El potencial en el “estaría” garantizado el Aborto No Punible (ANP) como se publicó en Salta/12 no fue inocente. Pues si bien la ministra de Salud, Josefina Medrano, afirmó que se debía cumplir la ley y evitar que las niñas sean madres, el fuerte signo político religioso conservador que identifica al gobernador en funciones hacía dudar de esa posibilidad.
Ayer el mandatario salteño Gustavo Saénz anunció en la primera reunión de gabinete que de manera previa a decidir sobre la adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que actualizó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se solicitará un análisis “legal del alcance del protocolo nacional” que entró en vigencia el 13 de diciembre pasado.
El gobernador consideró conveniente, además, consultar la opinión de la Legislatura sobre la adhesión a dicho protocolo y consideraciones sobre el actual.
Ante la posibilidad de que en la sesión de este miércoles se intente ingresar el análisis, las agrupaciones de mujeres decidieron realizar una manifestación y asamblea feminista en la Legislatura a partir de las 16. El lema es “garanticen la aplicación de la interrupción legal del embarazo en Salta”. La postura contraria impulsada desde los grupos antiderechos se manifestará desde las 18.30 enfrente del Hospital Materno Infantil. Desde el recinto legislativo, en tanto, se aseguró que el único tratamiento previsto es el del presupuesto provincial.
El comunicado oficial del gobierno sostiene que en “el caso de Salta hay un protocolo vigente, luego de que Corte Suprema de Justicia exhortara a las autoridades nacionales y provinciales, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”.
El protocolo nacional entró en vigencia en mayo de 2018. Antes de esa fecha regía un protocolo restrictivo que generó polémica en torno al acceso al ANP a las víctimas de delitos sexuales sean niñas, jóvenes o adultas.
Antes de que el ex gobernador Juan Manuel Urtubey accediera a adherir al protocolo vigente en el país hubo un caso de una nena de 10 años que había sufrido un abuso sexual intrafamiliar. Luego de la llegada de grupos antiderechos a la madre, la mujer decidió que la nena continuara el embarazo. Las informaciones que se dieron en aquel momento indicaban que la chiquita iba a seguir el embarazo “bajo consentimiento” propio.
En aquel momento se llevó el protocolo a la Cámara de Diputados para convertirlo en ley. Muchos legisladores en contra del ANP dejaron el recinto. Entre ellos se encontraba el hoy presidente de la Cámara de Diputados, el tabacalero Esteban Amat.
“Quiere su propio decreto”
“Resulta llamativo el análisis legal cuando las leyes son para toda la Argentina", dijo a Salta/12 la directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVcM), Ana Pérez Declercq, quien entendió que no es posible un análisis de esta naturaleza sobre las leyes que ya existen.
Por el contrario, indicó que si la primera acción del Gobierno Nacional es disponer un protocolo para acelerar el ANP, “lo ideal sería que el gobierno provincial adhiera por decreto para dar celeridad y garantizar la salud de las personas en ese punto”. Añadió al análisis que esta herramienta también permite a los y las profesionales de la salud aplicar correctamente el protocolo.
“Sáenz quiere sacar su propio decreto 1170 como el que creó Urtubey en el 2012, que, en lugar de ser una norma local para cumplir el fallo FAL, fue un instrumento legal para negar un derecho consagrado por la ley y la Corte Suprema”, dijo por su parte la senadora provincial con mandato cumplido, Gabriela Cerrano. Recordó que el resultado de la aplicación de esta restricción “fue la tortura sobre Juana, la niña wichi que sufrió una violación en banda. Su caso reunía todos los causales para la interrupción legal del embarazo, sin embargo el ex gobernador se lo negó, hasta los 8 meses de gestación, porque cursaba un embarazo inviable”. Antes de ello otra nena de 11 años que había sido violada por su padrastro fue impedida de acceder al ANP por un juez salteño. El caso tuvo que resolverse fuera de la provincia.
Ya durante su gestión como intendente y ante el debate parlamentario de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), en 2018, Sáenz había manifestado que si fuera senador nacional “votaría en contra”. Aunque sostuvo que “escucharía para aprender” dado que le había tocado “acompañar a una niña de 14 años que tuvo mellizos en el hospital Materno Infantil”.
