El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó este martes los principales lineamientos del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que fue girado por el Ejecutivo al Congreso. El punto en común que atraviesa todo el proyecto es la emergencia en que dejó el macrismo al país en casi todos los órdenes económicos y sociales. El proyecto se capitula en cuatro grandes bloques. En el tema de la Seguridad Social el proyecto establece la suspensión por 180 días en la movilidad previsional, ventana en la cual se discutirá un nuevo régimen de actualización de haberes. En ese plazo los aumentos serán decretados por el Ejecutivo. 

El apartado tributario cuenta de once grandes reformas, de las cuales, la suba de retenciones a la soja, maíz y trigo, el impuesto a los bienes personales y el recargo sobre la compra de dólares son los más destacados. En materia tarifaria habrá un congelamiento de precios de los servicios de energía eléctrica y gas y se intervendrá el ENRE y Enargas. El tema de la deuda es un capítulo ciertamente aparte, en el que se inicia un proceso de conversaciones para reestructurar los próximos vencimientos. “Son todas promesas que se pueden cumplir”, aseguró Guzmán.

La conferencia comenzó pasadas las 11, luego de que el presidente Alberto Fernández finalizara su alocución en el lanzamiento del plan estratégico automotor. “Este es un primer paso para resolver la severa crisis social y económica que dejaron los últimos cuatro años, con aumento de la pobreza e indigencia y situaciones de hambre, para atender a la población más vulnerable”, afirmó Guzmán sobre el proyecto de ley, que en ese momento llegaba a la mesa de entrada del Congreso. “Los objetivos centrales son construir un sendero de sustentabilidad fiscal, restaurar los componentes progresivos del sistema impositivo y proteger sectores productivos”, dice el proyecto del Ejecutivo.

Seguridad Social

“El objetivo es atender el fenomenal descalabro en Seguridad Social de estos cuatro años que es muy grave. Es necesario cambiar las condiciones del sistema previsional, porque así no funciona”, afirmó Guzmán. Según el proyecto de ley, “se suspenden por 180 días las distintas leyes que otorgan movilidad a las prestaciones previsionales de diversos regímenes”.

El ministro argumentó que el actual esquema se pensó para una economía en crecimiento, cuando lo que se registró fueron cuatro años de caída. En los últimos dos años los recursos de la seguridad social bajaron en un punto del PIB.

Durante ese lapso deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos. El primer anuncio fueron los 5000 pesos en sendos bonos para los que cobran un haber mínimo, que se pagarán en diciembre y enero. En el caso de lo que cobren por encima de la mínima, se aplicará un proporcional para mantener las escalas.

Hasta el 31 de diciembre de 2023 el Ejecutivo deberá mantener hasta el 70 por ciento de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en títulos públicos, cuenten o no con garantías. También se faculta al Ejecutivo a efectuar reducciones de aportes patronales o de contribuciones personales al Sistema Integrado Previsional Argentino “limitadas a jurisdicciones y actividades específicas o en situaciones críticas”.

Políticas tributarias

“No hay cómo financiar el déficit y no le podemos pedir más a los que más sufrieron”, afirmó el ministro de Economía. En este apartado existen once reformas impositivas. Se crea el “Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que puede resumirse en el recargo sobre el dólar tarjeta o turismo, aunque tiene un alcance mayor. Este impuesto contempla además la compra de dólares para atesoramiento, actualmente limitada a 200 dólares por mes.

El proyecto establece un régimen de  reintegros de IVA para personas humanas y pequeños contribuyentes. “La idea es alcanzar a los sectores más postergados de la economía. Para las empresas además habrá planes para regularizar sus deudas y así puedan crecer y generar empleo”, afirmó Guzmán. El plan incluye obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre de este año y podrán acogerse hasta el 30 de abril próximo. Se dispondrá de un nuevo esquema de contribuciones patronales, revisando la última reforma realizada en 2017. Además, se determinan limitaciones a la práctica de ajuste por inflación para la presentación de balances, que estuvo incluida en la misma reforma de 2017.

En el caso de bienes personales, el ministro aseguró que se vuelve a las alícuotas de 2015. “Y se va a gravar la tenencia de activos en el exterior. Si regresan una parte al país, la alícuota no se cobra”, agregó el funcionario, quien remarcó el objetivo es alentar el ahorro en pesos y desalentarlo en dólares. “Por eso, se eliminan impuestos sobre el ahorro celular en pesos”, explicó. Se trata del gravamen sobre la renta financiera. Se excluirá el ahorro en plazos fijos y títulos públicos nominados en pesos.

“Con el objetivo de combatir el uso de dinero en efectivo para incentivar la formalización de la economía y la inclusión financiera, se amplía el alcance del impuesto sobre los débitos y créditos a extracciones en efectivos”, señala el proyecto. No están alcanzadas las personas humanas ni pequeñas y medianas empresas. También se aplicará una tasa estadística de las importaciones del 3 por ciento (a partir de enero estaba previsto que se redujera a 0,5 por ciento). Por último, se modificarán los impuestos internos a vehículos automotores, motociclos, embarcaciones y aeronaves. Se reemplaza la alícuota única de 20 por ciento por un sistema de escalas impositivas.

Sistema energético

“El manejo de las tarifas en los últimos años lo único que hizo fue agravar el problema de las familias y las tarifas. Se discutirá un nuevo marco general e integral y para ellos se tomará 180 días para cambiar el esquema con mejores condiciones para producción, que fomente la inversión en energía y proteja a las familias”, afirmó Guzmán. “Mientras dure la renegociación aludida, las tarifas se mantendrán inalteradas”, detalla el proyecto de ley.

En el artículo 6 del proyecto se faculta al Ejecutivo a intervenir administrativamente por un año el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). “Durante la vigencia de la emergencia declarada en la presente, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Edenor y Edesur”, advierte en este punto la iniciativa oficial.

Sostenibilidad de la deuda

“Tuvimos un crecimiento fenomenal de la deuda que no tuvo fines productivos ni políticas alineadas con la producción”, explicó el titular del Palacio de Hacienda. En este punto todo está por verse. En el proyecto sólo se abre institucionalmente un espacio de diálogo para que el Gobierno lleve adelante “gestiones y actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”. “El Ejecutivo remitirá un informe con los resultados alcanzados como productos de las gestiones y actos a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior del Congreso”, agrega en su articulado el proyecto.

En su artículo 57, se autoriza además al Gobierno a emitir letras denominadas en dólares estadounidenses por un monto de hasta 4571 millones de dólares de las reservas de libre disponibilidad, “a 10 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central”. El Central tendrá además que analizar la situación de los deudores bajo el ruinoso mecanismo de indexación por inflación. “El BCRA realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”, advierte el proyecto.