Las asambleas ciudadanas de Mendoza mantienen una vigilia y abrazo a la Legislatura provincial para rechazar la modificación a la ley 7722, que prohíbe la utilización de las soluciones contaminantes en la explotación de la megaminería. "El agua de Mendoza, no se negocia", fue la histórica consigna que se repitió esta tarde en la Plaza Independencia frente al edificio legislativo.
La modificación a la ley 7722 impulsada por el ex gobernador y titular de la UCR Alfredo Cornejo y respaldada por su sucesor Rodolfo Suárez, quien ayer se reunió en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández , despertó el rechazo de miles de vecinos y organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace y Vida Silvestre, que advierten que la marcha atrás en la norma votada en 2007 significaría una violación a la no regresividad de la Ley General de Ambiente.
Los legisladores del oficialista Cambia Mendoza debatieron la iniciativa esta tarde junto con los legisladores del peronismo, que se mostraron dispuestos a la discusión. La ex candidata a gobernadora y vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Anabel Sánchez Sagasti, aseguró que "la actividad minera solo debe desarrollarse en aquellos departamentos donde exista Licencia Social" y consideró que el único distrito donde se había logrado era el de Malargüe. El Frente de Izquierda adelantó su rechazo y resaltaron que la provincia está en "emergencia hídrica".
El debate legislativo se produjo mientras miles de personas mantenían una vigilia fuera del edificio, rodeados por un fuerte operativo policial. "Somos ciudadanos comunes, y estamos pidiendo por la vida nuestra y de nuestros hijos. En Neuquén, San Juan y Catamarca ya ha pasado lo que están planteando los políticos acá en Mendoza; y los resultados han sido terribles. En otros países el fracking ha sido prohibido también", advirtieron algunos manifestantes.
En paralelo, el intendente de la capital mendocina Ulpiano Suárez —sobrino del gobernador— buscó debilitar la protesta al aplicar el polémico código contravencional, votado el año pasado, para multar con 70 mil pesos a un grupo de organizaciones que desde esta mañana mantuvieron cortada la calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura.
El rechazo a la modificación de la ley 7722, que permitiría la apertura de proyectos de megaminería y fracking, también está respaldado por una decena de organizaciones ambientalistas. "Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente", advirtió Greenpeace.
Vida Silvestre, la Fundación Biodiversidad y la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, por su parte, subrayaron que "Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años" y "la modificación de esta ley dejaría los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable, afectando la calidad de vida de sus habitantes y todas las actividades que dependen directa o indirectamente de estos".
Hace pocas semanas, en Chubut, las movilizaciones contra el intento de modificar la Ley 5001, que también prohíbe la megaminería en la provincia, terminaron con represión y detenciones . Pocos días después, asambleas ciudadanas de todos el país firmaron una carta pública dirigida al actual presidente, en la que expresaron la "preocupación" por la designación del ex ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, en la secretaría del área a nivel nacional, y recordaron que la megaminería mantiene en la pobreza a las localidades explotadas. Además se manifestaron "dispuestos a sostener las leyes de protección que no permiten regresividad alguna, un principio insoslayable del derecho ambiental".
