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El capítulo previsional de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva presenta medidas de aplicación inmediata, como el pago de un bono en diciembre y enero para recomponer ingresos a alrededor del 60 por ciento de los jubilados, y abre las puertas a una nueva reforma de la movilidad de los haberes. Esto último incluye a los llamados regímenes especiales, como los que rigen para docentes, científicos y diplomáticos, cuyos sistemas de actualización de las prestaciones también quedan en suspenso por seis meses. La justificación para todo el paquete que dio el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue que se necesita flexibilidad para "fortalecer el carácter redistributivo de las jubilaciones" y, por otro lado, que el mecanismo de aumentos de los haberes que había diseñado el gobierno de Mauricio Macri fue pensado para una economía que crecería a un ritmo del 3 por ciento, cuando en realidad está cayendo a esa velocidad. Por lo tanto, lo que había no es aplicable y se requiere un nuevo sistema.
¿Cómo es el bono?
El plus de diciembre y enero será de 5000 pesos cada mes para quienes perciben la jubilación mínima, de 14.068 pesos en este momento. También cobrarán esa cifra los jubilados a través de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y aquellos que cobran pensiones no contributivas, como las que se pagan por invalidez.
En esta ocasión, el Gobierno resolvió que el suplemento no quede limitado a los sectores de ingresos más bajos, sino que extendió el beneficio a todos aquellos que perciben haberes menores de 19.068 pesos. Como anticipó Página/12, se estableció una curva para las escalas intermedias entre la jubilación mínima (de 14.068 pesos) y ese tope de 19.068 pesos, por la cual los jubilados y pensionados cobrarán la diferencia hasta llegar a ese máximo. Por ejemplo, un jubilado que gana 18.000 pesos, recibirá un bono de 1068 pesos. Si su haber fuera de 16.000, el bono llegará a 3068 pesos.
El suplemento será para quienes cobran un solo beneficio. Por lo tanto, aquellas personas que perciben su jubilación y la pensión por fallecimiento del cónyuge, por ejemplo, quedarán excluidas del bono. Incluso será así si en ambas prestaciones ganara el haber mínimo. El requisito insalvable para obtener el bono es cobrar un solo beneficio. Esto reduce el universo de personas alcanzadas y de allí que serían aproximadamente el 60 por ciento del total de jubilados y pensionados los que accederían al suplemento de diciembre y enero. En cambio, no habrá requisitos para las pensiones no contributivas como la antigüedad del auto o cuestiones patrimoniales que hacía valer el gobierno anterior.
La fecha de pago del bono de diciembre todavía no fue establecida, pero será efectivamente antes de fin de año.
Lo mismo ocurrirá con el bono para los titulares de la Asignación Universal por Hijo, cuyo bono en este caso será de 2000 pesos solo en diciembre.
Movilidad
El segundo anuncio que hizo el Gobierno en materia jubilatoria es la suspensión por seis meses de la ley de movilidad que regía desde diciembre de 2017. La última vez que se aplicó esa polémica norma fue este mes, cuando se otorgó un incremento del 8,74 por ciento. La prestación mínima quedó en 14.068 pesos. De acá en más, la administración de Alberto Fernández diseñará una nueva fórmula de actualización de los haberes. El próximo incremento será en marzo, por decreto, y la intención de las autoridades es que para junio ya esté aprobado el nuevo mecanismo.
"Con el objetivo de fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes y de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos se suspenden por 180 días las distintas leyes que otorgan movilidad a las prestaciones previsionales de diversos regímenes", sostienen los fundamentos del proyecto que presentó Guzmán. De allí surge que la movilidad de los llamados regímenes jubilatorios especiales, como los de docentes, científicos y diplomáticos, también quedan bajo revisión el próximo semestre.
"Durante esos seis meses, el Poder Ejecutivo fijará incremementos trimestrales que atenderán prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos", agrega Economía. Todavía no hay ninguna precisión sobre cómo será el aumento de marzo, pero el Gobierno sugirió que no será uniforme, sino superior para quienes menos ganan. Esa decisión tuvo como justificación lo señalado al comienzo: la ley de movilidad de Macri era para una economía en crecimiento con baja inflación, mientras que el escenario actual es exactamente al revés: fuerte caída del PIB con inflación record.
Sin embargo, la ley de Macri hizo algo más que transformarse en insustentable en términos macroeconómicos. También provocó un fuerte deterioro en los ingresos de los jubilados: en 2018 los haberes subieron 28,46 por ciento, pero la inflación fue del 47,6. Este año, en tanto, los aumentos acumulados llegaron al 51,12 por ciento, contra una inflación que estará arriba de esa cifra, aunque todavía no se conoce el dato de diciembre para hacer la comparación completa.
Los jubilados esperaban en 2020 empezar a recuperar algo de lo perdido, ya que para marzo estaba previsto un aumento del 11,56 por ciento por la alta inflación del tercer trimestre de este año, que era el insumo principal para determinar ese incremento. Ahora, con la suspensión de la movilidad, ese ajuste se cae y el nuevo Gobierno aplicará una suba por decreto. Si el aumento fuera menor a aquel 11,56 por ciento, los reclamos estarán a la orden del día. Es posible que quienes perciben la jubilación mínima no sufran esa retracción e incluso puedan llegar a tener alguna mejora adicional, pero seguramente los sectores de haberes más elevados terminarán cobrando menos.
Frente a esa hipotética situación, para evitar juicios como los que ocurrieron después de 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner también otorgó subas que no fueron uniformes y eso fue penalizado con el fallo Badaro de la Corte Suprema, la actual administración pide que se declare la emergencia previsional. Ese paraguas evitaría los juicios, consideran en el oficialismo. Los funcionarios también afirman que los jubilados tendrán beneficios indirectos, como el otorgamiento de medicamentos gratuitos -todavía en estudio- y la refinanciación de las deudas con la Anses. Sin embargo, aquellos que no cobren en marzo lo que tenían previsto seguramente buscarán una compensación por vía judicial.
