El título tercero del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva presentado ayer refiere al sistema energético. La norma establece que las tarifas de electricidad bajo jurisdicción nacional (de las empresas que operan en el Area Metropolitana de Buenos Aires) y del gas en todo el país se van a mantener sin cambios por el lapso de 180 días, mientras que el Poder Ejecutivo va a renegociar la revisión tarifaria integral durante ese período. Al mismo tiempo, el Gobierno nacional interviene los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (Enargas) por el término de un año y mantiene al ENRE la competencia de regular a Edenor y Edesur, para retrotraer la pérdida de funciones en manos de la Ciudad de Buenos y de la provincia de Buenos Aires que había previsto la administración de Cambiemos. La mesa de negociación con las provincias definirá qué pasará con las tarifas eléctricas en esos distritos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya anticipó que allí no habrá subas. El proyecto no hace alusión a las tarifas del servicio de agua.

Con estas medidas, el gobierno mantiene la suspensión de aumentos que implementó la administración anterior en los últimos meses con un criterio electoral y abre varios frentes de negociación. Por un lado, más temprano que tarde deberá renegociar los precios que se paga por el gas a las empresas petroleras, que no puede disociarse demasiado del precio internacional si la idea es que haya fuertes inversiones en Vaca Muerta. El problema es cómo evitar que esos precios altos para motivar la inversión impacten plenamente en las tarifas de gas y luz que pagan los hogares. A corto plazo, se agitarán las aguas con los gobernadores, porque el gobierno nacional vuelve a hacerse cargo de la tarifa social en el área metropolitana, al tiempo que hay provincias con enormes deudas ante Cammesa por la dificultad de pago en el marco de un escenario tarifario insostenible. Por otro lado, habrá discusión con Edenor y Edesur por el congelamiento tarifario.

Si bien el presidente Alberto Fernández anticipó desde la campaña electoral que se modificaría la lógica de la actualización tarifaria que llevó a cabo el gobierno anterior durante la mayor parte de su gestión, la gran novedad por ahora es que no va a haber aumentos por seis meses en el gas para todo el país y en el caso de la luz, para el AMBA. “Las tarifas no se van a aumentar hasta mediados de 2020. Está suspendido el aumento y vamos a desdolarizar las tarifas. Vamos a dar hasta el 30 de junio. El sistema actual les sirve a las empresas de energía, pero no a la producción. Las empresas deben tener un colchón amplio. Quiero creer que van a entender la crisis en la que estamos, que a ellos les ha tocado ganar y que ahora necesito que ayuden”, anticipó Fernández en una entrevista televisiva. En la rueda de prensa del martes por la mañana, el ministro de Economía, Martín Guzmán ratificó esas ideas: “los objetivos tienen que ser bien balanceados, tiene que haber un equilibrio. Va a haber un nuevo marco para rediscutir”.

El artículo 5 establece que se mantienen las tarifas de luz y gas que tienen jurisdicción nacional, lo cual remarca el control del Estado nacional sobre el servicio que prestan Edenor y Edesur en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto vuelve sobre los pasos de la decisión del gobierno anterior de provincializar la jurisdicción de esas empresas, en favor de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El congelamiento es por 180 días, durante los cuales se realizará una revisión tarifaria extraordinaria que echará hacia atrás la revisión tarifaria integral de 2016.

El artículo 6 faculta al Ejecutivo nacional a intervenir el ENRE y el Enargas y el artículo 7 define que el ENRE mantenga su competencia como organismo regulador de la electricidad en jurisdicción nacional. Esto deja huérfano de funciones al Ente Metropolitano de Servicio Eléctrico (EMSE) que creó la Ciudad de Buenos Aires para confeccionar el traspaso. En la provincia de Buenos Aires el trámite venía más lento, ya que ni siquiera tenía el aval formal de la Legislatura para asumir la jurisdicción. Pedro Bussetti, de la entidad de usuarios y consumidores Deuco, advierte que “se debería revisar explícitamente directamente todo el acuerdo de traspaso y no solamente la situación del ente regulador, porque las empresas pueden hacer presentaciones ante la Justicia”. El congelamiento de gas operará en todo país y, si se concreta el freno al traspaso del control de Edenor y Edesur, la luz en el AMBA también quedará congelada. En el resto del país, la situación de la tarifa eléctrica dependerá de la negociación con los gobernadores.