La Cámara de Apelaciones y de Control de Jujuy suspendió el desalojo ordenado para este miércoles por el juez penal Jorge Zurueta contra Pedro Maraz, de 70 años. La abogada defensora Paloma Alvarez Carrera logró frenar la medida con un recurso de apelación. La propiedad no es individual sino colectiva, allí vive la comunidad originaria Mayu del pueblo kolla y la organización campesina San Marcos, de Los Alisos. 

La decisión de la Cámara de Apelaciones se conoció ayer por la tarde. Alvarez Carrera dijo que el desalojo no se puede concretar porque está en vigencia la ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria, que lo prohíbe. Además, el juez Zurueta había obviado la ley 27.162, de reparación histórica de la agricultura familiar; el Convenio 169 de la OIT con rango constitucional, y la Declaración Universal de los Derechos Campesinos de la ONU. 

Maraz fue acusado de usurpación por la inmobiliaria Sucre SRL, que tiene como apoderados a Simón Gronda y a Alfredo González. En abril, la empresa envió topadoras que destrozaron los sembrados, el alambrado, las plantas implantadas y nativas, la zona de pastaje de los animales de cría y arrasaron con una casilla de bloque que el hombre tenía en el lugar. Las autoridades de la comunidad Mayu junto a Maraz hicieron una denuncia penal por los daños ocasionados pero la abogada Alvarez Carrera dijo que no fue atendida por el fiscal penal Gustavo Araya. 

La Comunidad Mayu y la organización San Marcos volvieron a levantar la casilla de Maraz, instalaron un horno en el lugar, levantaron de nuevo el alambrado y sus integrantes siguen sembrando en el lugar. 

"Sucre dice que la tierra es de ellos, pero es mía, es de nosotros”, expresó Maraz a Salta/12. “Lo que está pasando es horrible, nunca esperamos que una empresa venga a querer desalojarnos, no es posible, es ridículo”, manifestó.

Integrantes de la Comunidad y la abogada destacaron que Simón Gronda "es pariente" del secretario de Biodiversidad de la provincia de Jujuy, Javier Gronda. Como prueba de que el funcionario también tiene intereses en este conflicto exhibieron un video tomado en la Semana Santa última, en el que se ve a Javier Gronda y a Simón Gronda en un intercambio con comuneros: 

Maraz contó que su madre y padre vivieron allí y ahora quedaron él con un hermano, dos hermanas y sus respectivas familias. “Yo sigo trabajando la tierra, produzco, verduras, maíz, maní. Ahora es zona productiva, lo preparamos al terreno”, sostuvo. Contó que recuperaron ese terreno, que antes pasaba un río que se secó y había muchas piedras, la tierra era infértil y el trabajo colectivo campesino indígena lo volvió fértil. Allí producen alimentos agroecológicos.

“De eso vivimos”, dijo la presidenta de la organización San Marcos de los Alisos, Rosa Gutiérrez. Explicó que con su producción agroecológica se autoabastecen y también proveen al pueblo con alimentos sanos que venden en las ferias.

Gutiérrez planteó que uno de los apoderados de Sucre, les decía que iba a darles trabajo. “¿Qué tipo de trabajo nos van a dar? Nosotros vivimos bien, producimos lo que nosotros comemos, participamos de ferias, concientizamos sobre la buena alimentación, conservamos nuestras semillas, no las compramos, deberían fortalecernos y no hacernos esto”, manifestó la referenta.

La abogada Alvarez Carrera contó a Salta/12 que la apelación a la orden de desalojo pidieron a la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy que revise la decisión del juez Zurueta y la declare nula porque “no respeta los derechos individuales de Maraz ni los colectivos de la comunidad indígena y campesina" que allí viven.

La empresa Sucre SRL “tiene la idea de lotear toda la zona o venderla para ampliar el parque industrial”, indicó la abogada. También aseveró que “se discute la posesión”. Dijo que Sucre trata a los miembros de las comunidades como “usurpadores” pero “hasta el momento ninguno de los socios vive, reside o produce” en esas tierras.

“El desalojo era una orden ilegal porque el delito de usurpación se da cuando una persona ha sido desposeída del lugar, los socios de Sucre jamás estuvieron allí”, planteó Alvarez Carrera. La letrada señaló que desde la inmobiliaria presentaron ante la justicia un título de dominio “lo que discutimos es que hay que proteger la posesión y estas personas (de la empresa) nunca la tuvieron. La posesión es un derecho, la usurpación (tipificada como delito) intenta defender al poseedor legítimo”.

El trato desigual 

La abogada dijo que el fiscal Gustavo Araya nunca se puso a investigar “la denuncia que hicieron Maraz y la presidenta de la Comunidad Mayu (contra la inmobiliaria)”. “Decide darle razones a los titulares registrales, y los despojaron a ellos de su posesión. Don Maraz volvió al lugar y está sembrando”, por eso también la orden de desalojo estaba dirigida a él. 

“La zona era un basural, pasaba un río, se secó, era un terreno abandonado, la comunidad lo recuperó”, aclaró Alvarez. Dijo que las comunidades indígenas y campesinas tienen el “derecho al arraigo y a producir”. Recordó que ya en 2015 el Concejo Deliberante sacó una ordenanza declarando la zona protegida, de producción agroecológica. Esa ordenanza reconoce la existencia de las familias por eso Sucre no puede decir que las familias son usurpadoras y llegaron ayer”. 

"(Los socios de Sucre) quieren hacer loteo para vender, ya hicieron una manzana, pusieron postes de luz, agua, y avanzan hacia mí para seguir vendiendo", manifestó pro su parte Maraz.

Lo único que ofrecieron los apoderados de la empresa en los intentos de negociación son "comodatos por dos o tres años". "Yo nunca voy a firmar eso", sostuvo Maraz. La abogada expuso que si la comunidad indígena y campesina firmara un comodato estaría reconociendo que las tierras son de Sucre, y por eso no lo hará, porque no le reconoce derechos de propiedad. 

La vicepresidenta de la comunidad Mayu, Juana Mamani, expresó que el juez y el fiscal están actuando de forma desigual, sin escuchar a la comunidad y solo teniendo en cuenta las pruebas que presentan los terratenientes. 

Gutiérrez sostuvo que las pruebas que presentaron no fueron tomadas en cuenta por el juez y el fiscal intervinientes. "Son 80 hectáreas, los dueños somos nosotros, nos llaman usurpadores pero nunca entramos de forma violenta. Nosotros recuperamos la tierra, la hicimos fértil, ahora que están lindas quieren venir, no sabemos de donde sacaron los títulos (Sucre). Vamos a seguir resistiendo". 

"En la negociación estuvieron todo el tiempo apurando la Policía y el fiscal a Maraz, pero hay una comunidad y se negocia con todos, ellos proponen que nosotros firmemos un comodato, creen que nosotros vivimos en el monte y  que no sabemos nada de las tierras ni de nuestros derechos", aseveró Gutiérrez.