo, Cajal Gauffin "manifestó que no se sustrajo elemento alguno del domicilio y negó la presencia de elementos de valor o susceptibles de ser objeto de robo. Esto produjo que el curso de la investigación se abordara con presunción de robo frustrado al azar y consecuentemente, a una multiplicidad de hipótesis", por lo que los fiscales entienden que el imputado habría ocultado la existencia de dinero, divisas y/o sustancias estupefacientes contenidos en el maletín.

"El imputado ocultó información relevante para la investigación omitiendo deliberadamente poner en conocimiento el faltante de dinero del maletín para evitar que se investigue su origen, por no poder justificar su procedencia o de sustancias prohibidas para evitar explicar su posesión", comunicó el Ministerio Público.

Para los fiscales, "los autores materiales, tras quitar la vida de Salas de forma violenta y ya lastimados, se dirigieron directamente a la habitación, específicamente al armario y de manera directa", al menos uno de ellos y probablemente los dos, "identificados por sus perfiles genéticos como H1 y H2. Los rastros biológicos obtenidos por el Servicio de Biología Molecular permitieron afirmar que los victimarios no solo abrieron el maletín, sino que lograron el objetivo de sustraer selectivamente dinero o estupefacientes".

Los fiscales indicaron que de los análisis telefónicos se desprende que el 27 de enero de 2017 y a pocos minutos de encontrar el cuerpo de su pareja, Cajal Gauffin se comunicó con su superior jerárquico de la empresa Garbarino en Buenos Aires, a quien "llamativamente" puso al tanto de la situación. En su declaración testimonial, el jefe del esposo de la víctima no supo dar explicación alguna y negó una vinculación más allá de la laboral. También excluyó la posibilidad de que se tratara de un protocolo o práctica de la empresa.

Minutos después, Cajal Gauffin se comunicó con quien sería el gerente de una sucursal de Neuquén, entendiendo los fiscales que puede existir alguna vinculación con la existencia de dinero, divisas o sustancias.El Ministerio Público se basa en la declaración de un ex empleado de Garbarino de Salta que fue desvinculado en abril de 2017, quien testimonió "que Cajal Gauffin tenía la factibilidad de intervenir en la definición del monto a pagar en concepto de desvinculación con la empresa de cualquier empleado, lo que permite a los fiscales sospechar o determinar el acceso de Cajal Gauffin al dinero que no puede declarar o justificar. El ex empleado también aclaró que desde Buenos Aires enviaban al imputado sumas considerables de dinero en concepto de caja chica no declarado y que Cajal Gauffin era el administrador".

"El informe contable sostiene que no existe movimiento legal que pueda justificar que el imputado disponga de dinero o divisas. Sin embargo, las pericias permitieron determinar luego de casi tres años que hubo en el maletín dinero o divisas que no surgen del análisis contable", afirman desde la Ministerio Público.

También hay referencias en la investigación penal a un "análisis interpretativo de una desgrabación producida en agosto de este año, que el imputado recibió una llamada de un hombre y que el diálogo mantenido evidencia un conocimiento previo de ambas partes, que aporta información relacionada con la investigación. El llamante aportó información al imputado, no solo estableciendo como hipótesis que los autores son de otras provincias o de la zona sur de la ciudad y que indudablemente cometieron el crimen con la cooperación de residentes de Vaqueros, sino también aportó información respecto a posibles sospechosos".

Se destaca además "quien llamó hizo referencia a maniobras típicas del comercio y vinculadas al narcotráfico".

De otro análisis telefónico se desprende que "Cajal Gauffin llamó a una aseguradora en diciembre de 2017, pidiendo definiciones respecto a la indemnización por la muerte de Salas para obtener el cobro de $900.000. En la comunicación, el imputado admite conversaciones con el entonces fiscal interviniente, Pablo Paz".

Por esta escucha telefónica, Salinas Odorisio y Torres Rubelt remitieron una copia del decreto que amplía la imputación de Cajal Gauffin a la Fiscalía de Impugnación que lleva adelante el sumario administrativo contra el fiscal Paz, apartado de la causa por el Procurador Abel Cornejo.

La fiscalía aseguró que el imputado "alteró la escena al ubicar el llavero de Salas en el alambre próximo a la puerta de ingreso, y que ello no corresponde a la verdadera escena del hecho en el domicilio".

La defensa del viudo

El abogado Arancibia dijo a Salta/ 12 que Cajal Gauffin ya se presentó el viernes a declarar y respondió a todas las preguntas y que quedó a disposición porque no tiene “nada que ocultar”. El defensor afirmó que “no hay nada nuevo, ni algo que lo complica” al viudo.

“Dos años y medio después, hacen un estudio con perros” criticó. Arancibia señaló que el maletín que se menciona en la causa “era de viaje”, “lo más probable es que en algún momento hubo dinero” pero destacó que los perros “no pueden detectar cuándo ni cuánto”.

Sobre las llamadas de Cajal Gauffin a los gerentes de la empresa en que trabaja, el abogado planteó que el viudo llamó a sus amigos, familiares y a sus jefes. “No es que ocurrió el crimen y automáticamente habla con sus jefes, qué habrá pasado por la mente de él con el estrés postraumático”, planteó.

El letrado aseguró que “es falsa” la acusación de que su defendido manejara dinero no declarado “tenía un caja chica de 3 mil pesos”, dijo que eran para almuerzos (...) “¿qué tiene que ver con el crimen?”, cuestionó.

Aseguró que lo único nuevo que hay es una “valoración” porque el maletín ya estaba en la causa. “Hay dos formas de pensar: bien o mal”, aseveró, por “torpeza o inoperancia”, al calificar las acusaciones de la Fiscalía. Si no hay torpeza, consideró que “es una mala intención del procurador y fiscales de utilizar el dolor de la gente para generar la sensación de que se está trabajando en la causa cuando no se está haciendo nada”. Dijo que los funcionarios cuando pase el tiempo tendrán que responder en un jury de enjuciamiento.

Aunque no es el patrocinante del otro imputado, Vargas, el letrado consideró que está detenido por pobre y sostuvo que “no hay elementos que lo vinculen al asesinato de Jimena Salas”.

A estas alturas el abogado consideró mejor llegar a juicio para que se conozcan “las barbaridades del Ministerio Público Fiscal con acusaciones infundadas”. “Estas acciones, nos alejan de una investigación seria que encuentre a los verdaderos asesinos de Jimena Salas”, afirmó.

Para Arancibia, “los datos del expediente son objetivos”. “Creemos que la hipótesis más fuerte es la de un intento de robo que se frustró y algo salió mal. Ellos metieron mano en el placard, bolso, alhajero, estaban buscando elementos de valor. Son dos sujetos (según los rastros de ADN), algo pasó, no sabemos por qué se desató tanta violencia en el crimen”.

Ante la pregunta de por qué sigue en libertad su defendido siendo serias las acusaciones que tiene, declaró: “sería demasiado ridículo que lo detengan porque ellos conocen también los límites de la tolerancia, quieren generar sensación que la causa se está moviendo”. La fiscalía no pidió la detención del marido de Salas en ningún momento.