Con el objetivo de “reparar algo del daño” que sufrió el movimiento obrero durante la última dictadura cívico militar, la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de la Identidad presentó, con la firma de un grupo de diputadas y diputados, un proyecto de ley que apunta a corregir los legajos de aquellos trabajadores del sector privado que fueron asesinados o permanecen desaparecidos y entregárselos a sus familias.

“El Estado fue y es responsable de recuperar las historias de los trabajadores que fueron víctimas del terrorismo de Estado, de reparar algo del daño que en aquellos años se le hizo al movimiento obrero”, explicó Julián Scabbiolo, referente de la comisión que funciona desde 2012 en la órbita del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Desde allí, desde entonces, se trabajó para impulsar la búsqueda, reparación y entrega de legajos a las familias de los trabajadores del ámbito público secuestrados, desaparecidos o asesinados durante la última dictadura.

Con el proyecto de ley que reingresó al Congreso hace algunas semanas luego de haber cosechado media sanción en la Cámara Baja y perder estado parlamentario tras el ninguneo en el Senado, buscan “equiparar” la iniciativa de reparación para les trabajadores en el ámbito privado. En su segunda vuelta, la iniciativa fue presentada por la diputada Carla Pitiot, acompañada por sus colegas Facundo Moyano, María Florencia Peñaloza Marianetti, Jorge Taboada, José Luis Ramón y José luis Moretti. 

Además, cuenta con el respaldo de la secretaría de derechos humanos de la CGT y la oficina argentina y latinoamericana de la Organización Internacional del Trabajo. Semanas atrás, el referente de esa oficina, Pedro Furtado de Oliveira se comprometió a entregar documentación sobre denuncias de familiares de víctimas y referentes gremiales realizadas ante ese organismo durante la última dictadura para que la Comisión analice y resguarde.

“El Estado nacional, en base a las políticas reparadoras de memoria, verdad y justicia debe hacer todo lo posible para recuperar esas historias, hacerlas visibles a la sociedad, restituir con la verdad a sus familias”, apuntó Scabbiolo, quien indicó que “se trata de compañeros que iban a trabajar, pasaban la mayor parte de su vida en el trabajo” y cuyas historias “son importantes también para los trabajadores actuales de las empresas de las que se los llevaron”. La mecánica que propone el proyecto de ley es el rescate, a través de la coordinación entre diferentes empresas y el Estado, de legajos de trabajadores, delegados, referentes sindicales cuyos crímenes de lesa humanidad no se ven reflejados en la documentación de trabajadores en relación de dependencia con diferentes patronales.

En algunos casos figura que fueron despedidos por abandono de puesto de trabajo, en otros que les han enviado telegramas sin respuesta. “Queremos que en los legajos se inscriba la verdadera causal de que no hayan vuelto a su trabajo: fueron víctimas del terrorismo de estado, y que los mismos, mediante un acto público, sean entregados a sus familias”, sostiene la fundamentación del proyecto, en el que se indica que la reparación propuesta es “documental e histórica”. 

“Aspiramos a que, en el marco de un gobierno nacional y popular como el que acaba de asumir, la reparación ética, documental y moral para con el movimiento obrero que implica esta propuesta sea un acuerdo de consenso”, completó Scabbiolo. La iniciativa no representa ninguna erogación presupuestaria para el Estado Nacional, ya que la tarea será realizada por áreas que están en actividad.

Desde que mantienen vigente la inciativa en el sector público, a partir del trabajo de la Comisión se han reparado y entregado en actos públicos 150 legajos a sus familiares de más de 19 establecimientos estatales, mientras que se han incorporado al lugar de trabajo de la madre o del padre 23 hijas e hijos.