Por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, la Policía Federal allanó la sede central de la AFIP para constatar si hubo fuga de información sensible de bases de datos del organismo con fines de espionaje ilegal. La medida fue dispuesta como parte de un legajo donde se investiga la actividad de dos funcionarios del organismo vinculados a Elisa Carrió, Jaime Mecikovsky y Norberto Sosa, sospechados de filtrar datos protegidos por el secreto fiscal. La causa madre es la que intenta reconstruir maniobras para espiar los movimientos de jueces, fiscales y políticos a través del registro de la Dirección Nacional de Migraciones. El tramo que atañe a la AFIP, también tendría como víctimas a figuras públicas y empresarios. En total habría cerca de 70 víctimas hasta ahora en el expediente. Los dos funcionarios de la AFIP fueron desplazados de sus cargos, pero siguen siendo empleados de planta. Actualmente se tomaron vacaciones.

Canicoba Corral dispuso el procedimiento en el ente recaudador, hoy a cargo de Mercedes Marcó del Pont, porque no lo conformó el informe que el organismo presentó en noviembre último –cuando aún era dirigido por Leandro Cuccioli— donde intentaba desligar a Mecikovsky y Sosa. El dato sobre la presunta participación de estos dos funcionarios surgió en el programa ADN, que emite el canal C5N, donde incluso se señaló entre las posibles víctimas de la filtración de información fiscal a Mirtha Legrand, Susana Giménez, Jorge Lanata, el líder sindical Hugo Moyano, el empresario Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) y el fallecido Franco Macri. La Policía secuestró ayer dos computadoras personales e información contenida en otros dispositivos que será analizada por el juzgado, según informaron a Página/12 allegados a la investigación.

En los inicios de la investigación se detectó la recolección sospechosa de dato sobre entradas y salidas del país de 22 jueces y juezas federales, en su mayoría de Comodoro Py, además de dos integrantes de la Corte Suprema, que son Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Con el devenir de la pesquisa, la Dirección de Migraciones detectó accesos irregulares a su base de datos para conocer información sobre 28 jueces y 4 fiscales más de todo el país. 

Lo mismo ocurrió respecto de siete gobernadores de distintas fuerzas políticas, dos diputados y un senador. El mecanismo de búsqueda de datos detectó que fue canalizado desde distintas reparticiones públicas, fuerzas de seguridad (Policía Federal, porteña, Gendarmería) pero también AFIP, Aduana, Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuración General y áreas del Poder Judicial. En algunos casos se pudo detectar quiénes fueron las personas o el usuario que se utilizó para las consultas, pero nadie ofrece una explicación que justifique la búsqueda de esa información. Salvo algunas excepciones, no aparecen causas judiciales ni investigaciones administrativas que lo justifiquen, al menos hasta el momento. 

El área más reticente a colaborar con la causa ha sido la Unidad de Información Financiera (UIF). El juez aguarda aún información de otros órganos que pueda ayudar a detectar si hubo un modus operandi o alguna dependencia que centralizara el espionaje en cuestión. También pidió informes al Registro de la Propiedad Automotor, al de la Propiedad Inmueble, a Veraz y a Nosis.

Como en otras investigaciones en danza –como el caso de espionaje que tramita en Dolores, donde el fiscal Juan Bidone está procesado por búsquedas de información de Migraciones que le daba al falso abogado Marcelo D’Alessio- todo hace pensar que el tipo de información rastreada es útil para aprietes y a veces armado de causas. Saber, por ejemplo, con qué frecuencia viaja un juez o jueza o funcionarios, con quién lo hace, en qué períodos. Son todos datos sensibles sobre su vida privada y su nivel de gastos. Todavía no está claro el nivel de coordinación de las operaciones en estudio, aunque sí el modus operandi reiterado.

En relación a los dos hombres de Lilita Carrió en la AFIP, sus nombres ya habían sonado en Comodoro Py cuando, por ejemplo, el ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, los vinculó con causas en su contra. El ex titular de la DGI, Angel Toninelli, había denunciado a Sosa por falso testimonio, a raíz de que lo involucró en la supuesta protección a Lázaro Báez. La AFIP, en el esquema que tuvo durante el Gobierno de Mauricio Macri, está en el centro de las sospechas por varios tipos de operaciones, como las que apuntaron a los dueños de los medios del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.