El Gobierno nacional y los gobernadores acordaron suspender el llamado Consenso Fiscal que 19 de esos mandatarios habían firmado en noviembre de 2017 con la administración de Cambiemos. Por ese pacto, las provincias debían reducir impuestos como Ingresos Brutos y Sellos -que en el léxico empresarial de Mauricio Macri resultaban "distorsivos"- y a cambio recibirían compensaciones, que nunca se materializaron del todo. Alberto Fernández aceptó dejarlo stand by y a cambio los gobernadores se comprometieron también a suspender los reclamos judiciales por el reparto de recursos coparticipables. En definitiva, a una semana de asumido, el Gobierno puede presumir de haber conseguido su primer acuerdo con los jefes provinciales, incluyendo a los de Cambiemos. 

Los gobernadores peronistas que se acercaron a la Casa Rosada en los primeros días de iniciado el Gobierno llevaron la inquietud sobre el Consenso que había terminado -como varios sospechaban- ocasionando nuevas penurias a las arcas provinciales. Lo curioso fue que los gobernadores que en 2017 eran oficialismo y hoy están en la oposición coincidieron con el panorama. La firma se realizó en el salón Eva Perón de la Casa Rosada y junto a Fernández estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Del otro lado de la mesa, hubo asistencia perfecta de gobernadores y del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El único ausente fue el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, porque justo asumía ayer en el cargo.

La adenda firmada ayer por todos los gobernadores suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 nueve incisos del Consenso Fiscal 2017. La decisión deja sin efecto las bajas previstas para las alícuotas de impuestos que serían progresivas hasta 2022. Es decir, a partir de la suspensión de las cláusulas se otorga libertad a las provincias para que, en caso de considerarlo neesario, utilicen las alícuotas máximas que se establecían para impuestos provinciales -como Ingresos Brutos o impuestos inmobiliarios- para este año 2019. 

De acuerdo al cálculo realizado por el ministerio del Interior, la medida representará un alivio fiscal de unos 60 mil millones de pesos repartido entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro fue la primera misión de peso de De Pedro como ministro y por la tarde, en su despacho, celebraban el éxito de la convocatoria y que todo hubiera salido como estaba previsto. 

Otro punto del acuerdo es que se creará una Comisión de Evaluación del Impacto de la reducción del IVA y de Ganancias sobre la canasta básica de alimentos, medida que adoptó Mauricio Macri luego de la abultada derrota en las PASO para dar a entender que había escuchado el mandato de las urnas. Lo criticable fue que lo hizo en base a dos tributos coparticipables que le quitaron nuevos recursos a los gobernadores, que en algunos casos ya tenían problemas para reunir fondos para pagar los sueldos estatales. Al combo se sumó la recesión y la eliminación de algunos subsidios. 

La comisión propondrá entonces medidas para ofrecer una "solución integral" al problema creado a partir de la rebaja dado que ahora, como es obvio, no es viable ahora volver a subir los impuestos a la canasta de alimentos. Uno de los puntos que dejaron en claro que los cursos de acción que se evaluarán tienen que evitar una nueva judicialización del tema. De hecho, los gobernadores que acudieron a los tribunales para reclamar por la merma de fondos acordaron suspender el reclamo hasta que se alcance una solución definitiva.

No hay que imaginar que resultará muy sencillo. Antes de la firma, los ministros de Economía provinciales estuvieron reunidos con funcionarios nacionales para afinar la letra chica del acuerdo y hubo que redactar tres borradores diferentes hasta que se consensuó una versión final. 

Luego del encuentro un conferencia de prensa que ofrecieron el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el de Jujuy, Gerardo Morales, un peronista y un radical. "Debemos colaborar porque lo más importante es restablecer la economía, poner en práctica medidas concretas que repercutan directamente en el consumo y que los argentinos puedan recuperar el poder adquisitivo del salario”, sostuvo Uñac.

El sanjuanino aclaró que la cláusula que suspende la baja de los impuestos, y que otorga libertad a las provincias para que, en caso de considerarlo necesario, utilicen las alícuotas máximas que se establecían para el año 2019, “no significa un cheque en blanco para que aumentemos” los gravámenes.

Dijo que aún no había hecho una evaluación de los números que significa el acuerdo para su provincia, y agregó: “Sí sabemos la situación delicada en que se encuentran las finanzas nacionales y obviamente la provinciales, que varían de acuerdo a la situación de cada Estado, pero es un análisis que les cabe a todas”.

Por su parte, Morales estimó que con la suspensión su provincia recuperará alrededor de 1.000 millones de pesos anuales y posibilitará “una mayor recaudación”, por lo cual el acuerdo “nos da un alivio a las provincias durante un año, es una ayuda, y luego veremos cómo continuamos con esa hoja de ruta que estaba establecida”.

Explicó que “cada provincia tiene un esquema tributario diferente y en consecuencia una situación diferente. Algunas por el Pacto Fiscal del 2017 tenían que bajar sus impuestos más y otras menos” y estimó que “va a haber mayor impacto seguramente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires”.