La jueza porteña Patricia López Vergara recorrió el Polo Educativo Mugica, de la Villa 31, para evaluar si el alambrado instalado ante la escuela para armar un estacionamiento exclusivo para los tribunales de Comodoro Py perjudica a la comunidad educativa. El alambrado, que se despliega por sobre el cordón de la vereda frente a la escuela, delimita y rodea el estacionamiento destinado a los empleados y jueces de los tribunales de Comodoro Py , identificado por un cartel explícito: “Playa Judicial. Solo vehículos autorizados”. 

Lopez Vergara, responsable del fuero en lo contencioso administrativo y tributario Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires, se reunirá la semana próxima con el Procurador General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Gabriel Astarloa, para continuar con la investigación de la causa.

“Todas estas rejas son anti vandálicas”, dijo la jueza a este diario antes de comenzar la inspección, “lo que no sé es a quienes protegen”. López Veragara explicó que, ante el pedido de investigación del caso, consultó al Gobierno de la Ciudad “cuántas escuelas tienen este alambrado en la puerta”, pero no obtuvo respuesta. 

En septiembre, y a raíz de las quejas de docentes y padres de los chicos de la escuela, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunció la situación ante el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires. El 26 de ese mismo mes, Ramiro Dos Santos, abogado de la Defensoría N°5 de la Ciudad, solicitó por carta a la ministra María Soledad Acuña que indicara “los planes de evacuación y contingencia” y “el modo de ingreso de vehículos de emergencia” en la “situación actual en la que se encuentran las instituciones educativas con ambas calles cerradas (Letonia y Alberto Mortz)”. 

Para la inspección de esta semaan, estaban citados para dar asesoramiento técnico a la jueza el procurador Astarloa y representantes del Ministerio de Transporte -que no se presentó- y del Ministerio de Educación -en representación del cual participó Juan Alonso- porteños.

Al doblar por la calle Letonia hay, a la izquierda, cuatro pisos de edificio con sus ventanas enrejadas, y a la derecha, un alambrado romboidal que termina en tres filas de púa. Del otro lado el estacionamiento, casi lleno, permite dos filas de vehículos: una junto a los tribunales, y otra del lado de la escuela. Donde termina el nivel de la calle, aparece el cordón y la vereda, y a unos pocos metros las escalinatas para entrar a la escuela primaria y más adelante al jardín N°5, conocido como  Banderita. 

En cada extremo de los 200 metros de estacionamiento, hay un portón fabricado con caños y alambrado. “Están para cuidar al interior del predio y de todos los que lo habitan”, afirmó Alonso durante la conversación con la jueza Vergara. Sin embargo, ella se adelantó: “me parece que no tiene ningún sentido para la protección del colegio”. Antes de la aparición del alambrado, lo que había, según el representante de la Ministra de Educación y el director de la escuela primaria, eran “unas rejas perimetrales movibles, que podían retirarse en caso de ser necesario”.

El Polo Educativo Mugica se inauguró en marzo de este año. Desde entonces, se inundó en reiteradas ocasiones, se desprendió parte del techo de uno de los establecimientos, y hubo un principio de incendio en el edificio donde funciona la secundaria. Los alumnos del lugar "son chicos que vienen de un barrio donde ya sus condiciones habitacionales no son las adecuadas”, explicó Mabel López Oliva, de la Asesoría Tutelar Nº1, también citada por la jueza para la inspección. Por eso, añadió, “es necesario que el Gobierno les ofrezca condiciones seguras”. 

Según contó a este diario el director de la escuela primaria, Alejandro González, las situaciones de emergencia “pasan todos los días”. Por ejemplo, contó, una alumna "que enfrentaba una situación de abuso que tuvo una crisis nerviosa”, pero la ambulancia no pudo llegar a la puerta de la escuela para atenderla. Como era ya el horario de salida, “el único acceso libre que teníamos era la cocina, y hubo que sacarla por ahí”. Las rejas dificultan todavía más la situación del jardín de infantes.

“Lo que queremos es que, como en cualquier otro colegio, puedan acceder los micros, ambulancias, bomberos o cualquier vehículo sin dificultad”, afirmó Gabriela Vestel, abogada de la asociación civil Compromiso ciudadano, que avala el reclamo de la comunidad educativa. “Queremos qe se cumpla la normativa que el propio Gobierno de la Ciudad establece”, agregó. 

El arquitecto Juan Carlos Spadavecchia, que acompañó a la abogada para la asistencia técnica, señaló que debería haber dársenas y un mínimo de 10 metros de cada lado para que puedan asistir transportes escolares y otros vehículos. “Los accesos están bloqueados”, comentó a este diario, “cualquier hospital, cualquier escuela, tiene un acceso libre con dársenas para circular, rampas para las personas con discapacidades y una serie de normas que hay que cumplir”.

Para la inspección fue convocado también el cuerpo de bomberos así como el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes inspeccionaron el lugar y aseguraron que, en caso de presentarse una situación de urgencia o de necesidad de evacuación, “vamos a tener que recurrir a ayuda de bomberos y de la Policía”. Según Alejandro González, director de la escuela primaria, “fueron varias las veces que las ambulancias ingresaron por la vereda”. Juan Carlos Moriconi, Jefe del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, explicó que “de permanecer el alambrado, en caso de una emergencia, habría que hacer una apertura, un corte”. 

El próximo paso en el expediente es establecer si el predio es propiedad del Gobierno de la Ciudad o de los tribunales federales, explicó López Vergara. Según la jueza, “por más que se haya abierto una calle, si es territorio de la Justicia, se modifica la situación”, advirtió la jueza. 

Informe: Lorena Bermejo.