El primer ministro británico, Boris Johnson, busca acelerar la negociación de la próxima fase del Brexit con Bruselas. Con ese objetivo se dispone a prohibir por ley un aplazamiento del periodo de transición más allá de diciembre de 2020. El proyecto de ley pasará por el Parlamento el próximo viernes. Allí Johnson espera una cómoda aprobación del texto, ya que goza de mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. El primer ministro británico le negó a Escocia la celebración de un segundo referéndum de independencia, solicitado por la ministra principal Nicola Sturgeon.

Reelegido por un amplio margen en las legislativas de la semana pasada, el líder conservador parece decidido a no repetir los errores de su predecesora Theresa May , acusada de falta de firmeza ante las exigencias de la Unión Europea. Esto resultó en tres aplazamientos del Brexit, inicialmente fijado para marzo de 2019 y ahora previsto para el 31 de enero.

Con 365 de los 650 diputados en el nuevo Parlamento, Johnson está ahora seguro de obtener la aprobación del acuerdo de divorcio. Pero después comenzará una segunda y más complicada fase de negociación: la de la futura relación comercial con los 27 países miembros de la Unión Europea (UE).

La nueva Cámara de los Comunes retomó la actividad el martes. "Este Parlamento es una gran mejora respecto a su predecesor", afirmó Johnson subrayando que "no perderá el tiempo en bloqueos, divisiones y retrasos". El primer ministro hizo "muchas promesas durante la campaña" y "será juzgado sobre si las cumple o no", advirtió por su parte el líder de la oposición, Jeremy Corbyn.

La futura relación entre Londres y Bruselas debe negociarse durante el denominado "periodo de transición". Dicho periodo vence el 31 de diciembre de 2020, pero puede ser ampliado hasta dos años, aunque Londres debería solicitarlo antes del primero de julio. Sin embargo, el programa electoral conservador "señala claramente que no ampliaríamos el periodo de transición", subrayó una fuente de Downing Street.

Por ese motivo, el equipo de Johnson está reescribiendo el proyecto de ley que debe traducir el Tratado de Retirada a la legislación británica para prohibir al gobierno aceptar cualquier tipo de extensión. El texto será sometido al nuevo Parlamento el viernes, aunque su adopción quedará para después del receso de Navidad. 

El objetivo evidente es mandar un mensaje a Bruselas sobre su determinación a negociar de forma expeditiva. Johnson habló con la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y acordaron trabajar con "gran energía" en la futura relación, según su vocero. La UE hará "todo lo posible" para alcanzar un acuerdo con Londres en once meses, afirmó en la misma línea el negociador jefe europeo Michel Barnier.

No a Escocia

Johnson descartó toda posibilidad de que Escocia celebre un segundo referéndum de independencia. La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, deslizó previamente que a fines de esta semana solicitaría formalmente esa posibilidad a Londres.

El primer ministro británico llamó a "resistir las llamadas de aquellos que romperían el Reino Unido". Escocia necesita sí o sí de la aprobación de Londres para llevar a cabo el plebiscito independentista. "Como Parlamento del Reino Unido, deberíamos, educada y respetuosamente, defender la asociación y la unión" del país, retrucó Johnson, quien el jueves último obtuvo la mayoría absoluta.

En las mismas elecciones, el Partido Nacionalista Escocés de Sturgeon también logró un amplio triunfo al asegurarse 47 de los 59 escaños reservados a esa región. El resultado fue interpretado por la líder escocesa como un aval a su propuesta de celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia de la región. También como un claro gesto de que los escoceses no desean abandonar la Unión Europea.

El viernes pasado, en conversación telefónica con Sturgeon, Johnson se negó a otorgarle una segunda consulta y argumentó que la región había decidido permanecer en el Reino Unido con el 55 por ciento de los votos en 2014. Sturgeon considera que la inminente salida del país de la UE cambió las circunstancias en las que se celebró el primer referéndum de 2014, razón por la cual insiste en una segunda consulta.